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domingo, 14 de junio de 2020

Después de 16 años de crecimiento, el año pasado la economía se estancó

La actividad económica de Uruguay, medida a través del PIB, acumuló 16 años ininterrumpidos de expansión en el período 2003-2018 y un estancamiento en 2019.


En el período analizado se observa que el dinamismo económico fue sustancialmente menor desde 2014 y que, en general, los sectores que impulsaron la expansión económica son aquellos que realizan un uso menos intensivo de la mano de obra.

Los puestos de trabajo en la economía totalizaron alrededor de 1,78 millones en 2019, unos 67.000 puestos menos respecto al máximo de ocupación registrado en 2014, según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INE. El total de ocupados (dado que hay personas que tienen más de un trabajo) presentó una evolución similar y alcanzó 1,63 millones de personas ocupadas en 2019. 

La tendencia decreciente del empleo tiene su correlato en el aumento de la tasa de desempleo. Ésta alcanzó el mayor registro en doce años en 2019 y afectó al 8,9% de la población económicamente activa en promedio, lo que equivale a un total de 158 mil personas desocupadas. Cabe señalar que el aumento de la tasa de desempleo se ha visto amortiguado por la caída en la tasa de actividad (menos personas se han volcado al mercado laboral en busca de un empleo).

En momentos de deterioro del mercado laboral no sólo aumenta la desocupación, sino también lo que se conoce como población “desalentada” (aquellos que dejan de buscar activamente un empleo desmotivados por no encontrarlo y que pasan a ser inactivos) y subempleada (aquellos ocupados que declaran trabajar menos horas de las que desearían y disponen de tiempo para hacerlo). Según el INE, el subempleo afectó a 9,6% de los ocupados en 2019, constatándose un aumento de este fenómeno desde 2014 y afectando a unas 154 mil personas ocupadas. A éstas se agregan algo menos de 19 mil personas desalentadas, fenómeno que también refleja una trayectoria creciente desde 2014.

Si se considera a desocupados, subempleados y desalentados en conjunto, se contabilizaron unas 332.000 personas con problemas de empleo en 2019 (Gráfica 2), lo que representó un 18,5% de la población activa (incluyendo dentro de ésta a los desalentados), frente al 13% observado en 2014. 


Por su parte, la tasa de empleo (que constituye una aproximación de la demanda laboral por parte de las
empresas) registró una tendencia decreciente desde 2014. Por grandes áreas geográficas, se observó una mayor afectación en el interior del país, y en particular en las localidades pequeñas y rurales: mientras en las localidades de más de 5.000 habitantes dicha tasa se ubicó en 55,2% de la población en edad de trabajar, reduciéndose en 3,7 puntos respecto a cinco años atrás, en las localidades de menos de 5.000 habitantes y zonas rurales dispersas el descenso fue de 5,6 puntos respecto a 2014. En tanto, en Montevideo la caída de la tasa de ocupación fue de 3,2 puntos porcentuales en el mismo lapso de tiempo.

Por sectores de actividad,se constató una disminución generalizada en los puestos de trabajo, con excepción de algunos servicios y en transporte y almacenamiento. Entre 2014 y 2019 se constató una mayor afectación en los puestos de trabajo industriales no vinculados al agro, construcción y el sector agropecuario (fase primaria).

En particular, los puestos de trabajo del sector agropecuario registraron un descenso aún mayor que el promedio de la economía (-13% entre 2014 y 2019, esto es, una caída de algo más de 20.000 puestos), lo que determinó que el total se ubicara en algo más de 140.000 en estas actividades en 2019. Los puestos en la agroindustria registraron una baja de 4% entre 2014-2018 (una evolución alineada al promedio de la economía) y totalizaron alrededor de 80.000 puestos en 2019.


Los puestos de trabajo de la fase primaria agropecuaria se estimaron en unos 140.000 en 2019, esto es, alrededor de 20.000 menos respecto a 2014, cuando se registró el máximo de ocupación en la economía.

Cabe señalar que la caída del empleo en el sector agropecuario comenzó a registrarse con anterioridad a lo observado para la economía en su conjunto. Concretamente, el descenso se observó desde el año 2011, cuando se alcanzó el máximo de la serie disponible, con unos 190.000 puestos de trabajo.

Datos adicionales, como los cotizantes rurales en BPS (patrones y asalariados), también dan cuenta de esta evolución. Éstos comenzaron a registrar una trayectoria sostenida a la baja en 2011, desde niveles máximos registrados entre 2008 y 2011. Así, entre 2011 y 2018 (último dato disponible), la reducción acumulada fue de 17% y se constató tanto en los cotizantes dependientes como en los patrones.


