Cristina congela dragado y Justicia argentina pide interrogar a Almagro

El gobierno argentino congeló ahora oficialmente cualquier posible avance para profundizar el dragado del canal Martín García. La Cancillería uruguaya rechazó la decisión "unilateral" de Argentina y respaldó al Tribunal de Cuentas.


La Cancillería argentina comunicó la decisión a través de una nota de prensa publicada en su página web, en la que con gruesa ironía informa que "resolvió suspender nuevas actuaciones relativas al Canal Martín García hasta tanto el Gobierno uruguayo se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas sobre la regularidad de los procedimientos, expresadas por el Tribunal de Cuentas" de Uruguay.

El comunicado agrega que la auditoría del Tribunal de Cuentas (TCR) "contradice lo expresado por el Canciller Luis Almagro" el 12 de junio en el Senado, cuando afirmó: "Quiero decir que, tal como ha señalado el señor Embajador Bustillo, no hay en ellas nada para denunciar ni que involucre actuación delictiva -ni siquiera en grado de tentativa- por parte de los funcionarios argentinos".

En el comunicado que la cancillería argentina emitió el martes, además de poner dudas sobre la intencionalidad de los auditores del TCR que realizaron el informe aprobado por los ministros del organismo, contenía una implícita amenaza de acciones.


Recuerda esa nota que la cancillería argentina "propuso como condición para continuar con los trabajos de profundización y mantenimiento del canal Martín García que ambos países auditen en forma inmediata la prórroga del contrato de dragado, atento a las denuncias de prensa publicadas por medios uruguayos".

"Llama la atención que los auditores uruguayos, según dicen los medios de prensa, hablen de sus dudas respecto del procedimiento cuando despejarlas fue la razón de la convocatoria a que realicen su investigación", expresó Argentina.

"Con respecto a dichas dudas, la posición argentina es que las develen lo antes posible a menos que todo sea parte del interés de evitar el diálogo fraterno que la Argentina desea construir con la República y el pueblo uruguayo", agregó.

Tras una extensa reunión con su gabinete, Almagro emitió anoche un comunicado en el que "rechaza la decisión unilateral" argentina "de suspender las actuaciones relativas al Canal Martín García" e "insta a continuar las negociaciones inmediatamente".

El comunicado respalda lo actuado por el TCR y menciona que ese organismo tiene autonomía funcional. Agrega que el informe del TCR concluye que "la extensión del contrato fue estrictamente ajustada a Derecho" y que el precio acordado "fue considerado como totalmente razonable".

Con relación a las versiones de un soborno, el comunicado expresa que para el TCR "desde el punto de vista jurídico, no existe siquiera la apariencia de un delito, especialmente del que se hizo eco la prensa", por lo que "no existe contradicción alguna entre lo afirmado por el Canciller y el TCR".

Desde el TCR no se emitió ningún comentario ayer respecto al comunicado de la cancillería argentina, que hace referencia a funcionarios del organismo. El País intentó contactar a su presidente Siegbert Rippe, pero desde su secretaría se comunicó que el jerarca no hará comentarios respecto a las sombras que sobre la actuación de funcionarios del organismo que él dirige puso la cancillería del vecino país. El TCR había detectado irregularidades en el proceso que llevó a renovar el contrato con Riovía para el mantenimiento del dragado, mientras en su informe confirmó que hubo una insinuación de soborno al presidente de la delegación uruguaya, Francisco Bustillo.

GOBIERNO. Fuentes de la Cancillería y la Presidencia consultadas por El País insistieron que el objetivo primordial del gobierno en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) es profundizar el dragado del canal Martín García.

Pero que si bien se le buscó bajar el perfil a la auditoría del TCR, no se podía dejar pasar el comunicado de la Cancillería argentina, que molestó al gobierno por su contenido y forma, y por eso se decidió responderlo enérgicamente.

El gobierno buscará que el presidente José Mujica, dialogue con su par argentina, Cristina Fernández, el próximo martes 31 de julio -cuando ambos participen de la cumbre del Mercosur en que se dará el ingreso oficial de Venezuela al bloque-, para intentar que el vecino país apruebe el pliego de la licitación para el Martín García y la obra se concrete.

