Procesamientos por lavado de activos se multiplicaron por siete entre 2005-2013

De 2005 a 2013 los procesamientos se multiplicaron por siete. La Secretaría Nacional Antilavado de Activos reforzará en el quinquenio los controles de las actividades no financieras, que alcanzan actualmente a unos 20.000 sujetos obligados. Para alcanzar la meta, el director de la Secretaría, Carlos Díaz, sostuvo que se analizan posibilidades como el fortalecimiento del organismo o la creación de una nueva unidad.

Uruguay fue sometido en 2009 a su última evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que revisa y eventualmente sanciona a los países en lo referente al lavado de activos. El informe sostiene que nuestro país está considerado, junto con Perú, como los países de mayor cumplimiento en las medidas para combatir el lavado de activos por parte de GAFI.

Díaz subrayó que a partir de 2012 hubo un cambio sustancial en materia de exigencias en esta materia, poniendo la lupa especialmente en los recursos que cada país afecta o destina para el cumplimiento de las metas propuestas.

En ese marco, se concretó un acuerdo de cooperación con el BID para que expertos identifiquen las vulnerabilidades del sistema. En ese contexto, el jerarca remarcó que su secretaría observará detenidamente algunos sectores que merecen un mayor control, en especial, las actividades no financieras.

“Tenemos que preocuparnos por los controles y análisis de riesgo efectivos en el sector inmobiliario, en las zonas francas, en casinos, en la comercialización de joyas”, detalló a vía de ejemplo.

Ese control se realiza verificando que cada uno de los sujetos obligados estén efectuando la debida diligencia que la ley prescribe. Cómo se va a diseñar y qué organismo se encargará es precisamente lo que la Secretaría Antilavado de Activos está analizando.

Actualmente para evitar este delito existe un sistema que comprende a distintos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, dividido en dos grandes áreas: el sector financiero, controlado por la Unidad de Información y Análisis del BCU; y el sector no financiero, controlado por la Auditoría Interna de la Nación.

“Estamos evaluando si debería buscarse otra solución para reforzar los controles. Tenemos una serie de alternativas por parte del equipo de asesores que vamos a elevar y veremos cuál de ellas será la que es aprobada desde Presidencia”, puntualizó Díaz.

Según los datos en su poder, los procesamientos de la Justicia por lavado de activos pasaron de 10 casos en 2005 a 69 en 2013. Díaz advirtió al respecto que este delito es muy difícil de probar.

Secretaría Antilavado controla actividades financieras de más de 20.000 sujetos obligados

La secretaría coordina el trabajo de organismos que trabajan en el tema, en una tarea multidisciplinaria “de bajo perfil” pero muy activa. “Yo diría que estamos involucrados en este trabajo alrededor de 200 personas; lo que ocurre es que salvo el personal de la Secretaría Antilavado y los expertos de la OEA, en los otros casos, la dedicación no es completa, pero necesitamos igualmente contar con el conocimiento de ese personal como el de la Dirección General Impositiva o el Banco Central del Uruguay, porque las tipologías de fraude varían permanentemente”.

En ese sentido, y para dar idea cabal de la magnitud del trabajo futuro, advirtió que el control de las actividades no financieras comprende actualmente a unos 20.000 sujetos obligados. “Eso, por ahora, una vez que se introduzcan nuevos delitos precedentes como el delito fiscal, vamos a tener una cantidad notoriamente superior. Dentro de nuestra proyección estimamos que para el año 2018 o 2019 estaríamos en alrededor de 25.000 sujetos obligados”.

Uruguay está en la mejor posición de su historia frente a la próxima evaluación de GAFI en 2019

En 2019 Uruguay será evaluado en materia de políticas antilavado. En ese contexto, aseguró que Uruguay está en la mejor posición ya que, por ejemplo, cuenta con el apoyo solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo sobre acciones estatales contra este delito.

La evaluación será realizada por expertos internacionales del GAFI en un largo proceso que determinará el grado de cumplimiento del país respecto a las nuevas recomendaciones del organismo internacional.

Precisamente, entre las cuarenta recomendaciones, se incluyen los mecanismos de investigación de lavado de activos (investigando paralelamente el delito precedente) hasta las estadísticas y el análisis de riesgo.

“Parece fácil, pero que cada organismo desnude sus carencias, sus vulnerabilidades, resulta difícil de lograr. Y el problema es que en función del análisis de riesgo, se orientan los recursos. Este es un cambio sustancial y es un eje fundamental en la evaluación”, consignó.

Carlos Díaz rememoró que la estrategia de esa dependencia de Presidencia de la República fueron establecidas en 2005 y que se han respetado desde entonces, tanto a nivel internacional como respecto a las evaluaciones, profundizando algunos aspectos. En su despacho de Torre Ejecutiva, el funcionario remarcó que esa estrategia se resume en un solo concepto: defender la soberanía del país.

Esto, a su juicio, implica dos aspectos: luchar contra el crimen organizado y evitar que Uruguay sea incluido en una lista “negra” de organismos internacionales que “castigan” a los países que no cumplen con las recomendaciones en esta materia.