Los puestos de trabajo de la actividad ganadera totalizaron unos 82 mil en 2019, lo que representó el 58% del total del sector agropecuario y se redujo 13% respecto a 2014. En particular, la ganadería vacuna ocupó algo menos de 62 mil puestos en 2019, cifra que incluye los puestos de trabajo generados en la lechería. La codificación de la ECH no permite –a priori– desagregar las actividades cría de ganado vacuno para carne y leche. Sin embargo, si se complementa esta información con datos adicionales, como el Censo General Agropecuario 2011 y encuestas lecheras, se observa que todas las fuentes mencionadas cuantifican alrededor de 14.500 empleos en la actividad lechera en 2014, de los cuales aproximadamente la mitad son trabajadores asalariados. Si bien no se cuenta con datos desagregados actualizados, el desempeño registrado por la actividad lechera a partir de 2015 permitiría concluir que el total de puestos de trabajo habría evolucionado a la baja (asalariados, productores y empleo familiar). En este sentido, la cantidad de productores lecheros se ubicó en algo menos de 3.700 en 2018 según datos de DIEA-MGAP, un 9% menos que en 2014 y significativamente por debajo del número registrado diez años atrás.

El total de puestos en la agricultura (excluyendo horti-fruticultura) también se retrajo de manera significativa durante 2014-2019. Concretamente, en 2019 los empleos se ubicaron en torno a 13.500 (de los cuales algo menos de 3.000 corresponderían a la actividad arrocera), un 13% por debajo del registro de 2014. También se contrajo, y de manera más acentuada, la ocupación en los servicios agrícolas en predio, que en 2019 alcanzó poco más de 5 mil puestos, cuando cinco años atrás duplicaba dicho guarismo. Esta retracción del empleo agrícola coincide con una menor área sembrada, la cual reflejó un mayor dinamismo hasta el año 2014, para luego presentar oscilaciones que se transmitieron a los puestos de trabajo vinculados, sobre todo a los zafrales, que en esta actividad representan alrededor de 10% de los ocupados.

En el caso del arroz, y según la Encuesta de DIEA, en la zafra 18/19 se contrataron alrededor de 2.500 trabajadores de manera directa, lo que implica una gradual y sostenida disminución de personal año tras año. A modo de ejemplo, hace poco más de 10 años atrás el total de trabajadores contratados directamente alcanzaba los 3.600, lo que implica una retracción de 31% respecto a 2019. Si bien el área sembrada de arroz también se contrajo, lo hizo a menor ritmo que el personal contratado, por lo que las hectáreas por trabajador contratado pasaron de unas 50 a cerca de 60. A lo anterior se suma la reducción en el número de productores: actualmente se contabilizan unos 357, cuando diez años atrás había alrededor de 500. En la encuesta agrícola de 2019, DIEA incorporó un módulo sobre mano de obra y servicios contratados. Para dicho año, los trabajadores ocupados directamente se estimaron en 7.300 (se incluyen tanto trabajadores permanentes como zafrales y los productores y/o familiares que trabajan), cifras que se encuentran alineadas con las estimaciones que surgen de las ECHs.

El carácter intensivo en el uso de la mano de obra ubica a la horti-fruticultura en el segundo lugar en cuanto a participación en el total de ocupados del sector agropecuario, detrás de la ganadería vacuna. El empleo en el sector hortifrutícola ha sido de los menos dinámicos dentro del sector agropecuario en una mirada de mediano-largo plazo, a la vez que se caracteriza por presentar un fuerte componente de zafralidad en la contratación (aproximadamente 35% de los ocupados del rubro son zafrales). De este modo, las oscilaciones de la ocupación están vinculadas al desempeño productivo de las distintas zafras. Por ejemplo, en 2016 se observó el mínimo histórico de producción en varios rubros frutícolas y también se registraron problemas productivos en varios rubros hortícolas, lo que se reflejó en una retracción significativa de la ocupación, que pasó de casi 30.000 puestos a algo más de 23.500. En 2019 los puestos de trabajo sumaron poco más de 25.000 y registraron una caída de 8% respecto a 2014.

El sector forestal ha sido de los más dinámicos, tanto en actividad como en creación de empleos, en una mirada de mediano plazo. Sin embargo, los niveles de ocupación en los últimos 5 años parecerían haberse estabilizado en torno a los 12.000 puestos de trabajo.