Al conocerse las auditorías realizadas en Uruguay y en Argentina (pedidas por el canciller argentino Héctor Timerman) sobre el proceso de prórroga del contrato con Riovía, en la Cancillería y la Presidencia hay voces de peso que consideran no puede haber más dilaciones argentinas para concretar el dragado.

Fuentes diplomáticas dijeron a El País que Timerman y varios de sus asesores tienen un gran malestar con el informe del TCR, en especial porque consideran que la auditoría se basa solo en el testimonio de Bustillo, para hablar de presuntas irregularidades en ese organismo binacional.

En la Cancillería argentina señalan que Bustillo dijo en el Parlamento que no hubo un intento de soborno pero en las declaraciones que hizo a los auditores del TCR sostuvo otra cosa. Por eso, en los dos comunicados de la cancillería argentina se hace mención a que Almagro y Bustillo negaron en el Senado que haya existido una situación delictiva. Bustillo fue embajador uruguayo en Argentina durante la presidencia de Tabaré Vázquez, uno de los períodos de peor relacionamiento entre los dos países tras las diferencias por la instalación de la planta de Botnia (actual UPM) en Fray Bentos.

"EXTORSIONADO". La Justicia argentina ya investiga si hubo ilícitos en la extensión del contrato a la empresa Riovía para el mantenimiento del canal Martín García por un monto de US$ 1.262.500 mensuales.

La diputada argentina Graciela Ocaña, que junto a su par Manuel Garrido presentó la denuncia en su país, informó que el juez federal que tiene la causa, Claudio Bonadio, solicitó por exhorto los testimonios de varias autoridades uruguayas.

Entre ellas el de Almagro, Bustillo, el vicecanciller Roberto Conde y el embajador itinerante Julio Baraibar. Los dos últimos reconocieron en entrevistas radiales estar al tanto de un intento de soborno a Bustillo.

Ocaña considera que "la clave" de la investigación es la reunión entre el exvicecanciller argentino Roberto García Moritán y Bustillo, en que se habló del contrato con Riovía y en la que apareció el representante comercial de la empresa.

El lunes -cuando finaliza la feria judicial menor en Argentina- Ocaña y Garrido presentarán un escrito al juez Bonadio, que incluirá copia de la auditoría del TCR uruguayo.

También pedirán que por vía de otro exhorto se le solicite al TCR y a la cancillería uruguaya la documentación que sirvió de sustento al informe realizado, incluidas las actas de la CARP y las declaraciones de los miembros de la delegación uruguaya ante ese organismo binacional.

La diputada adelantó que hará una presentación ante la OCDE contra Riovía, "porque esto debe aclararse". "Riovía no es solo prestadora del servicio de dragado en el canal Martín García, también lo hace en otros puertos argentinos", dijo Ocaña a El País.

"Tomamos conocimiento de lo ocurrido a través de los medios uruguayos y de las declaraciones que hicieron Baraibar y el vicecanciller Conde, confirmando que estos hechos, el intento de coima, existieron", dijo la legisladora.

Recordó que "García Moritán por años fue el encargado de la delegación argentina en esta comisión", por lo que "¿quién más que él puede conocer si la empresa Riovía colaboraba o no ?" se preguntó. "Esperamos que Argentina tome medidas porque García Moritán hoy sigue cumpliendo funciones diplomáticas para el país", añadió. Ocaña dijo que el informe de la Sindicatura de la Nación (Sigen) de su país, que depende de la presidencia argentina, usa "los mismos argumentos que la empresa" y "dista mucho" del uruguayo.

"Es escandaloso y como argentina me da vergüenza, porque la actitud del gobierno respecto a este tema deja mucho que desear en este tema", sostuvo. Para Ocaña, "el gobierno uruguayo está siendo un poco extorsionado y por eso hay cosas que no dicen mas claramente" y rememoró que "todavía no se aprobaron los pliegos de la licitación". Agregó que "las buenas intenciones uruguayas no traspasaron esto" y manifestó su deseo que el gobierno de Mujica "decida hacer públicas las actas" de la CARP.

EDUARDO DELGADO - El País Digital