Acorralado ante la creciente fuga de capitales, el gobierno argentino aspira a aumentar su poder de recaudación y una forma eficiente para lograrlo es comenzar a cobrar los impuestos de sus habitantes que tienen inversiones fuera de fronteras. Es así que una de las primeras miradas está puestas sobre Uruguay, un país cercano y considerado como un sitio seguro por los empresarios de allá.
El reclamo lleva sus años, pero ahora Argentina logró un fuerte espaldarazo ya que obtuvo nada menos que el apoyo político del G20. Con eso suma una enorme presión para que Uruguay ceda y deba otorgar información fiscal a su vecino.
El kirchnerismo, liderado por Cristina Fernández, obtuvo un enorme respaldo popular en las últimas elecciones y ahora se apresta a intentar profundizar su modelo. Para lograrlo, sabe que necesita hacerse de fondos frescos y todo sirve. La fuga de capitales es un dolor de cabeza sin pausa para la presidenta y no es para menos: las proyecciones para este año indican que la huida de los fondos de argentinos hacia otros destinos ascenderá a unos US$ 25.000 millones, de acuerdo a datos oficiales proyectados por M&S consultores. Mientras tanto, los ingresos por los agronegocios previstos rozan los US$ 32.000 millones, tras un período favorable en los precios internacionales de las materias primas.
De acuerdo a las previsiones, la a brecha entre ambos indicadores será de US$ 7.000 millones a favor del gobierno. De todos modos, la diferencia será un 41% menor a la registrada en 2010 y ese hecho encendió luces de alarma del otro lado del Río de la Plata. La base central de la preocupación es frenar como sea la fuga de capitales y recaudar gravando a quienes sacan dinero del país, no solo hacia los bancos sino también en inversiones inmobiliarias, agropecuarias y otros instrumentos financieros como los fideicomisos. Cada vez que tiene oportunidad, Argentina plantea la necesidad de atacar a los paraísos fiscales y uno de esos casos fue en la cumbre del G20 realizada en Francia.
Al término de ese encuentro, Uruguay fue incluido dentro de esa categoría por el presidente de ese país, Nicolás Sarkozy, como representante del bloque, según un comunicado del Ejecutivo galo, algo que rechaza el gobierno uruguayo (ver página 5). El gobierno argentino sabe que desde hace diez años a esta parte, el flujo de inversiones hacia Uruguay ha sido constante y creciente, pero no tiene forma de medirlo ante la falta de un acuerdo de intercambio de información fiscal.
La regulación argentina prevé que la renta que generen todos los emprendimientos empresariales de sus ciudadanos deberá pagar impuestos en su país de origen, sea en la parte del mundo que sea. El gobierno kirchnerista quiere saber sobre los negocios de sus ciudadanos en Uruguay y sumar una nueva fuente de recaudación para llevar adelante sus planes.
El martes pasado, el titular del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, habló en Buenos Aires sobre este asunto. Sostuvo ante los inversores que si todos los argentinos con depósitos en Uruguay retiraran su dinero al mismo tiempo, al sistema bancario local “no se le movería un pelo”. Son unos US$ 3.000 millones.
Sin embargo, las colocaciones de argentinos en Uruguay trascienden los depósitos bancarios. Gianni Gutiérrez, integrante del departamento tributario de Ferrere, explicó a El Observador que la inversión inmobiliaria y agropecuaria de argentinos es “muy importante” y que ha tenido un “gran papel” en el desarrollo de esos sectores. De todos modos, resulta imposible estimar de cuánto dinero se trata.
Además de esas modalidades clásicas, un instrumento algo más nuevo como los fideicomisos agropecuarios e inmobiliarios se presentan como otras de las opciones que tienen los argentinos para invertir fuera de fronteras sin que el Estado pueda cobrarles impuestos.
