Gobierno apela a la “sensatez y racionalidad” de los cirujanos para reiniciar diálogo

El prosecretario informó que el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) presentó al Gobierno una propuesta por escrito, con varios puntos que, en caso de alcanzar un acuerdo esta noche, permitirían resolver el conflicto de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Cánepa agregó que el Gobierno aceptó la propuesta, en la cual se comenzará a trabajar ni bien los cirujanos retiren sus renuncias, condición indispensable para reiniciar el diálogo.

También dijo que el Gobierno ya tiene elaborado un proyecto de ley para resolver el protocolo de actuación en caso de falta de médicos, con instrumentos que garanticen la cobertura de salud y las garantías del acceso a la misma a todos los ciudadanos.

Agregó que se le transmitió al Sindicato Médico de Uruguay que una vez resuelto el conflicto —el plazo para que los cirujanos se expidan vence a las 00:00 horas del 25 de setiembre— se establecerá una mesa de diálogo y en un plazo de 15 a 20 días se estarían analizando los criterios de protocolo de cómo actuar ante los casos de conflicto, inclusive sobre las consecuencias de no actuación ante una declaración de emergencia sanitaria.

“Es de mayor garantía para todos tener una norma legal clara que prevea frente a estas circunstancias a futuro, cuales son los alcances de las medidas que se pueden tomar y cuales son las consecuencias de esas medidas”, subrayó.

Resaltó la firme voluntad gubernamental de actuar y resolver los problemas, luego que las renuncias sean retiradas, porque “la salud pública es un derecho humano fundamental que debe estar más allá de cualquier interés corporativo”.

Por su parte, el secretario Alberto Breccia precisó que el proyecto de ley en el que el Ejecutivo está trabajando, habilita a la declaración de un estado de emergencia sanitaria y a la aplicación de ciertas medidas al  personal que no lo  cumpla. Agregó que este conflicto fue el detonador de su elaboración, pero no tiene que ver específicamente con el mismo,  por lo cual no es retroactivo.

“Deberá pasar por el Parlamento para su aprobación, que representa a todo el país inclusive a los intereses corporativos”, explicó Breccia. Se trata de un proyecto que recoge los compromisos internacionales y pactos sobre derechos humanos a los cuales Uruguay adhirió.