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Los reclusos del penal de Libertad, donde en los próximos días se activará el sistema de bloqueo de celulares, tendrán tres minutos de llamadas gratuitas a teléfonos de ANTEL, tanto fijos como celulares.
El Ministerio del Interior instaló cuatro teléfonos públicos en cada uno de los cinco pisos del edificio. Funcionarios policiales administrarán el uso de los teléfonos, para evitar que el acceso a las llamadas se convierta en una mercancía de cambio. “De esta manera, intentamos evitar que se generen conflictos y pretendemos que se haga un uso racional de las líneas”, dijo a El Observador una fuente del Ministerio del Interior.
El propósito del gobierno con esta medida es cortar las comunicaciones de algunos presos con el mundo exterior, ya que desde adentro dirigen a bandas de narcotraficantes.
El sistema de inhibidores de celulares comenzará a funcionar de forma progresiva. El ministerio pretende bloquear algunos sectores del penal primero y otros después, para que la medida sea recibida de forma gradual y evitar, de esta manera, posibles revueltas generalizadas.
“Se aplicará de forma progresiva para ir ganando la confianza de los presos y para mostrarles que no dejarán de estar comunicados con el mundo exterior”, dijo una fuente al programa En perspectiva de El Espectador.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, señaló el viernes pasado que trabajan con ANTEL “para sustituir los teléfonos celulares clandestinos que había en las cárceles, y que todavía hay, por teléfonos públicos autorizados”.
Los guardiacárceles explicarán a los reclusos cómo funciona el nuevo sistema. En cada piso conviven 150 presos, aproximadamente, divididos en dos sectores. Cada sector tendrá dos teléfonos para 75 presos.
Las fuentes afirmaron que resulta dificultoso para los técnicos activar el bloqueo de forma selectiva, ya que la mayoría de los reclusos está en el edificio principal. Los técnicos que instalaron el sistema ya probaron su funcionamiento y comprobaron su efectividad. De todas maneras, se trabaja para evitar que los inhibidores afecten la comunicación de los vecinos que viven en las cercanías del penal.
El Ministerio del Interior instaló cuatro teléfonos públicos en cada uno de los cinco pisos del edificio. Funcionarios policiales administrarán el uso de los teléfonos, para evitar que el acceso a las llamadas se convierta en una mercancía de cambio. “De esta manera, intentamos evitar que se generen conflictos y pretendemos que se haga un uso racional de las líneas”, dijo a El Observador una fuente del Ministerio del Interior.
El propósito del gobierno con esta medida es cortar las comunicaciones de algunos presos con el mundo exterior, ya que desde adentro dirigen a bandas de narcotraficantes.
El sistema de inhibidores de celulares comenzará a funcionar de forma progresiva. El ministerio pretende bloquear algunos sectores del penal primero y otros después, para que la medida sea recibida de forma gradual y evitar, de esta manera, posibles revueltas generalizadas.
“Se aplicará de forma progresiva para ir ganando la confianza de los presos y para mostrarles que no dejarán de estar comunicados con el mundo exterior”, dijo una fuente al programa En perspectiva de El Espectador.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, señaló el viernes pasado que trabajan con ANTEL “para sustituir los teléfonos celulares clandestinos que había en las cárceles, y que todavía hay, por teléfonos públicos autorizados”.
Los guardiacárceles explicarán a los reclusos cómo funciona el nuevo sistema. En cada piso conviven 150 presos, aproximadamente, divididos en dos sectores. Cada sector tendrá dos teléfonos para 75 presos.
Las fuentes afirmaron que resulta dificultoso para los técnicos activar el bloqueo de forma selectiva, ya que la mayoría de los reclusos está en el edificio principal. Los técnicos que instalaron el sistema ya probaron su funcionamiento y comprobaron su efectividad. De todas maneras, se trabaja para evitar que los inhibidores afecten la comunicación de los vecinos que viven en las cercanías del penal.
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