Realizaron el Segundo Congreso Uruguayo de Derecho Ambiental

Con el objetivo de contar con una legislación moderna y completa que contribuya a la protección del ambiente desde la perspectiva del desarrollo sostenible, el 14 y 15 de mayo se realizó el Segundo Congreso Uruguayo de Derecho Ambiental, organizado por Mvotma junto con el Centro de Derecho Ambiental (Udelar), el Colegio de Abogados y otras instituciones.

La actividad se desarrolló en el marco del trabajo de mejora y fortalecimiento de la legislación ambiental del Uruguay, en la que trabaja el Mvotma. El alcance de la normativa nacional sobre temas ambientales es clave para una gestión eficiente, por lo cual son necesarias estas instancias de intercambio para fortalecer las herramientas disponibles para actuar ante delitos ambientales.

El congreso contó con expositores nacionales e internacionales y la conferencia inaugural sobre “El acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales” estuvo a cargo de la Prof. Lic. Valentina Durán de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Directora del Centro de Derecho Ambiental (Universidad de Chile).

En la mesa de apertura, el Representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Dr. Carlos de Miguel, enumeró los elementos centrales del derecho ambiental, destacando que quienes trabajan con éste son actores fundamentales para el cambio en el modelo de desarrollo y para que la economía funcione. Explicó que es un derecho que invita a la acción, a defender la naturaleza, los intereses difusos y las futuras generaciones.

Miguel subrayó que “el enfocarse en lo colectivo es un elemento central en el derecho ambiental. Otro elemento central es que actúa preventivamente, ya que en medio ambiente hay muchas incertidumbres, por lo que es necesario ser activos en el uso de medidas cautelares. Además equilibra desbalances, ataca las asimetrías de información.” Cerró su discurso llamando a los abogados ambientales “a desarrollar jurisprudencia y reinterpretar las normas, ir más allá.”

Por su parte, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Eduardo Turell dijo que existe un consenso generalizado de que la degradación del medio ambiente tiene consecuencias sobre la vida terrestre y de los seres humanos, siendo imposible gozar de los más esenciales derechos, por lo que cobra relevancia la necesidad de proteger el medio ambiente a través de la actuación de los poderes judiciales.

Cerrando la mesa de inauguración del congreso, el Subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Arq. Jorge Rucks, expresó: “Buscamos contar con una legislación moderna y completa que contribuya a la protección del ambiente desde la perspectiva del desarrollo sostenible”, por eso es importante este intercambio para tener la oportunidad para trabajar, difundir y debatir en torno al derecho ambiental.

Rucks manifestó que el derecho ambiental tiene una gran importancia a nivel nacional e internacional y que para la protección del medio ambiente es fundamental contar con la participación informada de la población directamente afectada lo que permite acceder a una justicia ambiental.

El viceministro subrayó la participación esencial de Uruguay en el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

También estuvieron presentes en la inauguración del evento e hicieron uso de la palabra el Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Dr. Diego Pescadere; la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Prof. Dra. Cristina Mangarelli; el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, Prof. Dr. Nicolás Etcheverry Estrázulas y el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación (Adjunto), Dr. Ariel Cancela.

Se abordó durante las 2 jornadas temáticas como el derecho ambiental en el contexto internacional: derechos humanos, cambio climático, mares internacionales; el desarrollo del derecho ambiental uruguayo: bañados, energías renovables, ordenamiento territorial; y los desafíos para el derecho ambiental: grandes proyectos, calidad de las aguas, entre otros.

Declaración final

En la declaración final del Congreso se destacó la necesidad de la más pronta aprobación parlamentaria del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Amé-rica Latina y el Caribe, adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018, actualmente a consideración de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo.

Además se manifestó que es momento de perfeccionar los institutos tradicionales de la legislación ambiental, para la prevención y evaluación de los impactos ambientales, la protección de la calidad de las aguas o la conservación de la fauna y el monte nativo, así como desarrollar y regla-mentar instrumentos más recientes, como la protección de bañados, el análisis de riesgo y el etiquetado de transgénicos, el acceso a los recursos genéticos o la gestión de los productos y residuos con mercurio.

Los juristas ambientales consideran que sigue siendo conveniente mejorar y ampliar la normativa ambiental nacional, a través de leyes y reglamentos que cubran los vacíos aún existentes, en temáticas tan diferentes como protección de la calidad del aire, la gestión integral de los residuos o las relacionadas con la responsabilidad frente al incumplimiento, mediante la creación de delitos penales contra el ambiente, pero también atendiendo las particularidades de la responsabilidad civil por daño ambiental.

Esto tendría que venir acompañado de la sensibilización y la capacitación de todos los operadores jurídicos, y en especial, la capacitación de jueces, fiscales y abogados patrocinantes, en materia de Derecho Ambiental.