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sábado, 27 de febrero de 2021

Fiscalía de Delitos Sexuales de 4º turno imputó a tres personas por su vinculación con red de trata de mujeres con fines de explotación sexual en España

 La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 4º turno, a cargo de la fiscal Sylvia Lovesio, imputó el miércoles 24 de febrero a dos hombres y una mujer por un delito de trata de personas, en calidad de autores.


El 22 de diciembre de 2020, fiscalía recibe comunicación por parte de la Brigada Central contra Trata de Seres Humanos de Madrid, España, poniendo en conocimiento una situación de posible trata de personas con fines de explotación sexual, de carácter transnacional entre España y Uruguay.

Según la investigación que se lleva a cabo por la Brigada de España, desde hace varios años, esta organización se dedica a captar mujeres mediante engaño, en situación de vulnerabilidad en Uruguay (por ejemplo mujeres jóvenes, madres solteras con graves problemas económicos), para luego explotarlas sexualmente en los polígonos industriales de Madrid, Municipio Alcalá de Henares y la finca la peruana, cambiando las condiciones inicialmente propuesta, imponiendo condiciones gravosas, desproporcionadas y humillantes para el ejercicio de la prostitución y exigiendo el pago de una deuda injusta. Asimismo se les cobraba multas, no se les permitía salir del lugar que ejercían la prostitución, tenían condiciones de ejercicio deplorables (“hambre, frío, violencia, etc”) control mediante medios técnicos (cámaras de videovigilancia) y presencia física de miembros de la organización criminal.

La organización criminal estaba liderada por M.S.M., indagada principal en España, de nacionalidad uruguaya quien trabajaba con los colaboradores de la organización C.D.P., A.I.P. y P.D.P. las que se encuentran radicadas en Madrid, España. De la investigación se concluye que los colaboradores de la organización en Uruguay son Y.S.P.S., P.D.R.L. y N.N.F.M. Los cuales se dedicaban en el proceso de trata, entre otras cosas a la captación de víctimas y facilitamiento de medios de viajes (pasaportes y pasajes aéreos y transporte al aeropuerto) para que las mismas puedan llegar a España y ser explotadas sexualmente.

La Policía Española considera que esta organización es muy activa y que además de la explotación sexual también habría indicios de tráfico de sustancias estupefacientes. Al momento se tiene identificadas 30 víctimas, todas de nacionalidad uruguaya, que habrían sido captadas por la organización criminal desde el año 2017 a la fecha, existiendo indicios de un número superior de víctimas.

De las declaraciones de las victimas, testigos protegidos surge que Y.P.S., hermana de C.D., (mano derecha de M.S.) es la persona que en nuestro país las capta, les facilita el dinero para el viático y colabora en las labores necesarias para que reciban los billetes de avión y documentación necesaria para el viaje. La misma función cumplía P.R.L., ex pareja de Y.P., quien además les llevaba a las víctimas la documentación, pasaporte y dinero que les tramitaba Y. y las trasladaba hasta el aeropuerto de Carrasco el día que viajaban con destino a España.

En lo que respecta a N.N.F.M., quien es agente de viajes de Montevideo, era el encargado de organizar los viajes de las víctimas de la organización. Además es señalado por las testigos protegidas que le enviaban giros de dinero desde España (por Western Union), pocos días de su llegada al país Europeo y de comenzar a ser explotadas sexualmente. Sumando un total aproximado de 44.300 EUROS, entre 2018 y 2020.

Luego del reclutamiento, captación y transporte y una vez en España, se les obliga a las víctimas a pagar una deuda desproporcionada, así como un importe diario en concepto de alojamiento y manutención además del 50 % de cada servicio sexual. Hasta que no saldan la totalidad de la deuda, las víctimas de la organización, no tienen acceso a ningún dinero generado por su explotación sexual.

Las víctimas son controladas durante todo el ejercicio de la prostitución, como imponiendoseles horarios, servicios y precios y valiéndose de amenazas, tanto sobre sus personas, como sus familias en Uruguay, para asegurarse el cobro de la deuda y el máximo beneficio a través de la explotación sexual a la que se ven obligadas.

Las víctimas ejercían la prostitución en las paradas designadas por la organización quienes se encontraban permanentemente controladas por los mismos, a los que las víctimas identifican como “los cuidas”, ocupándose en la casa del curro también llamada “la peruana”, en “la ganera” y el descampado (cerca de la parada). Su horario de trabajo era de 11 a 20, una vez que los cuida las trasladaban donde vivían y se ocupaban no podían salir del lugar.

En caso de salir las mismas tenían que mandar ubicación por el celular, decir dónde y con quien estaban y tener a un cuidador cerca. La organización controlaba cuándo, con quién, durante qué tiempo se ocupaban las víctimas y fijaban los precios que debían cobrar.

En la peruana se vendía y consumía estupefacientes, precisamente cocaína ofertando la misma como “fiesta blanca” en los anuncios donde se publicitaba a las víctimas.

En cuanto al período de tiempo que las víctimas permanecían siendo explotadas el máximo era de 3 meses para evitar su arraigo en el país y para rotarlas a efectos de generar vínculos en el país, extremo que era controlado minuciosamente por los integrantes de la organización en España.

El 23 de febrero de 2021 en el marco de un procedimiento espejo y simultaneo coordinado con la Fiscalía y autoridades policiales de España, en el cual se había solicitado en nuestro país el allanamiento en las fincas de los indagados, los funcionarios policiales que arribaron al lugar procedieron realizar una inspección ocular, donde se incautó en la finca de Y.P. celulares varios, 2 computadoras, boletas de giro Abitab, hoja de cuadernola con apuntes, papeles varios, giros varios; a P.R. se le incautó un celular y a N.F. se le incautó U$ 56000, 1050 euros, pesos argentinos, reloj Rolex, notebook, celular, documentos y objetos varios, planilla con sumas de dinero donde aparecen nombres de presuntas víctimas, recibos de redes de cobranza, 4 pasaportes que no pertenecen a F.

El mismo día del allanamiento y detención de los indagados a la hora 10 y 30 de España se procedió a allanar y a detener a los participes de la organización que residen en España ya mencionados.

La situación de vulnerabilidad de las víctimas llega al extremo que las mismas, mayoría mujeres jóvenes, madres solteras dejando sus familiares, incluso sus hijos menores de edad y enfermos en busca de recursos para poder subsistir y ayudar a sus familias las mismas se trasladaban a otro país a ejercer la prostitución. En un país donde era migrantes, se encontraban solas, pasaban hambre, frio, amenazadas, explotadas sexualmente, privadas de libertad y de mantener vínculos, y cuyo reclutamiento fue a través de abuso de superioridad, con posición dominante, violencia, endeudamiento, engaño y toda forma de coacción violatoria de sus derechos humanos fundamentales, para someterlas a realizar dichas actividades a través del denominado consentimiento viciado, desde antes de su llegada a España.

Ante todo este calvario al que estaban siendo sometidas las víctimas solo tenían dos opciones pagar 2000 euros a la jefa de la organización para obtener la libertad (como decían las propias víctimas) o poder huir por sus propios medios, lo que era sumamente difícil debido a los controles que se encontraban sometidas y por el hecho de ser migrantes. 

La fiscal Lovesio solicitó como medida cautelar la prisión preventiva de los tres imputados por el plazo de 150 días, tiempo en que se continuará con la investigación a los efectos de presentar la acusación correspondiente.

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