En Latinoamérica algunos gobiernos aún manejan modelos perimidos de abordaje de la temática de las drogas

El Secretario General de la JND expuso en el Seminario Internacional “Drogas: de la prohibición a la regulación” desarrollado en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Este encuentro representó un espacio para el debate de las actuales políticas nacionales e internacionales de drogas y políticas de seguridad en relación al narcotráfico con foco en la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS 2016)

El evento fue organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante los días 20 y 21 de julio y contó con la participación de expertos internacionales en la temática.

Romani participó del panel denominado: “Abordajes alternativos y nuevos enfoques en relación a las políticas de drogas” y en su exposición subrayó la importancia, en materia de políticas de drogas, de “descentrar” el problema. Agregó que “soy un convencido de que es necesario una profunda reforma de los modelos y de las leyes de drogas, por lo tanto si estoy en la gestión de esta problemática me tengo que ocupar de humanizar las políticas de drogas”. Asimismo añadió que se debe ser consciente que eso no resolverá todos los problemas humanos que posee la sociedad. 

Fue categórico al señalar que “quien piense que en Uruguay, por regular el mercado del cannabis se va a terminar con la violencia, los homicidios y la pobreza o que no vamos a tener problemas de salud, incluso por parte de aquellos consumidores de marihuana, está muy equivocado”, dijo.

En ese sentido expresó que no es real que “un efecto sea explicado por una causa, no sólo es multicausal sino que quizá no tenga una lógica formal tal y como se la conoce y sí una lógica paradojal que cuestiona el principio de contradicción” e indicó que las cosas pueden ser “blancas, no tan blancas o negras, no tan negras” y que “en drogas los ejemplos sobran”.

Romani explicó que una vez finalizado el terrorismo de Estado, las Fuerzas Armadas tenían nuevos cometidos, entre ellos, la lucha contra las drogas. Esta problemática se arrastra desde los años 1990, momentos en que “el neoliberalismo y las utilidades comparativas del Uruguay sumado a que las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) lavaban activos, se dio un escenario propicio para la proliferación de las drogas. Indicó que la dimensión geopolítica también tuvo una incidencia capital en esta temática.

En relación al alcance y significado de su idea de reforma en el encare del tema, el Secretario General de la JND, afirmó que algunos gobiernos latinoamericanos de izquierda no han entendido la necesidad de una reforma de las políticas de drogas y siguen modelos perimidos de “guerra contra las drogas”.

En otro capítulo, Romani afirmó que “la Ley 19.172 de regulación del mercado cannabis ideológicamente no pertenece al concepto de liberalismo económico y político ni responde a la lógica del libertad de Estado”. 

Explicó el objeto y la integración del recientemente creado Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). Y agregó que en base a los preceptos constitucionales, el artículo 10 de esta normativa sostiene que las acciones privadas de las personas que no tienen implicancias para terceros, no son de incumbencia de los gobiernos. 

Asimismo, el artículo 7 preserva el derecho a la seguridad individual y la intención, mediante un mercado regulado, de que los usuarios adquieran la sustancia mediante tres vías de acceso. Estas son: el autocultivo o cultivadores domésticos, que deben registrarse ante el IRCCA; los clubes de membresía o cooperativas de producción, que también deben registrarse en el Instituto y poseer personería jurídica y la tercera vía, que es la dispensación a través de la red de farmacias, como usuarios previamente registrados con confidencialidad de su identidad.

Romani dijo que el Estado tiene un campo reservado y otorgará licencias a las empresas que se postulen para la producción y distribución. En este punto, explicó que se presentaron 22 empresas de las que 11 quedaron precalificadas y que el proceso se encuentra en las etapas finales. Agregó que han sido “muy estrictos en el tipo de documentación que deben presentar las empresas interesadas en producir y distribuir cannabis”. 

Explicitó que “entre la documentación requerida se hace especial énfasis en la que prueba los orígenes de los fondos y a los beneficiarios últimos”. 

También dijo que “hemos ido con paso lento a propósito, para no equivocarnos en nada porque es una experiencia única y nos miran de todos lados. Queremos contar con todas las garantías, las nuestras, las de los otros y asegurar que el sistema le dé garantías a los usuarios”, dijo.

En relación a las semillas, indicó que son “charrúas”, que poseen una trazabilidad asegurada.

Por último, Romani señaló que se cuenta “con lo más importante” que es un Comité Asesor de “primerísimo nivel” que actúa con una red de 119 científicos internacionales.

En cuanto a cifras, dijo que ya hay 2.600 cultivadores domésticos registrados y 15 clubes de membresía en trámite de registro. Eso da como resultado unos “3.300 uruguayos que ya no integran el mercado ilícito de drogas”, destacó.

Romani afirmó que de esta forma se cumple con preservar el derecho a la seguridad de los usuarios no problemáticos que antes acudían al mercado negro.

Por otra parte, señaló que “existe un enorme interés de varios inversores que quieren desarrollar investigación y fabricación del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, es decir que Uruguay empieza a asomarse como un país que además de preservar derechos, genera un mecanismo recaudatorio”.