Bonomi reafirmó postura del Ejecutivo en proyectos de seguridad enviados al Parlamento


Tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro del Interior informó que se discutió la situación de los proyectos de ley que integran la Estrategia por la Vida y la Convivencia a estudio del Parlamento. Eduardo Bonomi afirmó que los proyectos próximos a aprobarse son los referidos al aumento de las penas en caso de corrupción y de venta de pasta base, a los que se les incorporaron modificaciones.

El titular del Interior recordó que se presentaron seis proyectos de ley que incluyen el aumento de las penas en caso de corrupción y de tráfico de pasta base; reparación de las víctimas, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el proyecto de faltas, internación compulsiva y legislación de la marihuana.

El proyecto de aumento de penas en caso de corrupción tuvo modificaciones agregando a la corrupción policial, casos de corrupción de funcionarios encargados del cumplimiento de la ley. En el delito de corrupción en cárceles, se agregaron los casos de funcionarios civiles o policiales.

En referencia al tráfico de pasta base, el proyecto plantea tres años de pena mínima e incorpora penas alternativas para los casos primarios, delitos leves y que no haya vendido pasta base a menores de edad. Asimismo, aclaró que no se consideran atenuantes el ser jefe de familia o indigente. A este proyecto se le agregó un inciso que refiere al seguimiento de la familia de quien fue a prisión, por parte del MIDES, la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida o el Patronato de Liberados y Encarcelados.

En cuanto a la reparación de las víctimas, Bonomi señaló que se propuso la modificación en la forma de financiación para reparar a quienes son familiares de la víctima que haya muerto en rapiña, secuestro o copamiento. Agregó que el Ministerio de Economía estudia las posibles formas de financiamiento.

El jerarca indicó que otro tema en el cual se llegó a un acuerdo con la bancada del Frente Amplio, refiere al Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual se considera que no debe ser modificado. Este código destaca que ante delitos graves (rapiña, homicidio, secuestro, violación, copamiento) el menor no podrá salir en libertad hasta que el juez se pronuncie. Actualmente si pasan 90 sin pronunciamiento del juez, el menor queda en libertad. En este proyecto se promueve acelerar los tiempos del juez y si no se pronuncia en 90 días, se la dará prórroga, pero el menor no podrá salir en libertad hasta su pronunciamiento.

El plazo mínimo de privación de libertad habiendo cometido delitos graves es de un año, pudiendo pedir la libertad anticipada con media pena recién después del año. A su vez, habrá pasaje de antecedentes a juez de mayores para que considere la actitud y responsabilidad de los padres. Asimismo, expresó que la modificación del Código de la Niñez no se tiene que hacer reformando el código actual, sino creando un código de responsabilidad penal juvenil.

Trabajo comunitario para tratar faltas
Por otra parte, Bonomi anunció que este martes se presentará un nuevo proyecto que refiere a las faltas. Incorpora faltas nuevas y elimina algunas viejas y tiene que ver con faltas que atenten contra la convivencia. En la ley actual este tipo de faltas se pagan con multas y se promueve la realización de trabajo comunitario.

Entre este tipo de faltas se encuentran las picadas de automóviles o motos, tirar basura de los contenedores en la calle y toda acción que atente con las normas de convivencia. En estos casos no se establece un mínimo ni un máximo de trabajo comunitario, sino que el juez determinará de acuerdo al carácter de la falta y podrán ser trabajo de limpieza en plazas o de reparaciones en liceos o escuelas.
 



Internación compulsiva y legalización de marihuana
En relación al proyecto de internación compulsiva, Bonomi anunció que se marcaron modificación para esclarecer el alcance del proyecto. Se plantea usar la actual ley de faltas, que considera falta estar alcoholizado o drogado en términos extremos. Se promueve que este tipo de faltas no se pagarán con multas, sino que el juez queda habilitado para derivar a la persona a un centro de diagnóstico, resolviendo luego el tipo de tratamiento que puede ser ambulatorio o internación. El tiempo de la rehabilitación lo definirá el equipo médico y no el juez.

El ministro del Interior enfatizó en que el diagnóstico y la rehabilitación deben ser responsabilidad de equipos médicos, con enfermeros y nurses que determinen el tratamiento y aclaró que el proyecto no prevé internaciones en centros policiales o militares.

En cuanto a la legalización de la marihuana, subrayó que el proyecto tiene un único artículo, que no existe un apuro para su aplicación, sino que se espera un “gran” debate.

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