La Intendencia de Paysandú perdió millonario juicio

“Es responsabilidad de la pasada administración”, dijo el Intendente Guillermo Caraballo

La Intendencia perdió un juicio iniciado por trabajadores de la empresa MIR S.A. y debe pagar unos 700.000 dólares. La anterior administración no presentó en los tiempos judiciales previstos el recurso ante el Tribunal de Casación ni informó el hecho al actual gobierno durante la etapa de Transición.

La presentación fuera de fecha por parte de la administración anterior de un recurso ante el Tribunal de Casación, condena a la Intendencia de Paysandú a pagar alrededor de 700.000 dólares. Esta noticia fue informada por el Intendente Guillermo Caraballo en conferencia de prensa. El monto corresponde a un juicio iniciado por los trabajadores de la empresa constructora MIR.S.A., cuya primera instancia fue favorable a la Intendencia. Una segunda instancia en el Tribunal de Apelaciones fue desfavorable, y cuando se debió presentar un recurso ante el Tribunal de Casación se hizo fuera de fecha, perdiendo automáticamente el litigio.

Caraballo afirmó que esta situación es “responsabilidad jurídica y política” de la pasada administración municipal, en tanto lesiona la  “calidad institucional” debido a que el gobierno saliente fue notificado del fallo el pasado 11 de mayo y no lo comunicó cuando se estaba en la etapa de Transición.

Al comenzar la rueda de prensa, Caraballo ratificó que el acceso a la información “es una cosa muy importante” para “los medios de comunicación y para los ciudadanos en general”, y por tanto, su gobierno será celoso cuidador de que rija este principio. “Es parte del estilo que queremos instalar en esta nueva administración”, subrayó.

El Intendente informó que recién el jueves 23 de julio “nos enteramos de que la Intendencia de Paysandú había perdido un juicio por una cifra muy importante”. El proceso judicial se inició hace siete años a partir de “la rescisión que la Intendencia en su momento hizo con la empresa MIR (constructora), por sobradas razones”, cuyos trabajadores “decidieron iniciar un proceso judicial, en primer lugar contra la empresa y por aplicación de la Ley de Tercerizaciones también contra la Intendencia de Paysandú”.

“Ese proceso judicial tuvo una primera instancia con un fallo favorable a la Intendencia. Tuvo una segunda instancia con un fallo desfavorable a la Intendencia. Y hubo una tercera instancia que debía recurrirse ante la Suprema Corte de Justicia, en instancia superior, que se llama el Recurso de Casación, que la Intendencia no presentó en tiempo y forma”, explicó.

“El juicio se perdió y su evaluación por la Suprema Corte de Justicia –reitero-, porque la Intendencia no presentó el recurso en tiempo y forma”. Reiteró que se trata de información objetiva y “la Intendencia de Paysandú terminará pagando en estos días alrededor de 19 millones de pesos”.

“Esto para nosotros es una sorpresa, en primer lugar. Una preocupación, en segundo lugar. Y deriva en tres conclusiones: la primera, la importancia del monto; esto cambia el dibujo financiero presentado por la Intendencia de Paysandú. En segundo lugar, insistir en que se dejaron pasar los plazos y esto es una responsabilidad jurídica y política de quienes estaban al frente de la Intendencia en ese momento. En tercer lugar, lo que hace –a mi juicio- a la calidad institucional: el 11 de mayo, la Intendencia fue notificada de que había perdido este juicio y nosotros no recibimos esta información, ni en la etapa de transición ni ahora”, indicó.

Dijo que esta situación no fue notificada por el saliente intendente Mario Bandera, ni por el exdirector de Jurídica, Martín Etchebarne, al hoy responsable de Asesoría Letrada, doctor Federico Álvarez Petraglia.

“En un listado de juicios pendientes, (Etchebarne) puso cifras a liquidar. Creo que esto también hay que mencionarlo, porque no habla bien de la calidad institucional”, enfatizó el Intendente. Ratificó su postura respecto a que el acceso a la información “es una cosa muy importante”, ya que seguramente esta información comenzaría a filtrarse y por tanto el actual gobierno departamental decidió convocar a la prensa “para que se informe de primera mano a los ciudadanos. La población de Paysandú debe saber cómo pasó esto”, enfatizó.

Caraballo agregó que actualmente Álvarez Petraglia, junto al abogado de la parte demandante, está “acordando algunos términos”, pero la Intendencia deberá pagar el referido monto.    

“RESPONSABILIDAD CLARÍSIMA DE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN”

Álvarez Petraglia informó que se enteran de la situación recién esta semana, “cuando el Juzgado Letrado de Sexto Turno de Paysandú nos notifica el ‘téngase presente’ y el ‘cúmplase’ de esta sentencia”.

“Ahí es que yo le pido al funcionario administrativo de la Asesoría Letrada que me remita el denominado ‘falso expediente’, es decir la fotocopia parcial que tenemos del expediente. Cuando yo tomo contacto con el ‘falso expediente’, es que me entero de parte de lo que acaba de decir el señor Intendente: que el 11 de mayo de este año, la Jurídica de nuestra Intendencia tenía notificación de la Suprema Corte de Justicia de que se había rechazado el recurso por haber sido presentado fuera de plazo”, puntualizó.

El profesional indicó que en ese momento comprobó los montos y vio “las estimaciones que se habían hecho por parte de Jurídica de la Intendencia en su momento, de cuánto podía ser el monto pasible de condena en este juicio”.

“Acá hay una responsabilidad clarísima de la anterior administración. Un plazo para interponer un recurso es una obligación de resultado, o sea hay que cumplirlo sí o sí. Después podés ganar o perder. En la Casación, es una cuestión que se puede discutir. Nosotros habíamos ganado en primera instancia; habíamos perdido en segunda. En la tercera instancia (Casación) teníamos la oportunidad de que la ciudadanía de Paysandú quedara libre de pagar un peso de esta deuda, como habíamos quedado en primera instancia”, enfatizó.

El plazo para la presentación del recurso ante Casación es de diez días.

Aseguró que a la ciudadanía de Paysandú se la privó de la chance en Casación, debido a “la presentación tardía del recurso”. Recordó que, en junio, julio de este año, al preguntársele expresamente a los anteriores responsables de Asesoría Letrada si existían sentencias de condena firmes, éstos “en ningún momento” mencionaron que existía esta particular aún estando en conocimiento desde el pasado 11 de mayo.

Respecto al motivo del juicio, el responsable de Jurídica indicó que surgió a partir de una obra pública que se ejecutó en Paysandú en barrios Chaplin y Curupí, en el marco del Plan de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), mediante licitación pública internacional amparada por el BID, donde la empresa adjudicataria fue MIR S.A., que incurrió en “una multiplicidad de incumplimientos, no solamente con la obra sino también ante falsificaciones de documentos”, que derivaron en denuncias penales.

“Se decidió –en mi opinión correctamente- cesar la obra en cuestión. De ahí viene el reclamo de los 54 trabajadores, quienes se consideraron amparados en su derecho a reclamar el término (seis meses que faltaban de obra), el pago por esos seis meses, más las horas extras, etc.”. Insistió en que ya no se puede recurrir a otra instancia judicial por esta causa, sino que, a lo sumo, se pueden discutir “algunos aspectos de los montos” a pagar.

Finalmente, Caraballo insistió en que este juicio se perdió porque la anterior administración no cumplió con los plazos, en tanto “hubo un notorio ocultamiento de información” del gobierno saliente. Confirmó que está en proceso un llamado a auditoría externa, que abarcará áreas que definirá la actual administración.