La transparencia fiscal es esencial para el desarrollo con equidad social de Uruguay.

Uruguay avanzó en convenios de intercambio de información tributaria, en la flexibilización del secreto bancario y en la regulación del registro accionario, pasos significativos para mayor transparencia fiscal, resaltó este miércoles el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, en la apertura del seminario latinoamericano de la OCDE. “Un país pequeño como este debe estar abierto al mundo” para desarrollarse, añadió.

El Parlamento de Uruguay ratificó este mes en tiempo récord el Acuerdo Multilateral sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), resaltó Ferreri al comenzar la reunión del marco inclusivo sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS) en América Latina y el Caribe, realizada en Montevideo.

En parte de su alocución destacó que Uruguay avanzó en “una densa red de convenios de intercambio de información tributaria, de flexibilización del secreto bancario, en el registro de los accionistas de las sociedades anónimas con acciones al portador y en la eliminación de decenas de miles de sociedades que estaban inactivas y no se conocía demasiado cuál era su destino o cuál había sido su última actividad”.

Ferreri agregó que la ratificación del acuerdo de la OCDE, aunque no fue por unanimidad, contó con votos de parlamentarios de todos los partidos de Uruguay, “con lo cual pensamos que el país asimiló que las cuestiones de transparencia fiscal son muy importantes”.

La transparencia es esencial para un país pequeño como Uruguay que “necesariamente debe estar abierto al mundo, estar integrado, para poder colocar sus bienes y servicios, que no es otra cosa que el trabajo de los uruguayos, y por otro lado para ser receptor de inversiones de calidad, inversiones productivas”, todo lo cual es fundamental para el desarrollo, puntualizó.

A modo de ejemplo de la importancia de la transparencia fiscal, el subsecretario de Economía y Finanzas recordó que la tasa anual de inversión extranjera directa había sido en promedio en la segunda mitad del siglo XX de solo 1 % del producto interno bruto (PIB), mientras que se elevó a casi 6 % en la última década tras darse “todas estas acciones de transparencia fiscal”.

Explicó que apostar a un modelo de desarrollo productivo de bienes y de servicios es la forma de generar la mayor acción de equidad social.

“Concebimos el desarrollo como crecimiento con equidad y justicia social”, explicó Ferreri, quien fue acompañado en la apertura del foro por Ubaldo González, representante de la OCDE, el secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Márcio Verdi.

Esos aspectos de transparencia fiscal no son “simplemente una gimnasia administrativa, ni simplemente firmar un compromiso de adhesión que han firmado otros países; tienen que ver con un esquema de inserción internacional”, indicó Ferreri.

Recordó, además, que una vez que Uruguay salió de listas negras o grises, pasó a ser miembro pleno del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y a integrar el Centro de Desarrollo de este organismo.

También Uruguay es el país que más rápidamente cumplió con todas las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI en materia de lavado de activos en la región.  

“Por ello, tanto en el combate al lavado de activos como en materia de transparencia fiscal internacional, la línea del Gobierno uruguayo expresada en el Parlamento es absolutamente clara. Podrá haber tensiones y diferencias de enfoque pero el país está comprometido con la transparencia”, sostuvo.

El viceministro de Economía explicó que Uruguay tiene en estos momentos a discusión del Parlamento un proyecto de ley que de transparencia fiscal, el cual consta de cuatro capítulos. Incluirá “una nueva flexibilización del secreto bancario, la que nos permitirá avanzar hacia el intercambio automático de información fiscal, compromiso del país para el año 2018”.

Ese proyecto tiene también un capítulo que tiene que ver con el “desincentivo a la utilización de sociedades de baja o nula tributación, que conocemos comúnmente como paraíso fiscal” y la “obligación de definir el beneficiario final de las sociedades anónimas”.

Asimismo tiene más de una decena de artículos que establecen una tasa diferencial de impuestos para actividades que se desarrollan con sociedades provenientes de países de baja o nula tributación.

“Entendemos que era una innovación necesaria y creo que también lo es en la región”, apuntó Ferreri.

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