Postergación en aplicación del Código Procesal Penal permitirá concretar capacitaciones y mejorar recursos técnicos.

“Uruguay no puede sostener mucho tiempo más su proceso penal actual, que coloca en cabeza de jueces independientes la persecución penal”, dijo el fiscal general de la Nación Jorge Díaz, en defensa del Código Procesal Penal. Informó que la postergación en la implementación del Código Procesal Penal para el 16 de julio de 2017 permitirá concretar las capacitaciones y la adquisición de recursos técnicos.

El fiscal general de la Nación Jorge Díaz dijo que se efectúan capacitaciones desde hace cuatro años, con cursos intensivos de Derecho Procesal Penal mediante intercambios con fiscales argentinos, chilenos, colombianos y norteamericanos. Recientemente se desarrolló una instancia de capacitación con técnicos del Centro de Estudios Judiciales para las Américas (CEJA), organismo de la Organización de Estados Americanos, y se proyecta continuar esta modalidad durante el segundo semestre del año.

Asimismo, dijo que el  próximo lunes se realizará una reunión de implementación del código con el Poder Judicial, que ya inició sus trabajos pero ahora, con la fecha concreta de inicio, retomó el ritmo planificado para llegar al 16 de julio del 2017. “Es un desafío lindo e interesante pero complejo” aseguró.

Díaz agregó que también se realizó una licitación para desarrollar el sistema informático para el proceso penal en Uruguay que a fin de mes abrirá los sobres para la adjudicación.

Según valoró, la postergación de recursos económicos anunciada por el Ministerio de Economía es “razonable en la coyuntura actual” y, en principio, no afectaría la entrada en vigencia del código, ya que también se prorrogó de febrero a junio del año próximo. “Lo que sí es claro es que la Fiscalía hizo su proyecto de presupuesto tomando en cuenta los valores mínimos necesarios y cualquier quita que se le produzca a eso significaría la imposibilidad de aplicar el código”, aclaró.

El fiscal resaltó que la implementación de este nuevo código es imprescindible para el país, que ya ha sido denunciado ante organismos internacionales. “Uruguay no puede no estar cumpliendo con los derechos humanos de primera generación que implican someter a las personas acusadas de un delito a un juicio justo o debido proceso. Este nuevo sistema le reconoce los derechos a la víctima principal afectado por el conflicto penal", agregó.

Asimismo, reconoció que la sociedad uruguaya deberá acostumbrarse a este nuevo código y anticipó que se realizará una campaña de comunicación al respecto.

Finalmente resaltó que una correcta política pública de seguridad debe tener estratégicamente formuladas sus cuatro bases: prevención, conjuración, investigación y persecución.

Presidencia.