En diciembre, médicos quedan habilitados a practicar abortos

La posibilidad de interrumpir un embarazo en forma legal será un hecho a partir de diciembre. El servicio se adaptará a las necesidades de la mujer: si se siente más cómoda será en su domicilio, con fármacos y seguimiento médico.

Sin prisa pero sin pausa, las autoridades sanitarias trabajan para bajar a tierra una ley tan polémica como histórica: la que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 12 semanas de gestación.

La intención es llegar a fines de noviembre con la reglamentación pronta y que a partir de diciembre ya esté instalado y protocolizado este servicio en todas las mutualistas y hospitales, aseguró a El País la directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Leticia Rieppi.

Los técnicos que están afinando detalles de la reglamentación se reúnen varios días a la semana. Rieppi aseguró que ya hay algunas definiciones que permiten delinear las principales características que tendrá la reglamentación. Por ejemplo, si el procedimiento se llevará a cabo en el domicilio o en los centros de salud, "dependerá de cada usuaria", adelantó Rieppi.

"Cada una sabe qué es lo mejor para sí. Y (el procediminto) dependerá de cada consulta", explicó.

El protocolo priorizará la voluntad de la mujer. Rieppi, que es ginecóloga, explicó que pueden haber mujeres que no quieran que su familia se entere de su decisión de abortar y eviten la internación. Entonces, la alternativa es que lo haga en su domicilio o en el de alguna persona de su ámbito de confianza y con un monitoreo médico, sabiendo que puede consultar telefónicamente.

Rieppi aseguró que de hecho en la actualidad la mayoría de las mujeres que interrumpen su embarazo lo hacen en el domicilio y con pastillas de misprostol. "Y los riesgos han disminuido sustancialmente. Si todo está bien monitorizado el riesgo es menor", aseguró.

Los técnicos del Ministerio de Salud trabajan sobre la idea de tres métodos para ejecutar el aborto: el uso de misprostol, el misoprostol combinado con el mifepristone (un fármaco que no está disponible hoy en Uruguay) y la aspiración intrauterina. Estos tres procedimientos son los que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Tenemos que ajustar cuál de estos tres métodos es el mejor para la situación obstétrica dependiendo de la edad gestacional del embarazo", explicó la funcionaria.

TIEMPOS. La directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva admitió que una de las mayores "dificultades" con la que se están topando ahora mientras redactan la reglamentación y se les plantearán después, radica en los tiempos que plantea la ley: el límite de 12 semanas para establecer si el aborto es legal o no.

Rieppi asegura que esos plazos se respetarán a rajatabla, sin excepciones -salvo las previstas: violación, malformación del feto o enfermedad de la mujer- pero para eso deben apuntar a que los servicios estén bien organizados.

"Lo que se quiere lograr es que la atención sea lo más ágil posible. Que entre llegar a la primera consulta con un médico, tener luego la consulta con el equipo asesor, que pasen los cinco días de reflexión, y volver a ver al ginecólogo, no pasemos seis semanas", explicó.

Rieppi aseguró, en base a la experiencia, que por lo general cuando una mujer se plantea interrumpir un embarazo consulta antes de las ocho semanas. Pero "el tiempo que marca la ley, es el tiempo que marca la ley", afirmó.

¿Qué pasa si una paciente llega en la semana 11 a consultar? Es una pregunta que los propios técnicos se están haciendo. Para la funcionaria no hay alternativas. "Ahí tenemos siete días para resolver", afirmó. "Intentaremos promover en la población que sepan que tienen que consultar temprano. Pero no solo para interrumpir el embarazo, porque este, cuanto más precoz se controle, mejores resultados tiene", si es que la mujer cambia de opinión y desea continuar la gestación.

Rieppi explicó que antes de las 12 semanas es un momento "ideal" para realizar ecografías como la de la traslucencia nucal que puedan orientar sobre el bienestar del bebé.

COMITÉS. Otro de los desafíos que asoman cuando se piensa en instrumentar la ley del aborto, es la conformación de los comités clínicos que deberán asistir a la mujer que consulta para interrumpir su embarazo. La ley establece que deberán estar integrados por un ginecólogo, un psiquiatra o psicólogo y un asistente social. Ya surgieron voces, sobre todo en el interior del país, que dudan sobre su puesta en práctica bajo el argumento de la falta de especialistas. Rieppi dijo que se apelará a la estructura de los servicios de salud sexual y reproductiva -que actualmente asesoran sobre abortos- y están instalados en todos los centros de salud desde el año 2011. A esa base sólo se les debería sumar los asistentes sociales, dijo.

Sobre el día después del aborto, sin embargo, no hay nada definido. Desde la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay se alertó sobre las consecuencias emocionales que conlleva una decisión de este tipo y se reclamó que se tenga en cuenta un apoyo para tratar secuelas que siempre quedan. La ley no prevé esto y en principio tampoco la reglamentación. Para Rieppi se coordinará con los servicios de salud mental de cada institución, que los psicólogos o psiquiatras que asistan a la mujer en la previa del aborto, funcionen el día después como nexo con esos servicios y deriven a la paciente, si corresponde.

Lo que sí va a quedar establecido en el reglamento es el asesoramiento sobre la anticoncepción inmediata después de la interrupción del embarazo. Los técnicos entienden que la idea predominante en la mujer que aborta es que debe esperar un mes, hasta su próxima menstruación, para recién utilizar métodos anticonceptivos. "La medicina basada en evidencia nos dice que eso no es así. Si no hay infección, la anticoncepción puede empezar al otro día, ya sea de forma oral o a través de un DIU. Tenemos la obligación de ofrecer esa posibilidad", enfatizó Rieppi.

También apuntarán a mejorar los registros. Por una cuestión vinculada más que nada a no estigmatizar a las mujeres, sostuvo, no hay datos estadísticos sobre las mujeres que han consultado por aborto y las que lo han concretado o desistido. Ahora que el aborto es legal, plantearán llevar un registro de todos los casos.

Movidas pro vida

Una vez aprobada la ley de despenalización del aborto el miércoles 17 en el Senado, se pusieron en marcha dos mecanismos para dejarla sin efecto. Uno es el anuncio de una campaña de recolección de firmas a fin de convocar a un referéndum derogatorio. Este camino es promovido por el diputado Pablo Abdala. El otro es un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, idea que lanzaron un grupo de organizaciones sociales pro vida. Además, el senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) anunció que de llegar a la Presidencia de la República, promoverá la derogación del aborto.

FEDERICO CASTILLO|El País Digital