ASSE no tiene funcionarios sin registrar y reforzó exigencias de contratación de empresas

Las empresas contratadas por ASSE no tienen personal sin registrar y se han reforzado los controles al respecto para evitar cualquier irregularidad, aseguró su titular, Susana Muñiz. Destacó la transparencia que implica haber comparecido seis veces ante el Parlamento y añadió que cuando se dieron este tipo de problemas, en una etapa anterior, la oposición tenía representación en la dirección del organismo. 

Muñiz, presidenta del directorio de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), señaló en rueda informal de prensa que la institución no tiene personal “en negro”, como han señalado versiones periodísticas, sino que hubo empresas tercerizadas que prestaban determinados servicios que sí lo tenían, pero fue en el pasado.

“Una vez detectada esa situación se tomaron las medidas con esas empresas, que ya no trabajan para el Estado”, aseguró.

“Hoy mantenemos una serie de firmas privadas contratadas en esa condición porque son necesarias para varias labores que se desarrollan como conserjería, limpieza y vigilancia, pero se mantuvieron los recaudos” para evitar cualquier irregularidad, informó.

En ese contexto, explicó que se trabajó con el Tribunal de Cuentas y se descentralizó la auditoría delegada, se actuó con un reglamento del proceso administrativo de ASSE que está pendiente de aprobación en el directorio.

También se trabajó en una serie de indicadores con los funcionarios y se responsabilizó a los gerentes financieros de una serie de controles que deben tener sobre los servicios tercerizados, indicó.

“Hay cosas para seguir ajustando, pero permanentemente se implementan acciones tendientes a mejorar esto”, sostuvo.  

Auditorías

“Una vez que se sucedieron los hechos de público conocimiento, ASSE inició un proceso de auditorías, hubo que ampliar muchas de ellas e implementar medidas correctivas”, detalló Muñiz.

“De esto dimos cuenta seis veces en el Parlamento; se le entregó toda la información a los legisladores”, añadió Muñiz, quien recordó que las irregularidades en la administración ocurrieron cuando había un miembro de la oposición política en el directorio de ASSE. “Ningún partido está vacunado” de irregularidades o corrupción, sentenció.

Muñiz precisó que, en su momento se llevaron los documentos al Parlamento y se dieron las explicaciones.

“Se dio cuenta de dispositivos que se están implementando para solucionar estas situaciones. Nos parece injusto que se diga que se ocultó información, cuando realmente concurrimos seis veces al Parlamento con toda la información sobre la mesa. Me parece que es una señal de transparencia”, afirmó.  

La titular de ASSE aseguró que la auditoría externa tuvo algunas debilidades. “Nos arrojó muchos más datos la interna y de gestión de la propia ASSE, para poder implementar correcciones, que la auditoría externa. De todas formas se señaló la necesidad de que estuviera y se hizo”, agregó.

Agregó que la auditoría externa no logró las adhesiones de los directores de las unidades ejecutoras, “seguramente porque no se presentó como tal sino como una fiscalización, lo cual no es así”.

Las auditorías tienen que ver con implementar mejoras y sugerencias a los directores de las unidades ejecutoras. “Esto no ofreció garantías a los directores de unidades ejecutoras”, abundó.

Por otro lado, Muñiz dijo que hay aspectos que detecta la auditoría interna y que no los detecta la externa, lo que considera “llamativo”.

De todas formas, recordó que no hay una única herramienta sino que todas fueron tomadas en cuenta.

“Lo que el directorio de ASSE encomendó a la auditoría interna y de gestión es el seguimiento de todas las empresas y de todas las unidades ejecutoras. Es una tarea larga, compleja, que lleva mucho personal, pero se hace”, apuntó.  

Asimismo, dijo que se creó la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública. “Recibimos una cantidad de informes que nos complejizan las acciones. Tenemos muchos funcionarios destinados a esto. El último pedido de informes nos insumió mucho tiempo contestarlo porque eran siete expedientes diferentes en un solo pedido de informes”.

“La Ley de Acceso a la Información Pública nos agrega una complejidad. Tenemos 900 puestos de atención en todo el país, lo que hace difícil recabar la información de todos ellos. Se generó una oficina que registrará todos los datos y centralizará la información”, argumentó.