Doble tributación
Si Uruguay decide entregar los datos fiscales a Argentina tiene dos caminos a seguir: firmar un acuerdo meramente de intercambio de información como hizo con Francia o lograr un convenio para evitar la doble tributación como el que existe con México y España, según analizó Juan Manuel Albacete, experto en el área del estudio Guyer & Regules.
El gobierno uruguayo busca ir por la segunda opción, informó el vicepresidente Danilo Astori. Las autoridades procuran amortiguar de todas maneras las intenciones argentinas, de forma que no se afecte el clima para captar inversiones extranjeras. El punto central está en ver si la presidenta Fernández comparte esta postura o si se generará una nueva disputa. Uruguay aspira a evitar que los argentinos con inversión en el país deban pagar impuestos dos veces. Con un convenio que lo habilite, el inversor podría descontar en Argentina lo que ya haya abonado en el país donde tiene el emprendimiento.
De la mano de ese beneficio, el interés del Poder Ejecutivo uruguayo es evitar que haya una fuga de capitales o al menos lograr que sea menor. El economista Gustavo Licandro, perteneciente al Partido Nacional, dijo ayer a El Observador que con ese acuerdo en vigencia la persona “tiene que pagar el neto de los impuestos que se pagan en Uruguay menos los del país de origen”.
El experto tiene una visión muy crítica sobre los efectos que podría tener acordar normas para el intercambio de información como las que reclama Argentina.
“Si accedemos a los planteos de Argentina y eso provoca una fuga de capitales, el nivel de empobrecimiento de la sociedad va a ser espectacular”, dijo. Los “más interesados” en frenar este proceso deberían ser los sindicatos, opinó. A juicio de Licandro, no hay que negociar “nada” con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El economista marcó el escenario “absurdo” que se está dando, donde Uruguay está a punto de lograr el grado inversor pero es marcado por estos países.
Retroactividad
El otro asunto polémico a resolver es si el intercambio de datos será o no retroactivo. Los expertos en derecho tributario consideran que Uruguay debería evitar que tenga efectos hacia el pasado dado que eso afectaría el clima de negocios. Lo mismo piensa el gobierno y en el diálogo rehuirá a la posibilidad de hacerlo retroactivo.
La construcción es uno de los rubros al que los inversores argentinos han apostado con fuerza
El reclamo lleva sus años, pero ahora Argentina logró un fuerte espaldarazo ya que obtuvo nada menos que el apoyo político del G20. Con eso suma una enorme presión para que Uruguay ceda y deba otorgar información fiscal a su vecino.
El kirchnerismo, liderado por Cristina Fernández, obtuvo un enorme respaldo popular en las últimas elecciones y ahora se apresta a intentar profundizar su modelo. Para lograrlo, sabe que necesita hacerse de fondos frescos y todo sirve. La fuga de capitales es un dolor de cabeza sin pausa para la presidenta y no es para menos: las proyecciones para este año indican que la huida de los fondos de argentinos hacia otros destinos ascenderá a unos US$ 25.000 millones, de acuerdo a datos oficiales proyectados por M&S consultores. Mientras tanto, los ingresos por los agronegocios previstos rozan los US$ 32.000 millones, tras un período favorable en los precios internacionales de las materias primas.
De acuerdo a las previsiones, la a brecha entre ambos indicadores será de US$ 7.000 millones a favor del gobierno. De todos modos, la diferencia será un 41% menor a la registrada en 2010 y ese hecho encendió luces de alarma del otro lado del Río de la Plata. La base central de la preocupación es frenar como sea la fuga de capitales y recaudar gravando a quienes sacan dinero del país, no solo hacia los bancos sino también en inversiones inmobiliarias, agropecuarias y otros instrumentos financieros como los fideicomisos. Cada vez que tiene oportunidad, Argentina plantea la necesidad de atacar a los paraísos fiscales y uno de esos casos fue en la cumbre del G20 realizada en Francia.
