El ex presidente de la República Tabaré Vázquez deberá comparecer ante la Justicia en el marco de la indagatoria penal por la clausura del expediente judicial por la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo. Gonzalo Fernández y su esposa, Cecilia Salom, serán los últimos en prestar testimonio.
El fiscal Especializado en Crimen Organizado Ricardo Perciballe solicitará en los próximos días la comparecencia del ex presidente de la República Tabaré Vázquez para declarar en la causa por la cual se indagan posibles ilícitos en la actuación de Gonzalo Fernández en el proceso de derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230.
El representante del Ministerio Público recibió, en las últimas horas, "en vista" el expediente judicial por la denuncia contra Fernández, ante lo cual se apresta a emitir su dictamen solicitando la citación de una veintena de testigos, entre ex miembros del Poder Ejecutivo y legisladores, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
En este sentido, el fiscal Perciballe solicitará la comparecencia de Vázquez y la totalidad de los miembros del Poder Ejecutivo que en 2008 firmaron el decreto de promulgación de la Ley Nº 18.411, por la cual se dispuso la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230. La Fiscalía solicitará, por tanto, al juez Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Jorge Díaz, la comparecencia de Vázquez y los ex ministros Daisy Tourné, Alvaro García, José Bayardi, María Simon, Víctor Rossi, María Julia Muñoz, Daniel Martínez, Eduardo Bonomi, Ernesto Agazzi, Héctor Lescano, Jack Couriel y Marina Arismendi.
Asimismo, el fiscal Perciballe pretende interrogar a los legisladores (diputados y senadores) partícipes de la discusión por la derogación del citado artículo, entre ellos Margarita Percovich, Reinaldo Gargano, Francisco Gallinal, Sergio Abreu e Isaac Alfie. Por último, la Justicia recibirá el testimonio de Gonzalo Fernández (entonces ministro de Relaciones Exteriores) y su esposa, la abogada Cecilia Salom. "La totalidad de las personas citadas, salvo el ex secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, comparecerán como 'testigos', por cuanto su actuación en los hechos no está siendo investigada en la causa. Algunos deberán declarar ante la Sede y otros podrán hacerlo por oficio, en virtud de sus prerrogativas como legisladores o integrantes del actual Poder Ejecutivo", dijeron las fuentes. La clausura del expediente judicial contra los hermanos Peirano Basso por la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo, tras la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230, implicó la radicación de una denuncia penal por parte del abogado Gustavo Salle, ante la eventualidad de estarse frente a un delito de "conjunción del interés público y privado", por parte del ex secretario de la Presidencia.
Fernández habría asumido con su esposa la representación del ex gerente del Banco Montevideo, Juan Domingo Ratti, y en su actuación como integrante del Poder Ejecutivo firmó el decreto disponiendo la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230. La Justicia procura determinar el grado de participación del ex secretario de la Presidencia en las actuaciones administrativas, legislativas y judiciales para determinar si incurrió en acciones ilícitas para favorecer a su cliente, imputado por la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo, expresaron las fuentes.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 3º Turno dispuso la clausura de la indagatoria penal por la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo, tras la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230, delito por el cual habían sido procesados los hermano Peirano.
El caso se encuentra actualmente a estudio de la Suprema Corte de Justicia, ante el recurso de casación interpuesto por la fiscal Raquel González. La representante del Ministerio Público cuestionó la clausura del caso, por cuanto sobre los hermanos Peirano pesa un pedido de condena por un delito de "insolvencia societaria fraudulenta". El expediente se encuentra actualmente a estudio del tercer ministro, por lo cual el fallo del máximo órgano del Poder Judicial podría conocerse a mediados de marzo.
El fiscal Especializado en Crimen Organizado Ricardo Perciballe solicitará en los próximos días la comparecencia del ex presidente de la República Tabaré Vázquez para declarar en la causa por la cual se indagan posibles ilícitos en la actuación de Gonzalo Fernández en el proceso de derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230.
El representante del Ministerio Público recibió, en las últimas horas, "en vista" el expediente judicial por la denuncia contra Fernández, ante lo cual se apresta a emitir su dictamen solicitando la citación de una veintena de testigos, entre ex miembros del Poder Ejecutivo y legisladores, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
En este sentido, el fiscal Perciballe solicitará la comparecencia de Vázquez y la totalidad de los miembros del Poder Ejecutivo que en 2008 firmaron el decreto de promulgación de la Ley Nº 18.411, por la cual se dispuso la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230. La Fiscalía solicitará, por tanto, al juez Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Jorge Díaz, la comparecencia de Vázquez y los ex ministros Daisy Tourné, Alvaro García, José Bayardi, María Simon, Víctor Rossi, María Julia Muñoz, Daniel Martínez, Eduardo Bonomi, Ernesto Agazzi, Héctor Lescano, Jack Couriel y Marina Arismendi.
Asimismo, el fiscal Perciballe pretende interrogar a los legisladores (diputados y senadores) partícipes de la discusión por la derogación del citado artículo, entre ellos Margarita Percovich, Reinaldo Gargano, Francisco Gallinal, Sergio Abreu e Isaac Alfie. Por último, la Justicia recibirá el testimonio de Gonzalo Fernández (entonces ministro de Relaciones Exteriores) y su esposa, la abogada Cecilia Salom. "La totalidad de las personas citadas, salvo el ex secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, comparecerán como 'testigos', por cuanto su actuación en los hechos no está siendo investigada en la causa. Algunos deberán declarar ante la Sede y otros podrán hacerlo por oficio, en virtud de sus prerrogativas como legisladores o integrantes del actual Poder Ejecutivo", dijeron las fuentes. La clausura del expediente judicial contra los hermanos Peirano Basso por la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo, tras la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230, implicó la radicación de una denuncia penal por parte del abogado Gustavo Salle, ante la eventualidad de estarse frente a un delito de "conjunción del interés público y privado", por parte del ex secretario de la Presidencia.
Fernández habría asumido con su esposa la representación del ex gerente del Banco Montevideo, Juan Domingo Ratti, y en su actuación como integrante del Poder Ejecutivo firmó el decreto disponiendo la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230. La Justicia procura determinar el grado de participación del ex secretario de la Presidencia en las actuaciones administrativas, legislativas y judiciales para determinar si incurrió en acciones ilícitas para favorecer a su cliente, imputado por la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo, expresaron las fuentes.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 3º Turno dispuso la clausura de la indagatoria penal por la quiebra fraudulenta del Banco Montevideo, tras la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230, delito por el cual habían sido procesados los hermano Peirano.
El caso se encuentra actualmente a estudio de la Suprema Corte de Justicia, ante el recurso de casación interpuesto por la fiscal Raquel González. La representante del Ministerio Público cuestionó la clausura del caso, por cuanto sobre los hermanos Peirano pesa un pedido de condena por un delito de "insolvencia societaria fraudulenta". El expediente se encuentra actualmente a estudio del tercer ministro, por lo cual el fallo del máximo órgano del Poder Judicial podría conocerse a mediados de marzo.