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Interior cambia paradigma de orden público por garantizar el goce de derechos civiles


El Director General de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, explicó las principales modificaciones que plantea el proyecto de Ley Orgánica Policial, que el miércoles pasado fue remitido al Parlamento. En la misma, se destaca el cambio del paradigma del “orden público y la seguridad interna” por un modelo que coloca al Estado como garante del goce de los derechos ciudadanos y libertades fundamentales.

Con este proyecto, “por primera vez la Policía Nacional contará con una Ley Orgánica actualizada a los tiempos modernos”. La Ley Orgánica vigente es del año 1971 (Nro. 13.963), que funcionó como síntesis de las distintas reglamentaciones que poseían las 19 Jefaturas de Policía. A su vez, éstas reglamentaciones datan de la década del ’20, escritos por Juan Carlos Gómez Folle, que si bien fue “uno de los intelectuales más intensos que tuvo la Policía”, según destacó Carrera, son disposiciones que dan respuesta a otro contexto histórico.

El Director General de Secretaría del Ministerio del Interior agregó: “el paradigma vigente del orden público muestra el atraso que tenemos, porque data del 1870-1880, donde se hace hincapié en la preservación del orden público, que es una situación metajurídica. Nosotros decimos que la Policía es una fuerza civil que está para proteger las libertades y realización de las personas; está para prevenir, disuadir, y después, como todo Gobierno en democracia que está legitimado, cuando hay ciertas situaciones de desborde, tiene el poder para ejercer la autoridad y reprimir las conductas que no están acordes a derecho”.

Cambios disciplinarios y derecho a la sindicalización
Carrera sintetizó en cuatro puntos los principio para la reforma. "La razón de ser de la Policía es garantizar al ciudadano el libre y pacífico ejercicio de los derechos que le reconoce la ley, debe ser un servicio democrático en su estructura básica y en su funcionamiento, debe ser un servicio profesional, y debe reconocer a la planificación y la evaluación de sus actividades como funciones necesarias de su desarrollo".

Sobre el aspecto democrático de la Policía, Carrera sostuvo: “Nosotros creemos en la conveniencia de la disciplina por convencimiento, no por temor”. Sobre este aspecto, recordó que al asumir la actual administración sustituyó el arresto a rigor por la multa pecuniaria.

“El arresto a rigor –explicó Carrera- es la privación de libertad en el lugar de trabajo sin orden judicial y la cambiamos, de acuerdo a lo que permite la Ley orgánica vigente, por la multa pecuniaria. Estas son las herramientas jurídicas que hoy tenemos para ejercer la disciplina. Por eso esta ley es central para cambiar, debemos tener un régimen disciplinario que respete las garantías del debido proceso, que le permita al funcionario policial, previo a ser eventualmente sancionado por una falta disciplinaria, poder  presentar descargos. Esto, a diferencia de la ley orgánica vigente, es previsto expresamente por el proyecto remitido al parlamento.  A su vez, como sanciones están previstas las siguientes: observación escrita, demérito, suspensión en la función desde uno a treinta días con privación total de haberes, suspensión en la función por hasta seis meses en el año y destitución”.

Para Carrera, que la Policía sea una organización civil no significa que sea opuesta a la militar, “es civil por los valores que están en juego, por las personas que tiene que proteger, porque lo principal es que la persona disfrute de los beneficios de vivir en un Estado de Derecho”. Carrera destacó que la definición política del Ministerio del Interior es apoyar el 'policiamiento' de tipo comunitario, basado fundamentalmente en la sociedad y focalizado en la prevención.

“Hay modelos de 'policiamiento' que no se basan en la comunidad. Esos modelos lo único que hacen es aumentar cada vez más la cantidad de efectivos, mayores gastos de presupuestos, sin arreglar lo central: que el hecho delictivo no pase. Nosotros creemos que todas las personas tienen derecho a no ser víctimas de los delitos, de disfrutar de su trabajo, estudio y vivienda y de vivir en comunidad. Eso es lo que dijimos en el programa de Gobierno, en la multipartidaria y es lo que tratamos de plasmar en nuestra gestión”, concluyó.

Se consagran el derecho a la sindicalización de los policías de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución de la República, que jerarquiza el policiamiento como un servicio esencial para la sociedad. La sindicalización incluye el derecho a la asociación sindical, y por tanto,  a participar en una mesa de negociación colectiva, y exceptúa tanto la huelga como la concentración y la manifestación con armas o uniformes, como también, la ocupación de los lugares de trabajo.

Planificación y evaluación del trabajo
Carrera subrayó la importancia de la planificación y la evaluación. Nombró como ejemplo el nuevo modelo de la Jefatura de Montevideo, donde los datos estadísticos funcionan como insumo para la organización de los recursos humanos y materiales de la Policía. Una vez aprobado el proyecto de Ley, el Ministerio comenzará a trabajar en los diferentes reglamentos para ejecutar la normativa.

“Marcamos claramente que hay un gabinete político, quienes deben diseñar las políticas públicas de seguridad, en acuerdo con el Presidente de la República. Después establecemos un Gabinete de Seguridad, donde participan los directores de las principales direcciones y dependencias, que serán fundamentales en la planificación y la evaluación de las políticas. Proponemos que algunas de esas direcciones dependan del ministro y otras de la Dirección de la Policía Nacional, de acuerdo a la especificidad de la función”, explicó.

Se creará una nueva unidad que dependerá del Ministro del Interior: La Dirección Nacional de Asuntos Sociales, que nucleará a Sanidad Policial y Asistencia y Seguridad Social Policial. También dependerán del Ministro la Dirección de Asuntos Internos, la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Bomberos, la Dirección Nacional de la Educación Policial. A su vez, dependerán del Director de la Policía Nacional, las jefaturas de Policía departamentales, la Dirección de Planificación y Estrategia Policial, la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e INTERPOL, la Dirección General de Represión al Tráfico ilícito de Drogas, la Dirección Nacional de Policía Científica, la Dirección Nacional de Policía de Tránsito, la Dirección Nacional de Identificación Civil, la Dirección Nacional de Migración, la Dirección General de fiscalización de empresas (encargada de la inspección a las empresas privadas de seguridad).

Las modificaciones en cuanto al sistema de escalafones incluyen la reducción de la cantidad de grados (de 14 a 10 grados), con ascensos basados en concursos donde se ponderarán los méritos de los aspirantes. El mecanismo de ascenso por méritos primará sobre el sistema actual de antigüedad calificada.

Modificación del sistema de ascensos en la policía
“Con la aprobación de la Ley Orgánica Policial y los sucesivos decretos reglamentarios, pretendemos modificar el sistema de ascensos de la Policía. Hoy, el sistema le da un peso muy grande a la antigüedad del funcionario -tanto en el grado como en el instituto- para definir quien asciende. El nuevo sistema deberá priorizar, por encima de la antigüedad, los méritos en el desempeño de la función y las pruebas de los concursos de pasaje de grado".

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