Lucia La Buonora (UTMIDES): «Nos enteramos por Twitter»

 El sindicato del MIDES se enteró por Twitter de la noticia que Pablo Bartol dejaría de ser el ministro de Desarrollo Social y que el nuevo titular de la cartera sería Marín Lema, un hombre del círculo más cercano al presidente Lacalle Pou.

La noticia se conoció unas horas antes del inicio del acto virtual del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, cuando el presidente Lacalle desde su cuenta de Twitter anunció el cambio ministerial y adelantó que el diputado Martín Lema sería quien asumiría la conducción al frente del Ministerio de Desarrollo Social.

«Nos enteramos por Twitter», explicó al Portal del PIT-CNT, Lucía La Buonora, secretaria general de UTMIDES. Desde su perspectiva, el cambio y la forma en la que se procesó, «viene a confirmar que el MIDES está sin rumbo». La dirigente recordó que desde el 2020 el sindicato alertó en distintas oportunidades que no se conocía la orientación de las políticas públicas ni las motivaciones de algunas decisiones adoptadas por las autoridades, en relación a despidos injustificados, cierres de programas sin mayores explicaciones y sin alternativas para las personas que accedían a esas políticas públicas. La Buonora aseguró que «hay un debilitamiento de las políticas públicas pero a la vez no hay diagnósticos explícitos», y que cuando se toman medidas drásticas como prescindir de técnicos o descartar programas no se explicitan motivos técnicos ni evaluaciones.

«No queda muy claro qué es lo que hay atrás de ese tipo de decisiones pero sí queda evidenciado que se viene desarrollando una política orientada al asistencialismo, sin previsión, sin un trabajo específico con las familias, con los hogares, incluso sin que se realice un trabajo con las ollas populares y las comunidades». Precisamente en relación a las ollas populares, la secretaria general de UTMIDES señaló que la última decisión del gobierno fue destinar recursos a través de una fundación «que no tiene personería jurídica ni trayectoria en políticas públicas sociales; no tiene experiencia ni trayectoria de trabajo en territorio, no son personas formadas ni reconocidas en el ámbito de las ciencias sociales, ni en el de las políticas sociales», cuestionó. En este sentido, también se preguntó cuál es la motivación de la decisión adoptada por el gobierno «cuando existe el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) cuyo objetivo y misión es precisamente entregar alimentos en distintas modalidades. El INDA hace muchos años que entrega alimentos a ollas populares y merenderos de manera habitual, tiene sus propios proveedores, tiene sus mecanismos aceitados y está en la órbita del MIDES, por tanto creemos que esta tercerización debilita mucho o quita el control técnico de las decisiones que se toman con esos recursos  y eso es algo que nos preocupa y mucho. Son unos 65 millones de pesos de recursos públicos que el Estado está entregando a alguien que nadie sabe quién es ni qué va a hacer con esa plata», fustigó.

Lema y sus antecedentes

Consultada sobre las expectativas del sindicato en relación a al nuevo ministro, la secretaria general de UTMIDES fue cauta y apuntó que aspiran a tener un diálogo fructífero. Recordó que Lema en su actividad parlamentaria estuvo detrás de los temas relacionados con el desarrollo social y en ocasiones, expresó «algunas afirmaciones desafortunadas» hacia las trabajadoras del Mides. «Ahora esperamos que trabajando con nosotras, como nuevo ministro y al ser la persona que va a dirigirla política social del gobierno, que se pueda dar cuenta de lo erradas que estaban esas declaraciones, como por ejemplo, que estamos todas acomodadas». La Buonora remarcó que algunos de esos conceptos vertidos pueden formar parte de ciertos prejuicios que hay en parte de la sociedad «pero nuestros legajos están ahí a disposición para que el ministro los pueda analizar en detalle y revertir esa imagen que tiene de nosotras». Asimismo, señaló que como sindicato confían en poder desarrollar un buen diálogo con el nuevo jerarca, «algo fundamental para que podamos fortalecer no solamente las políticas sociales sino también el marco normativo y la legislación relacionada a los derechos». Desde el sindicato, se considera importante que se cumplan las normativas vigentes, más allá de las posturas y opiniones personales del ministro o de quienes las tienen que aplicar. «Más allá de las opiniones personales del ministro -con las que podemos polemizar o no- acá hay una reglamentación que hay que cumplir, hay política pública que hay que implementar  y eso es lo que venimos a hacer las funcionarias del ministerio, más allá de nuestra opiniones más políticas».