Al término de ese encuentro, Uruguay fue incluido dentro de esa categoría por el presidente de ese país, Nicolás Sarkozy, como representante del bloque, según un comunicado del Ejecutivo galo, algo que rechaza el gobierno uruguayo (ver página 5). El gobierno argentino sabe que desde hace diez años a esta parte, el flujo de inversiones hacia Uruguay ha sido constante y creciente, pero no tiene forma de medirlo ante la falta de un acuerdo de intercambio de información fiscal.
La regulación argentina prevé que la renta que generen todos los emprendimientos empresariales de sus ciudadanos deberá pagar impuestos en su país de origen, sea en la parte del mundo que sea. El gobierno kirchnerista quiere saber sobre los negocios de sus ciudadanos en Uruguay y sumar una nueva fuente de recaudación para llevar adelante sus planes.
El martes pasado, el titular del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, habló en Buenos Aires sobre este asunto. Sostuvo ante los inversores que si todos los argentinos con depósitos en Uruguay retiraran su dinero al mismo tiempo, al sistema bancario local “no se le movería un pelo”. Son unos US$ 3.000 millones.
Sin embargo, las colocaciones de argentinos en Uruguay trascienden los depósitos bancarios. Gianni Gutiérrez, integrante del departamento tributario de Ferrere, explicó a El Observador que la inversión inmobiliaria y agropecuaria de argentinos es “muy importante” y que ha tenido un “gran papel” en el desarrollo de esos sectores. De todos modos, resulta imposible estimar de cuánto dinero se trata.
Además de esas modalidades clásicas, un instrumento algo más nuevo como los fideicomisos agropecuarios e inmobiliarios se presentan como otras de las opciones que tienen los argentinos para invertir fuera de fronteras sin que el Estado pueda cobrarles impuestos.
Doble tributación
Si Uruguay decide entregar los datos fiscales a Argentina tiene dos caminos a seguir: firmar un acuerdo meramente de intercambio de información como hizo con Francia o lograr un convenio para evitar la doble tributación como el que existe con México y España, según analizó Juan Manuel Albacete, experto en el área del estudio Guyer & Regules.
El gobierno uruguayo busca ir por la segunda opción, informó el vicepresidente Danilo Astori. Las autoridades procuran amortiguar de todas maneras las intenciones argentinas, de forma que no se afecte el clima para captar inversiones extranjeras. El punto central está en ver si la presidenta Fernández comparte esta postura o si se generará una nueva disputa. Uruguay aspira a evitar que los argentinos con inversión en el país deban pagar impuestos dos veces. Con un convenio que lo habilite, el inversor podría descontar en Argentina lo que ya haya abonado en el país donde tiene el emprendimiento.
De la mano de ese beneficio, el interés del Poder Ejecutivo uruguayo es evitar que haya una fuga de capitales o al menos lograr que sea menor. El economista Gustavo Licandro, perteneciente al Partido Nacional, dijo ayer a El Observador que con ese acuerdo en vigencia la persona “tiene que pagar el neto de los impuestos que se pagan en Uruguay menos los del país de origen”.
El experto tiene una visión muy crítica sobre los efectos que podría tener acordar normas para el intercambio de información como las que reclama Argentina.
“Si accedemos a los planteos de Argentina y eso provoca una fuga de capitales, el nivel de empobrecimiento de la sociedad va a ser espectacular”, dijo. Los “más interesados” en frenar este proceso deberían ser los sindicatos, opinó. A juicio de Licandro, no hay que negociar “nada” con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El economista marcó el escenario “absurdo” que se está dando, donde Uruguay está a punto de lograr el grado inversor pero es marcado por estos países.
Retroactividad
El otro asunto polémico a resolver es si el intercambio de datos será o no retroactivo. Los expertos en derecho tributario consideran que Uruguay debería evitar que tenga efectos hacia el pasado dado que eso afectaría el clima de negocios. Lo mismo piensa el gobierno y en el diálogo rehuirá a la posibilidad de hacerlo retroactivo.
La construcción es uno de los rubros al que los inversores argentinos han apostado con fuerza