La ocupación en las industrias asociadas a la actividad agropecuaria sumó casi 80.000 puestos de trabajo en 2019 y reflejó un leve descenso respecto a 2018 y una caída alineada al promedio nacional respecto a 2014. Dentro de las agroindustrias se observa una heterogeneidad importante. Así, las de base agrícola registraron en 2019 cierta estabilidad en sus puestos de trabajo respecto a 2014, lo que se explicó fundamentalmente por un leve aumento de la ocupación en elaboración de productos de panadería, mientras se observó una caída importante del empleo de la industria molinera. La industria de base forestal mostró una contracción fuerte de los puestos de trabajo entre 2014 y 2019 (los que se redujeron en más de 2.000), seguramente explicada por la reducción de la ocupación en la industria de papel (debido al cierre de Fanapel) y en los aserraderos (-15%). En tanto, la agroindustria de base ganadera tuvo un comportamiento heterogéneo, con crecimiento del empleo en la industria frigorífica (que sumó unos 18.500 puestos) y caídas importantes en las curtiembres y la industria láctea.


La dinámica de la pandemia del COVID-19 generó a nivel mundial una combinación de shocks externos e internos de oferta y demanda, que los principales organismos internacionales estiman será la causa de la mayor crisis económica y social del mundo y de América Latina en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, los niveles de pobreza y la distribución de ingresos.

Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la actividad económica de la región se reduciría 5,3% en 2020. En la medida que la dinámica de la pandemia se prolongue y las medidas de distanciamiento físico sigan siendo necesarias, cabe esperar que la contracción sea mayor a la proyectada. Esta fuerte caída de la actividad económica ya registra efectos negativos muy significativos en el mercado de trabajo. Para 2020, la CEPAL proyecta un aumento de la tasa de desocupación en la región de al menos 3,4 puntos porcentuales, hasta alcanzar un 11,5%, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados. De profundizarse la contracción económica, la tasa de desocupación será mayor.

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y las medidas de confinamiento están provocando una pérdida de 10,3% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a 31 millones de empleos a tiempo completo (suponiendo una jornada de 40 horas semanales). Junto al aumento de la desocupación, se espera además un marcado deterioro de la calidad del empleo.

En el caso de Uruguay, como ya se mencionó, el mercado laboral ya venía registrando cierto deterioro desde el año 2014, el cual se profundizó en 2019 con el estancamiento de la actividad económica y la escasa generación de nuevos empleos. El deterioro del mercado laboral uruguayo se reflejó además en los beneficiarios de subsidios de desempleo, que totalizaron 44.598 y aumentaron casi 19% en promedio en 2019 respecto al año anterior. 


Entre los sectores productivos con mayor participación en el total de beneficiarios en 2019, se encuentran las Industrias Manufactureras, Comercio al por mayor y menor, Construcción, y las actividades agropecuarias, los cuales registraron incrementos interanuales de 36%, 11%, 9% y 30%, respectivamente.


En particular, en lo que refiere a las actividades agropecuarias, en 2019 el incremento de los beneficiarios se registró mayoritariamente en la citricultura, donde casi un 21% de los subsidios otorgados en el conjunto de las actividades agropecuarias correspondieron a dicha actividad. Particularmente, esto se encuentra vinculado a difícil situación financiera que atravesó una de las principales empresas citrícolas del país. Luego, le siguieron en orden de participación: cría de ganado (14,2%), servicios de provisión de maquinaria agrícola (12%), cultivo de cereales a excepción del arroz (11,4%) y explotaciones agropecuarias mixtas (6,9%).

Uruguay no se mantuvo ajeno a la incidencia de la pandemia del COVID-19 a comienzos de 2020, donde la emergencia sanitaria declarada en el país en el mes de marzo tuvo un fuerte impacto en la actividad, ya que determinó una interrupción prácticamente generalizada a nivel de todos los sectores productivos debido a las medidas de distanciamiento social sugeridas por las autoridades.

De este modo, los beneficiarios de subsidios por desempleo aumentaron en marzo a 117.944 desde un promedio mensual que se ubicó en torno a 45.600 en el año móvil cerrado a febrero de 2020. Esto implica que, solo en el mes de marzo de 2020, se registraron 82.785 nuevas altas, esto es, algo más de 72.000 altas por encima de las 10.700 que se contabilizaron mensualmente en promedio en el último año. Entre las causales esgrimidas en marzo de 2020 para el registro de altas, un 86% correspondieron a suspensión, en tanto que el 14% restante se dividió en partes similares entre despido y reducción.

La distribución de las altas de marzo por grandes sectores de actividad se presenta en el Cuadro 5. Como se puede apreciar, la participación de las actividades agropecuarias en el total de altas registradas en marzo de 2020 fue de 2%. El bajo impacto del sector agropecuario en el conjunto de los subsidios por desempleo tiene su lógica si se considera que estas actividades presentan una menor intensidad en el uso del recurso humano en comparación con otras y que son realizadas en general en el medio rural y a cielo abierto, lo que permite un mayor cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico por parte de quienes las realizan.


