Fiscales y policías se comprometieron a aplicar proceso penal acusatorio en 2017

El Ministerio del Interior y la Fiscalía de Corte firmaron un memorándum de entendimiento para la aplicación del Código de Procedimiento Penal Acusatorio, que deberá entrar en vigencia el 1.º de febrero de 2017. El memorándum incluye la elaboración de protocolos de actuación de policías y fiscales. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, aseveró que el organismo que dirige estará en condiciones de aplicar el código “sin excusas”.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, subrayó que los organismos estatales solo pueden cumplir con sus cometidos de forma adecuada si se desempeñan coordinadamente. “Nos proponemos que policías y fiscales constituyan un equipo de trabajo fuerte y eficiente”, estableció durante su oratoria en el acto de firma del memorándum.

Tanto Bonomi como el fiscal Jorge Díaz subrayaron que las áreas de trabajo de capacitación y sensibilización incluyeron actividades en la Escuela Nacional de Policía y en el interior del país. Las actividades se desarrollaron en conjunto con oficiales de Policía y fiscales.

Entre las debilidades institucionales identificadas y trabajadas en las capacitaciones, el fiscal Díaz mencionó la investigación, la preparación y elaboración de los casos, las técnicas de litigación oral y el diseño institucional. Estas áreas fueron priorizadas para organizar las etapas de capacitación y actividades conjuntas.

"La prevención, la conjuración, la investigación criminal y la persecución penal tienen que estar alineadas, estructuradas y relacionadas", dijo Díaz durante el acto de suscripción del memorándum. También afirmó que esa alineación no será posible mientras la dirección de las investigaciones sea definida por los jueces. El nuevo Código de Procedimiento Penal Acusatorio reforma el sistema y las investigaciones pasan a manos del fiscal del caso.

“Es necesario distribuir las cargas de trabajo y realizar investigaciones de contexto y de largo plazo que nos permitan atacar a las organizaciones criminales donde más les duela; si nosotros seguimos reprimiendo caso a caso cada delito, estamos atacando al agente delictual más fungible, que es rápidamente sustituido por otro; y no atacamos a las organizaciones criminales donde más les duele, que son los mercados ilícitos que están detrás de la comisión de los delitos”, aseveró el fiscal de Corte, Jorge Díaz, respaldado por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Uruguay es el uno de los dos últimos países de América Latina que mantiene un esquema institucional donde el Ministerio Público está dentro del Poder Ejecutivo. La reforma uruguaya haría coincidir la reforma del esquema institucional con la modificación del procedimiento penal del declaratorio al acusatorio, oral y público. Jorge Díaz recordó que una pronta aprobación del proyecto de ley permitiría una elaboración organizada del presupuesto.

 “Todo esto lo hicimos sin recursos”, enfatizó Díaz, en alusión a los recursos económicos necesarios para modificar el paradigma del proceso penal uruguayo, que data del siglo XIX. “Mucho más importante que los recursos es la actitud y la decisión política de las instituciones”, concluyó. “La actitud de la institución que dirijo es que sí va a estar preparada para la reforma sin excusas ni pretextos”, dijo Jorge Díaz.

Mencionó los programas de capacitación con los programas Justicia e Inclusión de la Unión Europea, con departamentos especializados en asuntos jurídicos de la Organización de Naciones Unidas, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con la Fiscalía General de Colombia, con la Fundación Conrad Adenauer y con la Universidad Católica.