La nueva frontera

El proyecto de puente sobre la laguna Garzón, a la vera de José Ignacio, es asunto tan largo y complejo como la guerra de Troya, aunque no corra sangre. Mientras tanto el tráfico local se realiza sobre balsas pintorescas a cuyo costado permanece un viejo puente inconcluso, un proyecto privado de 1961-1962, un muñón que afea una de las zonas más caras y exclusivas de Uruguay.


La laguna Garzón es un muro entre los departamentos de Maldonado y Rocha: uno próspero gracias al turismo de alta gama; el otro tradicionalmente caótico y más bien pobretón aunque sus costas nada tengan que envidiar a las del vecino rico. La laguna oficia de tapón: de un lado riqueza que asombra, del otro el desierto, al menos hasta La Paloma.

Las autoridades municipales de Rocha, con el gobierno nacional y muchos empresarios detrás, creen que ya es tiempo de quitar el tapón y dejar que parte de la prosperidad de Maldonado, donde el precio de los inmuebles anda por las nubes, se derrame hacia Rocha. La forma más sencilla es construir un puente sobre la desembocadura de la laguna Garzón, arrumbar las graciosas balsas y darle continuidad a la ruta 10. Y entonces la gente, que es gregaria y cómoda, dará con naturalidad un paso más hacia el este sin miedo a alejarse del ruido y los servicios.


UN SANTUARIO A COLONIZAR. Justo a continuación de José Ignacio el departamento de Rocha cuenta con una zona cuasi virgen para captar turismo premium. Entre la laguna Garzón y la laguna de Rocha, con la ruta 10 como eje, se extiende un territorio costero de unos 33 kilómetros de extensión, arenoso y muy erosionado, de baja calidad para la actividad agropecuaria pero de un áspero atractivo turístico. Sus playas, una larga línea recta azotada por grandes olas seguidas de una fuerte succión, son tan bonitas como inutilizables para baños -salvo que el bañista se ate a un bidón y se una a la costa con una larga cuerda.

Nadie niega a Rocha su derecho a sacarle más renta a su faja costera, con desarrollos más prolijos que la maraña en que se convirtieron Punta del Diablo o Valizas, y sin la masividad que cambió la otrora apacible faz de La Paloma. Como santuario natural ya tienen Cabo Polonio y otras áreas, pero dejan poco dinero.

Hay una batalla en torno a las formas que deberían tener los nuevos desarrollos en Rocha. Uno de los dilemas: ¿servirá esa costa privilegiada y desolada para disfrute de unos pocos, excéntricos y pudientes, o bien, en el largo plazo, a un número mayor de turistas, aunque ello implique un cambio sustancial en su fisonomía? Otro punto de debate: ¿el puente sobre laguna Garzón es en verdad necesario?

Nadie se opone en voz alta a la vinculación entre Maldonado y Rocha por la costa oceánica. El dilema en todo caso ha sido: balsa o puente.

En el gobierno, en las intendencias involucradas -todos frenteamplistas- y entre los empresarios se entiende que negarse al puente es tapar el sol con las manos. Al fin de cuentas los argentinos llegan a José Ignacio después de atravesar 100 puentes. Las balsas forman parte del folclore local pero, para una civilización basada en el consumo, la rapidez y el automóvil, un puente lo es todo, o casi. Y no se pueden reclamar los privilegios y vicios de la civilización moderna sin pagar un precio por ello.

DE SALSIPUEDES A GARZÓN. Las balsas defendidas por muchos lugareños y ambientalistas, que para la Dirección Nacional de Hidrografía llevan los números 16 y 17, sirvieron desde 1960 para cruzar el arroyo Salsipuedes, en el sudeste del departamento de Río Negro. En 1993 fueron transferidas, con balsero incluido, Gosmar Alvez, el "Negro Cantry", a la laguna Garzón. Algunos han llegado a reverenciarlas como "ecológicas", aunque de eso tengan poco y nada: gruesas chapas, tubos y lingas de acero, y una lancha que quema combustible para arrastrarlas. Se propuso moverlas con un guinche eléctrico, en nombre del ambiente, pero los automóviles que cruzan por ellas, hasta 500 en un día de temporada y 40.000 al año, seguirán consumiendo petróleo.