Si se analiza la estructura del total de beneficiarios del subsidio por desempleo a marzo de 2020 por lugar de nacimiento, se observa que la participación de los extranjeros aumentó y se ubicó en 3,4%. A su vez, los beneficiarios extranjeros registraron un mayor incremento respecto a los ciudadanos naturales o legales respecto al mismo mes de 2019. La mayor parte de los beneficiarios extranjeros provienen de Venezuela (946), Argentina (736), Cuba (567), Brasil (354) y Perú (197). En tanto, si se analiza la composición de los beneficiarios a marzo de 2020 por género, es de destacar un crecimiento del grupo femenino: mientras en marzo de 2019 las beneficiarias representaban un 36,2% del total, en marzo de 2020 dicha proporción alcanza el 45,8%. En lo que refiere a tramos de edad, un 29,3% de los beneficiarios registrados a marzo de 2020 se ubican en la franja etaria de 20 a 29 años. Estas consideraciones dan cuenta de la vulnerabilidad de una parte importante de los puestos de trabajo del país, los cuales muy probablemente se asocian, por las características de sus ocupados, a tareas de baja sofisticación, con una menor remuneración asociada.

Por último, según información preliminar proporcionada por BPS, en el mes de abril de 2020 se registraron 67.411 nuevas solicitudes de subsidio de desempleo, donde la mitad de las mismas correspondieron a Comercio, Industrias Manufactureras, y Transporte y almacenamiento (21%, 19% y 10%, respectivamente).

En tanto, las actividades agropecuarias representaron un 3% del total. En tanto, en el mes de mayo (según la información disponible al día 25 de dicho mes) las solicitudes totalizaron 26.350 y casi la mitad correspondieron a Industrias Manufactureras (30%) y Comercio (16,4%). Las actividades agropecuarias representaron un 4,4% del total. Vale aclarar que estas cifras de solicitudes no son definitivas, ya que no necesariamente implican el otorgamiento de la prestación.

Las mayores tensiones en el mercado laboral se han traducido en un aumento más moderado de los salarios reales en la economía en los últimos años y una reducción en 2018 y 2019 de los ingresos reales de los hogares. Esto a su vez ha tenido impactos en el consumo privado.

Los ingresos reales de los hogares verificaron caídas interanuales de 1,7% tanto en 2018 como 2019, con una afectación generalizada por localidades. En 2018 la mayor afectación se constató en las localidades pequeñas y zonas rurales (-2,5% de caída real), siendo algo más amortiguada la reducción en Montevideo y el resto del interior del país (-1,4% y -1,7%, respectivamente). En 2019 se volvió a constatar una baja generalizada, pero con mayor afectación en Montevideo (-2,3%) y en las localidades pequeñas y zonas rurales (-2,2%), en tanto que en las localidades del interior de más de 5.000 habitantes la reducción fue algo menor (-0,6%). Por fuentes de ingresos, se destacó la reducción real de los ingresos de los cuentapropistas y patrones en 2019, mientras los ingresos salariales y pasividades se mantuvieron estables o crecieron a ritmos significativamente menores a años anteriores. 


El análisis del ingreso de los hogares se complementó con el de los ingresos por ocupaciones (se considera la actividad principal), para lo cual se computó el ingreso líquido por hora percibido. A continuación se presenta la evolución de los ingresos líquidos de las principales categorías de ocupación (asalariados, patrones y cuentapropistas) para el sector agropecuario y el resto de los sectores de la economía. Las dos últimas categorías de ocupación son las que engloban a los productores, cuenten o no con personal asalariado a cargo, respectivamente.

El ingreso medio líquido por trabajo de los ocupados en el sector agropecuario (asalariados, trabajadores por cuenta propia, patrones) por concepto de actividad principal promedió 32 mil pesos por mes en 2019 (159 pesos la hora), con un crecimiento real (por encima de la inflación) de 4,3% promedio por año entre 2006 y 2019, lo que se encuentra alineado con lo observado para el promedio de la economía (4,6%).

Al desagregar por categorías de ocupación se constatan diferencias sustanciales en los niveles y evolución de los ingresos de los asalariados, cuentapropistas (categoría asimilable a los productores familiares) y patrones.

Del análisis de las distintas encuestas se concluye que los productores familiares obtienen un ingreso menor al que perciben los asalariados. A su vez, los ingresos de los asalariados del sector agropecuario registran crecimientos reales mayores respecto a otras categorías de ocupación y a otros sectores de actividad en el período 2006-2019, aunque los primeros parten de niveles más bajos en términos relativos. Esta evolución de los salarios estuvo determinada en parte por la instalación, a partir del año 2005, de los ámbitos de negociación colectiva tripartita para el sector rural


Informe preparado por María Noel Ackermann y Ángela Cortelezzi, Técnicas de OPYPA-MGAP/Mayo 2020

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