Comunicado emitido antes del anuncio

El pasado viernes y antes del anuncio del presidente Lacalle Pou sobre el cambio de jerarcas en el ministerio de Desarrollo Social, el sindicato del MIDES emitió un comunicado en el que desplegó una serie de cuestionamientos al debilitamiento de las políticas públicas durante la gestión del ministro Pablo Bartol. En el texto, UTMIDES cuestiona la «inacción del Estado», advierte que los nuevos 100 mil pobres no pueden ser considerados un «daño colateral» y  fustigan «el manejo lamentable de la política de entrega de alimentos a las ollas populares en Montevideo y área metropolitana».

Texto completo comunicado UTMIDES

La situación sanitaria ha generado diversos cambios en la vida de los y las uruguayas. La inacción del Estado y su retiro del territorio, ha provocado un deterioro en las condiciones de vida y las posibilidades  de  alimentación adecuada y suficiente de muchísimas familias. Según estudios recientes hoy hay más de 100.000 nuevos pobres que no son un “daño colateral”, sino que se podrían haber evitado con políticas sociales oportunas y de calidad. El Estado y el Ministerio de Desarrollo Social han optado por una política social orientada al reparto de alimentos como casi única respuesta.

Entendemos que la asistencia es necesaria y que los alimentos son urgentes, pero el Estado tiene la obligación de abordar la problemática en términos de derecho a la alimentación, promoviendo la autonomía y la seguridad alimentaria de las personas en el mediano plazo. La política propuesta por este gobierno está muy alejada de pensar en estos procesos. A la inversa, se carga en los individuos la responsabilidad de su propia subsistencia, sin tener en cuenta los medios materiales y simbólicos que las personas tienen a su disposición  para  hacer  frente  a  esta coyuntura.

Queremos señalar el manejo lamentable de la política de entrega de alimentos a las ollas populares en Montevideo y área metropolitana, canalizada a través de una compra directa de 65 millones de pesos a la Fundación Uruguay Adelante. Habiendo una unidad ejecutora dentro del MIDES dedicada íntegramente a entregar alimentos -INDA-, nos preguntamos qué motiva a la Administración a tercerizar una tarea en una Fundación sin ninguna trayectoria de trabajo en políticas sociales.

Esta tercerización no permite el contralor técnico sobre la provisión de esos alimentos, ni los criterios de asignación y distribución a las ollas. En lugar de abaratar los costos estatales, este mecanismo encarece la tarea sin ningún tipo de beneficio, al menos en lo que respecta a la política pública. Parece pertinente preguntarse: ¿qué beneficios privados reportará esta decisión?

Por otro lado, el proceso de adjudicación fue de compra directa. Lamentamos profundamente que un monto tan alto de dinero sea entregado a una Fundación que aún no cuenta con personería jurídica y sin pasar por los procesos licitatorios que están previstos en el TOCAF. La Ley de Urgente Consideración permite al Estado asignar hasta 200 millones de pesos en forma directa sin necesidad de convocar una licitación abierta.

Paralelamente a esta política de corte asistencialista, observamos y denunciamos un repliegue de los programas del MIDES del territorio y un progresivo desmantelamiento de los servicios sociales. Para señalar algunos ejemplos recientes: SOCAT, ETAF, Jóvenes en Red, Tránsito Educativo, Centros Promotores de Derechos, Uruguay Trabaja o la imposibilidad de ingresar a los programas del Sistema Nacional de Cuidados, Tarjeta Uruguay Social o Asistencia a la Vejez.

Durante el último año, desde UTMIDES exigimos las condiciones necesarias como protocolos e implementos de seguridad para que los equipos técnicos puedan sostener el trabajo con las familias y las comunidades. Con el argumento de que los Programas estaban bajo revisión y la situación de pandemia, estos se debilitaron y los equipos técnicos retirados del territorio sin ningún tipo de respuesta para la población.

En un momento tan delicado para la sociedad en su conjunto, desde UTMIDES manifestamos nuestro profundo rechazo a estas formas de precarización de las políticas sociales.

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