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OIT apoya la integración socioeconómica de migrantes y refugiados de Venezuela con un enfoque de trabajo decente

La movilidad de personas venezolanas es el mayor desplazamiento humano de la historia de América Latina y el Caribe y el segundo mayor del mundo. En una mesa redonda en Bruselas, la OIT presentó los principales avances y desafíos que enfrentan los países de acogida en el proceso de integración socioeconómica de los venezolanos.


La OIT participó, junto con la OIM, en una mesa redonda  para compartir el trabajo realizado por la integración socioeconómica de los migrantes y refugiados de Venezuela, organizada en esta ciudad por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para la Respuesta a Venezuela (R4V).

La mesa redonda se celebró en el marco de la Conferencia de Solidaridad con Venezuela , convocada en Bruselas los días 16 y 17 de marzo. Esta Conferencia está coorganizada por Canadá y la Unión Europea, en colaboración con ACNUR, la OIM y la R4V, de la que forma parte la OIT, tanto a nivel regional como de los países anfitriones.

La mesa redonda reunió a los miembros de la Plataforma con el fin de destacar los avances logrados y sensibilizar sobre los persistentes desafíos y riesgos que enfrentan los refugiados y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida en América Latina y el Caribe.

Desde 2015, más de 7 millones de personas han abandonado sus hogares en Venezuela debido al empeoramiento de la situación social, económica, política y de derechos humanos. El 84% de ellos vive en otro país de la región.

La OIT promueve  la integración socioeconómica de los refugiados y migrantes de Venezuela, y brinda asistencia técnica a los Ministerios de Trabajo y a las organizaciones de empleadores y trabajadores de los países de acogida, para avanzar en respuestas sostenibles que permitan aprovechar el capital humano y social de los migrantes para contribuir a la productividad de los países.

Una herramienta clave para ello es la implementación de la Estrategia Regional para la integración socioeconómica de migrantes y refugiados , diseñada con el apoyo de la OIT y el PNUD, y adoptada en 2021 por R4V y el Proceso de Quito.

Los desafíos persistentes tienen que ver con la desaceleración del crecimiento económico en la región, que se refleja en una lenta recuperación del empleo tras la crisis asociada al COVID-19, la informalidad y los bajos niveles de inversión y gasto social.

Esto se refleja, por ejemplo, en el hecho de que en promedio, "seis de cada diez empleos están en el sector informal, pero en el caso de los migrantes y refugiados, esta cifra es mucho mayor: el 90 por ciento de ellos trabaja en la economía informal", dijo María Olave, Coordinadora de Proyectos de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.

Muchos refugiados y migrantes carecen de la documentación necesaria para acceder a servicios críticos como la salud, la educación, la protección social y la promoción del empleo, lo que limita la generación de ingresos y su capacidad para mantenerse, ejerciendo una mayor presión sobre los servicios de asistencia social.

Las principales barreras a la integración socioeconómica de los refugiados y migrantes procedentes de Venezuela son la imposibilidad de reconocer sus aprendizajes previos y convalidar sus títulos profesionales, una limitada capacidad de respuesta de los servicios públicos, y un creciente sentimiento de xenofobia en las comunidades de acogida que genera tensiones sociales.

En la mesa redonda se subrayó la importancia de garantizar el acceso a oportunidades de trabajo decente, el reconocimiento de las cualificaciones y el acceso a servicios de formación profesional e inclusión financiera, aspectos clave para su integración socioeconómica y bienestar psicosocial.

La OIT promueve la participación igualitaria de los refugiados y migrantes de Venezuela en el mercado laboral y apoya la creación de empresas dirigidas por migrantes y refugiados que tengan las habilidades, capacidades y motivaciones para ser emprendedores, tanto en zonas urbanas como rurales. También apoya a los gobiernos nacionales y locales en el reconocimiento de cualificaciones y competencias.

"Proporcionamos asistencia técnica en el marco de procesos de integración como el Proceso de Quito. Basándonos en las buenas prácticas de los países receptores, podemos generar respuestas adaptadas a las necesidades de los diferentes grupos de población, incluidas las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas, y a los diferentes contextos locales de los 17 países de la región", concluyó María Olave.

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