Instituto Nacional de Rehabilitación celebró su 4to aniversario

El pasado 16 de diciembre en el Teatro Lavalleja de Minas, se realizó la ceremonia de conmemoración del 4to aniversario del Instituto Nacional de Rehabilitación.

En esta oportunidad se reconoció al personal penitenciario por su destacada labor en las áreas de operaciones de seguridad penitenciaria; tratamiento y función técnica; gestión administrativa; inserción laboral e inclusión social. Al mismo tiempo que se reconoció a miembros de la sociedad civil por su labor social e inclusión social de las personas privadas de libertad. 

Cabe destacar que al entonar el himno se formó en el escenario un coro formado por personas privadas de libertad, policías y operadores penitenciarios. 

El director del INR, Insp. Ppal (R) Luis Mendoza, se refirió al pasaje de las cárceles de la Jefatura de Policía al INR, expresando que solo quedan pasar las últimas para finalizar este proceso, lo que representa “ un 6,5 %, del universo del Sistema, estando en órbita de nuestro Instituto el 93,5%”, dijo.

También hizo referencia al combate del hacinamiento crítico expresando que durante esta administración “se realizó la mayor inversión conocida en infraestructura, habiéndose construido o reconstruido un total de 4.360 plazas, incluidas las 3.700 por licitación pública de obra, abierta por el Ministerio de Interior, y 660 construidas o reconstruidas por mano de obra de personas privadas de libertad con recursos propios”.

Asimismo destacó el apoyo de la Cooperación Internacional, de las Instituciones públicas y privadas, “que promueven los proyectos inclusivos de reinserción social, y apoyos de la Secretaría de Estado”. “Esta última modalidad además de un significativo ahorro para las divisas del Estado, constituyó, el quebrantamiento del paradigma que los internos no se involucren en este tipo de proyectos, dejando de manifiesto el cambio de mentalidad, corolario de las estrategias implementadas” expresó.

Mendoza también dijo que la mejora en la infraestructura, “generó las condiciones de alojamiento para habilitar el tratamiento de las personas privadas de libertad que debe ser personal, profesional y directo, cobrando pues, el recurso humano el protagonismo, por ser el que se apropia de las estrategias para su desarrollo y crecimiento”. 

Asimismo destacó la incorporación de personal civil (operadores penitenciarios) al INR expresando que se le asignó un edificio al Centro de Formación Penitenciario, “su misión esencial, es, la formación de un nuevo perfil de personal penitenciario civil, que se ha ido incorporado a prácticamente todas las Unidades de Internación del país, y ha concretado cursos de actualización y reinstrucción para el personal policial”.

Mendoza dijo tener tres grandes preocupaciones en las que se trabajará; el combate contra la corrupción, la violencia intercarcelaria y el ingreso y tráfico de drogas. Sobre esto último dijo que durante este año se procesaron a 134 las personas procesadas con y sin prisión por intentar introducir estupefacientes a las Unidades. De ese total 102 corresponden a visitas, 31 a privados de libertad reprocesados y 1 a un funcionario policial, enfatizó.

El jerarca también destacó la labor del personal técnico, otorgando garantías al sistema a través de la generación de diagnósticos individuales, tanto iniciales como formativos y finales, que permite un acertado agrupamiento de la población, clasificándola de acuerdo a riesgo y posibilidades según cada perfil de interno y en su participación activa en la Junta Nacional de Traslado.

En otro orden Mendoza marcó los desafíos que se tienen por delante: la extensión de la política de ASSE a través del Programa Integral de Salud de SAI PPL a las Unidades en el interior del país. El fortalecimiento del Polo Industrial, la modernización del sistema a través de la instalación de circuitos cerrados de cámaras en las guardias perimetrales de todas las Unidades, y el seguimiento y control de prisiones domiciliaras y salidas transitorias, mediante utilización de tobilleras electrónicas.

La universalización del Sistema de Gestión Carcelaria y los programas generales de rehabilitación, a fin de superar el 55% de personas privadas de libertad que hoy formalmente trabajan y/o estudian, y el 72 % que realizan alguna actividad, sea terapéutica religiosa, o recreativa.

Implementar programas diferenciados de rehabilitación, específicos para adictos a las drogas, autores de violencia domestica, y delitos sexuales. Aumentar los procesos agrícolas productivos en las Unidades de confianza (chacra), a fin de avanzar, en lo que es posible hacia el autoabastecimiento alimenticio del Sistema. Trabajar en el fortalecimiento de la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida y finalizar la construcción del Hogar del Liberado.