Ministro Jorge Basso advirtió que es inadmisible ofrecer dinero para cambiar de mutualista. - JBC de Piriápolis

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domingo, 21 de febrero de 2016

Ministro Jorge Basso advirtió que es inadmisible ofrecer dinero para cambiar de mutualista.

“Hay que hacer cumplir la ley e iremos hasta el fondo del tema”, afirmó el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, en referencia al procesamiento de personas que ofrecían una retribución para cambiar de prestadora. Recordó que la intermediación lucrativa es un delito. “Los usuarios tienen derecho a elegir una institución en función de la calidad y prestaciones, pero es inadmisible que sea a cambio de dinero”, enfatizó.
“No es un tema nuevo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) lo venía percibiendo y oportunamente hizo la denuncia penal para que se investigara”, informó Basso en rueda informal de prensa en el marco de las actividades que desarrolla este domingo en Paysandú con motivo de un nuevo Consejo de Ministros abierto.

Basso añadió que “el área de Delitos Complejos del Ministerio del Interior identificó esta situación muy rápidamente”.

Fueron dos procesamientos y las actuaciones seguirán, confirmó. “Esperemos que la justicia siga avanzando en el tema”, subrayó. “Hay que hacer cumplir la ley e iremos hasta el fondo del tema”, recalcó.

Recordó, ante estos casos, que la intermediación lucrativa tiene un marco legal que se establece como un delito. Dijo que ocurre cuando se estimula a un usuario a que se afilie a una institución prestadora de salud a cambio de dinero.

Informó que cuando comenzó la movilidad regulada el 1 de febrero, el ministerio solicitó a todos los prestadores los convenios que tenían con empresas a efectos de promover y captar socios.

La posibilidad de cambiar de entidad o movilidad regulada, acción comúnmente conocida como apertura del “corralito mutual”, es hasta el domingo 28.

Algunos prestadores privados enviaron esos convenios, pero otros no lo han hecho y la secretaría de Estado “insistió, porque suponía que no necesariamente quienes cometen este delito son funcionarios de las instituciones aunque pueden estar vinculados a las mismas”. “Eso lo dirá la Justicia”, expresó.

Destacó que este “delito perjudica fuertemente el proceso de elección de los usuarios de las instituciones, pues tienen que poder elegirlas en función de criterios vinculados a la calidad y desde el punto de vista de las prestaciones”.

“Es inadmisible que sea a partir de que se ofrezca dinero”, sentenció.

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