Publicación propone prohibir publicidad electoral en medios de comunicación privados.

El abogado y master en derecho administrativo económico Juan Pablo Pío propuso 14 puntos para mejorar la transparencia de la financiación de los partidos políticos, que incluyen la prohibición de la publicidad electoral en medios de comunicación privados, tal como ocurre en Costa Rica, México y Argentina, además del uso de herramientas digitales de transparencia financiera y bancaria para el acceso libre de los ciudadanos.

“¿Por qué nos importa el financiamiento de los partidos políticos en el día mundial contra la corrupción? Porque, por ejemplo, a nosotros nos parece anti-democratico que cualquier fuerza política pague una tarifa diferencial de minutos de televisión, a la alta o a la baja, cuando sabemos que las campañas políticas se definen en medios de prensa”, dijo Juan Pablo Pío.

Y añadió: “nos parece antidemocrático que determinados capitales o quienes puedan invertir en campañas, puedan acallar la voz de los ciudadanos, alterando esa regla de ‘una persona, un voto’”, señaló Juan Pablo Pío en la presentación del libro “Financiación de partidos políticos en Uruguay, Aportes críticos para un debate más democrático en clave jurídica”.

“En definitiva, nos podría llegar a pasar, si es que no profundizamos en este tema, que gobiernen quienes no ganan elecciones”, concluyó.

Pío, autor del libro presentado en la ocasión, explicó que las campañas políticas son cada vez más costosas en Uruguay y que el subsidio público no es suficiente, con lo cual los partidos deben acudir al financiamiento privado para solventar las campañas.

Recordó que desde la recuperación democrática de 1985 hasta el año 2009 se presentaron diez iniciativas legislativas en la materia, de las cuales nueve naufragaron y el décimo se transformó en la Ley 18.485 que, a su entender, fue producto del consenso de los proyectos anteriores.

Pío propone rendición pública de gastos de campaña con una fecha límite precisa, obligar al sistema bancario a informar la condonación de deudas públicas o privadas a los partidos políticos, incorporar los sistemas de Inclusión Financiera promovidos por el Ministerio de Economía y Finanzas para respaldar la transparencia en los ingresos de los partidos políticos.

También propuso limitar las donaciones de los candidatos hacia sus partidos, eliminar las donaciones anónimas, prohibir la donación a los partidos de todos los adjudicatarios de obras en empresas públicas, transparentar las donaciones a las fundaciones de los partidos políticos,

A esto suma la extensión a todos los candidatos del régimen obligatorio que tienen los jerarcas públicos ante la Junta de Transparencia, revisar la figura del pase en comisión creada en 1985, cumplir con la recomendación de la GAFI para que los partidos políticos integren la lista de obligados a declarar sus ingresos y finalmente, prohibir la publicidad electoral en medios de comunicación privados tal como ocurre en Costa Rica, México y en Argentina.

Para el autor, en Uruguay el financiamiento de los partidos políticos tiene tres características: un sistema con niveles de transparencia media, un débil sistema de contralor y partidos políticos que no cooperan todo lo que podrían hacerlo. La publicación critica tanto la judicialización de la política como la transparencia como un fin en sí mismo y sin voluntad política.

El presidente de la Junta de Ética y Transparencia Pública, José Pedro Montero, organizador del evento, recordó que el libro aborda un tema que preocupó a todos los países de la región desde la apertura democrática, y que es la transparencia de la financiación de los partidos políticos. Montero reconoció que la corrupción es intrínseca al ser humano pero no por ello hay que dejar de prevenirla y combatirla.

Por su parte la coordinadora residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay, Denise Cook, señaló que, según un estudio del Banco Mundial, cada año se paga 1.000 millones de dólares en sobornos y, según un informa de la Cámara de Comercio Internacional y Transparencia Internacional, cada año son robados 2.6 billones de dólares anuales por corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto bruto mundial.

Recordó que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas se sugiere la necesidad de reducir sustancialmente la corrupción, el soborno y las corrientes financieras y de armas, fortalecer la devolución de bienes y armas robadas y luchar contra toda forma de delincuencia organizada.

Una vez presentado el libro, se realizó una mesa redonda en la cual participó el ministro de la Corte Electoral Washington Salvo, los senadores Pedro Bordaberry, Álvaro Delgado, Mónica Xavier y José Mujica, y los diputados Julio González e Iván Posada, moderada por el politólogo Daniel Chasquetti. El cierre del foro estuvo a cargo del vicepresidente de la Junta de Ética y Transparencia Pública, Luis Yarzábal.