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La definición política del Frente Amplio sobre una de las iniciativas que se impulsarán para atender la situación de la minoridad infractora será esta semana, cuando la bancada oficialista defina la fórmula por la cual se mantendrán los antecedentes de los infractores.
Las leyes que por un acuerdo político multipartidario debe aprobar el Parlamento antes del 31 de mayo son tres: la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), tipificando como punible la tentativa de hurto y el cambio del plazo de que disponen los magistrados para dictar sentencia en el caso de los menores infractores, y un tercer proyecto de ley que también modifica el Código de la Niñez en su artículo 22 y refiere al mantenimiento de los antecedentes de los infractores para los delitos calificados por el Código como gravísimos, que son: homicidio, secuestro, copamiento, rapiña y violación. Para que el Frente Amplio tome su resolución se espera escuchar las conclusiones de un informe que realizarán mañana martes juristas ante la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes.
EL JUEZ. Una posibilidad bien concreta es que el juez de la causa defina una pena por el delito cometido y otra adicional que obligue a conservar los antecedentes de los menores por un determinado período de tiempo.
Más allá de que el INAU envió al Parlamento una iniciativa articulada por la que se crea el instituto para la rehabilitación de los menores que infringen la ley, el texto sufrirá algunas ligeras modificaciones. Según explicó a El País el diputado frenteamplista José Bayardi, el instituto de rehabilitación estará bajo la égida de una comisión delegada de tres integrantes hasta que adquiera el carácter de servicio descentralizado que funcionará por fuera de la órbita del INAU.
En este sentido, un aspecto que no puede estar incluido en la ley, pero que los partidos de la oposición pretenden que sea parte del compromiso, es que las personas que el INAU designará para el período de transición tengan el aval de los partidos de la oposición.
Hoy, lunes 25, está previsto que comiencen las conversaciones informales entre los partidos para coordinar los aspectos señalados de redacción de los proyectos, independientemente del trabajo formal de la comisión de Constitución que en esta semana estará abocada a escuchar a expertos sobre el proyecto de anulación de la ley de Caducidad.
Las leyes que por un acuerdo político multipartidario debe aprobar el Parlamento antes del 31 de mayo son tres: la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), tipificando como punible la tentativa de hurto y el cambio del plazo de que disponen los magistrados para dictar sentencia en el caso de los menores infractores, y un tercer proyecto de ley que también modifica el Código de la Niñez en su artículo 22 y refiere al mantenimiento de los antecedentes de los infractores para los delitos calificados por el Código como gravísimos, que son: homicidio, secuestro, copamiento, rapiña y violación. Para que el Frente Amplio tome su resolución se espera escuchar las conclusiones de un informe que realizarán mañana martes juristas ante la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes.
EL JUEZ. Una posibilidad bien concreta es que el juez de la causa defina una pena por el delito cometido y otra adicional que obligue a conservar los antecedentes de los menores por un determinado período de tiempo.
Más allá de que el INAU envió al Parlamento una iniciativa articulada por la que se crea el instituto para la rehabilitación de los menores que infringen la ley, el texto sufrirá algunas ligeras modificaciones. Según explicó a El País el diputado frenteamplista José Bayardi, el instituto de rehabilitación estará bajo la égida de una comisión delegada de tres integrantes hasta que adquiera el carácter de servicio descentralizado que funcionará por fuera de la órbita del INAU.
En este sentido, un aspecto que no puede estar incluido en la ley, pero que los partidos de la oposición pretenden que sea parte del compromiso, es que las personas que el INAU designará para el período de transición tengan el aval de los partidos de la oposición.
Hoy, lunes 25, está previsto que comiencen las conversaciones informales entre los partidos para coordinar los aspectos señalados de redacción de los proyectos, independientemente del trabajo formal de la comisión de Constitución que en esta semana estará abocada a escuchar a expertos sobre el proyecto de anulación de la ley de Caducidad.
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