Mercosur publicó derechos de las personas mayores para contribuir a ratificación de Convención Interamericana.

En el marco de la promulgación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores se presentó este martes 29 la publicación “Personas Mayores: hacia una agenda regional”, con experiencias de países del Cono Sur de América. En Uruguay, 14 % de sus 3,3 millones de habitantes eran en 2015 mayores de 64 años, 94,6 % de los cuales viven en zonas urbanas y 37,6 % eran jefes de hogar.

En el marco de la promulgación de la ley 19.430 por medio de la cual Uruguay aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) organizaron el Seminario Internacional sobre Políticas Públicas para la protección de los derechos humanos de las personas mayores en el Mercosur.

La promoción de la ratificación de la Convención Interamericana por medio de los Estados parte y asociados del bloque regional fue el objetivo de esta actividad que contó con la participación de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, del canciller interino, José Luis Cancela, y de Adriana Rovira, responsable del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) junto a representantes del Mercosur (Mercado Común del Sur).

En ese ámbito se presentó la publicación “Personas Mayores, hacia una agenda regional de derechos”, que sintetiza las experiencias nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en cuanto a la protección en derechos humanos en esta franja etaria.

El capítulo de Uruguay hace referencia a los avances y desafíos en políticas públicas para hacer frente a la reestructuración etaria de esta población.

Datos de 2015 del Instituto Nacional de Estadística (INE) indicaban que entonces en Uruguay vivían 484.407 personas mayores de 64 años, lo que representaban 14 % de la población total del país.

Dentro de ese grupo de personas comprendidas entre los 65 y los 84 años, los varones representaban 41.6 %, mientras que 94.6 % de la población mayor en Uruguay vivía en zonas urbanas por lo que el espacio público en las ciudades es un entorno central en el desarrollo de sus vidas.

Uruguay tenía 37,6 % de personas mayores que eran jefas de hogar en 2015, cifra que es el valor más alto de la región, lo que ayuda a romper con el estereotipo de la vejez asociada a la dependencia económica y social.

El Informe expresa que a partir de 2008 comenzó a producirse en Uruguay un proceso de transformación institucional, que permitió dar un giro en las intervenciones públicas dirigidas a las personas mayores.

En tal sentido, el informe se cita la creación a través de la ley 18.617 del Inmayores, del Consejo Consultivo de Vejez por la ley 18.671 compuesto por la sociedad civil y actores estatales y académicos, y la presentación del Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2013 – 2015 y en proceso de elaboración del segundo plan 2016 – 2019 que busca hacer operativos los compromisos asumidos por el Estado.

Entre los avances programáticos, se hace hincapié en la reducción de 35 a 30 años el tiempo exigido para jubilarse, el reconocimiento a las mujeres de un año de actividad ficto por cada hijo o menor a cargo, política que reconoce al trabajo de cuidados realizado por las mujeres y permite de algún modo recompensar los años que debieron ausentarse del mercado laboral.

La publicación indica además, que en materia de cuidados se promulgó la ley 19.353 que creó el Sistema Nacional de Cuidados, que tiene por objeto la promoción del desarrollo de la autonomía de las personas en situación de dependencia, su atención y asistencia.

Los cuidados constituyen una de las prioridades del actual gobierno siendo las personas mayores en situación de dependencia una de las poblaciones priorizadas. El Sistema propone articular y regular los servicios existentes y crear nuevos.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es un instrumento vinculante que consagra un giro significativo en el enfoque de las políticas públicas de protección de los derechos de este grupo social.

La Convención establece un marco normativo obligatorio para los países y constituye un factor de visibilidad y sensibilidad respecto a los derechos como el acceso a la seguridad social, acceso a la vivienda, gratuidad en el transporte público, acciones de recreación y capacitación, deporte, acceso a la cultura, medidas orientadas a la inclusión digital o prestaciones de salud.