La Intendencia de Maldonado estudia unos 2000 casos de viviendas no regularizadas.

La Intendencia de Maldonado creó una Unidad Especializada que trabaja bajo la órbita de la Dirección General de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la Administración para analizar la situación de las familias que ocupan viviendas pero que no cuentan con los títulos que respalden su propiedad. La Intendencia aspira a regularizar la parte documental para después comenzar a cobrar la correspondiente cuota.

La Administración identificó 1956 viviendas, soluciones habitacionales y terrenos que están adjudicados y que no presenta ninguna documentación que avale su enajenación.

Son casos distribuidos en todas las localidades del departamento, y que significan diversas realidades: acuerdos con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; la Agencia Nacional de Vivienda; y con el Banco Hipotecario; así como tierras de colonización y de la IDM. En ese sentido, el director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud, Alejandro Lussich puntualizó que “hay un sinnúmero de situaciones que se generaron en los últimos 10 años y que no han tenido solución”.

Asimismo, detalló que el criterio es “dar tranquilidad a las familias para que las viviendas que ocupan desde hace años puedan llegar a ser suyas una vez que se cumpla con las condiciones del contrato” y, a su vez, no cortar la cadena de pago para que la Administración pueda incrementar el plan de vivienda que está desarrollando.

Con el fin de proceder a un estudio personalizado, la comuna creó una unidad integrada por escribanos y abogados -a la que también se prevé incorporar un ingeniero agrimensor- que está abocada a ordenar la documentación. Existen casos que no tienen la anuencia de la Junta Departamental para proceder a la venta; por este motivo, “una vez que estén solucionados los problemas de mensura y titulación, muchos de esos expedientes van a tener que cumplir con eso”, indicó Lussich.

Paralelamente, el Área Social de Vivienda concurrirá a cada uno de los hogares para informar a las familias, efectuar un relevamiento, constatar que las personas que ocupan sean las adjudicatarias originales, y confirmar cómo accedieron a la vivienda.

Posteriormente, se efectuará una aproximación a la realidad socioeconómica particular para determinar una cuota, la cual se establecerá en función del valor fijo de la vivienda o de acuerdo al porcentaje de ingreso.

Respecto al déficit habitacional que posee Maldonado, Lussich expresó que “hay una inversión programada en el presupuesto quinquenal con recursos propios de la IDM y otros del gobierno nacional”, por lo que “todos los fondos que se puedan recuperar en la cadena son fundamentales para llegar a más soluciones habitacionales en este período de gobierno”.