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martes, 6 de octubre de 2020

Es necesario apoyar al sector marítimo, víctima colateral de las restricciones que impone la COVID-19

 La situación de los trabajadores del sector del transporte marítimo internacional varados en alta mar a causa de la COVID-19 exige una respuesta urgente y concreta de todos los agentes implicados, incluido el sector empresarial, desatacó este martes un grupo de organismos de las Naciones Unidas, que calificó la coyuntura como una “crisis humanitaria”.



La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de las garantías fundamentales y las empresas transnacionales subrayaron en un comunicado conjunto que estas personas desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de las cadenas de suministro mundiales y que, durante la pandemia, su labor se ha vuelto aún más vital para asegurar el flujo continuo de equipo médico, alimentos y otros bienes esenciales.

Pese a la importancia de su tarea, estas personas se han “convertido en víctima colaterales” de las medidas impuestas por los gobiernos para enfrentar la pandemia de COVID-19, como las prohibiciones de circulación, las restricciones al embarque y desembarque de los navíos o la suspensión de la emisión de permisos de viaje.

Según los datos de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) y la Organización Marítima Internacional (OMI), unos 800.000 marineros no pueden embarcar o todavía están atrapados en buques, prolongando sus contratos más allá de sus condiciones laborales iniciales y, a menudo, más allá del período máximo de once meses a bordo establecido en las normas laborales internacionales.

Pero los marineros no son los únicos afectados, ya que los trabajadores del sector pesquero o los integrantes de plataformas marítimas se encuentran en una situación laboral similar.

Hay que considerar a las tripulaciones como “trabajadores esenciales”

Según el comunicado, las medidas impuestas por los gobiernos contra la COVID-19 impactan directamente la posibilidad de ejercer cambios rutinarios y necesarios de tripulación, así como la concesión de permisos para bajar a tierra.

“Esta situación afecta gravemente los derechos humanos fundamentales de las tripulaciones y otro personal marítimo, como el derecho a la salud física y mental, el derecho a la libertad de circulación y el derecho a la vida familiar. También aumenta drásticamente los riesgos de seguridad y los peligros ambientales”, advirtieron los expertos.

El propio Secretario General de las Naciones Unidas alertó sobre la situación de este colectivo y pidió que se les considere “trabajadores esenciales”, con el objetivo de garantizar los cambios seguros de tripulación de acuerdo con los actuales protocolos a seguir durante la pandemia.

“En virtud de las normas internacionales, los Estados están obligados a proteger los derechos humanos de las tripulaciones afectadas, y los países que proveen el pabellón, el puerto y la mano de obra tienen la responsabilidad de intervenir en la actual crisis humanitaria. Sin embargo, la respuesta a la situación de inestabilidad también requerirá los esfuerzos concertados de los agentes pertinentes, como las organizaciones internacionales, los sindicatos y, lo que es más importante, el sector empresarial”, especificaron.

Según los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, todas las corporaciones comerciales deben respetar las garantías fundamentales en la totalidad de sus operaciones, incluida la circulación de mercancías a lo largo de sus cadenas de suministro.

Asimismo, indicaron que la obligación de respetar los derechos humanos de las tripulaciones no recae únicamente en el sector del transporte marítimo ya que, según los Principios Rectores, esta responsabilidad se extiende a los miles de empresas comerciales que utilizan los servicios del transporte marítimo de mercancías, que representan casi el 90% del comercio mundial.

Los tres organismos llamaron a las empresas relacionadas a cumplir con sus responsabilidades en materia de derechos humanos para abordar la actual crisis humanitaria de conformidad con los preceptos citados en los Principios Rectores de las Naciones Unidas.

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