"El puente en sí es irrelevante", sostiene Eduardo Ballester, un argentino radicado desde hace 11 años en Maldonado que integra en José Ignacio la ONG Faro Limpio; "lo que importa es lo que se haga del otro lado del puente".

El arquitecto Jorge Rucks, director nacional de Medio Ambiente (Dinama), afirma que "todo indica que no hay mayores problemas ambientales" si se construye un puente adecuado, un poco más largo que el planeado originalmente. "El problema es la percepción local", precisa. "Eso fue claro en las audiencias públicas realizadas: en Maldonado velan por su entorno, en tanto en Rocha creen que si no tienen puente están embromados en términos de desarrollo".

Sin embargo Martín Pittaluga, concejal por el Frente Amplio del Municipio de Garzón, que también incluye a José Ignacio, se opuso con tenacidad a la construcción del puente, a contramano de su propio sector político. Durante años defendió el sistema de balsas como parte de "un turismo diferente" y freno al desarrollo a cualquier costo que predomina en Maldonado. Al fin de cuentas la zona entre las lagunas Garzón y de Rocha ya está comunicada también por caminería de balasto que sale en forma de peine desde la ruta 9, lo que amortigua el impacto ambiental aunque obligue a dar un rodeo.

Pittaluga, quien en el pasado presidió la Junta Local de Garzón y es empresario gastronómico en José Ignacio, estima que "un puente hará que el tránsito vehicular sea mucho mayor que el que existe ahora y perjudicará todo el entorno de la laguna Garzón". Se define como "desarrollista" del sector turístico, pero no a cualquier precio ni con mirada de corto plazo. "No es un puente necesario, vital", dice, "sino uno con el que se pretende acelerar los ocho o 10 desarrollos inmobiliarios", en general de media y alta gama, que se proponen o planean en la zona. "Mucha gente busca ahora un turismo diferente, más arisco, de acceso más difícil y más lento: apagar el motor del coche", insiste.

PUENTE SÍ, ¿PERO QUÉ PUENTE? Las protestas de los vecinos de la laguna Garzón, unidas a observaciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), condujeron a un cambio en la actitud del Ministerio de Transporte, que en 2009 proponía hacer un puente vulgar: otra cinta de cemento de tránsito rápido.

Por fin el gobierno se comprometió a proteger el área de la laguna Garzón, a modificar el proyecto inicial de puente y a no convertir la ruta 10 en una ruta nacional, de paso rápido. Se privilegiarán los accesos a la nueva zona de emprendimientos turísticos por ruta 9, aunque haya que recorrer 10 o 20 kilómetros más.

Con el visto bueno de Dinama, la Intendencia de Rocha estableció un ordenamiento del desarrollo turístico entre la laguna Garzón y la laguna de Rocha, aunque ciertos fraccionamientos añejos serán respetados. Las nuevas reglas dicen que los terrenos deberán tener un mínimo de 2.000 metros cuadrados, y que las construcciones no podrán realizarse a menos de 250 metros de la costa.

En buen romance: la nueva frontera del turismo de clase media-alta, una suerte de prolongación del eje Punta Ballena-Punta del Este-José Ignacio, será de baja densidad de población y en terrenos amplios alejados de la costa del océano Atlántico.

"Nadie se atreve ahora a ningunear el territorio (en torno a la laguna Garzón), a convertirlo en otro paso rápido que conduzca a ninguna parte", afirma Guzmán Artagaveytia, uno de los propietarios del restaurante La Huella, en José Ignacio.

En ese punto del debate apareció el célebre arquitecto Rafael Vignoly, autor del nuevo Aeropuerto Internacional de Carrasco, un habitué de la zona y enemigo del desarrollismo a toda vela, quien diseñó para el Ministerio de Transporte un extraño puente-balsa, "amigable" con el entorno, un compromiso salomónico.

Pero el proyecto Vignoly, dos curiosas vías paralelas de madera, aluminio y fibra de vidrio montadas sobre balsas que adoptan formas inusitadas, incluso un círculo, fue rápidamente cuestionado por Eduardo Constantini, un empresario argentino que desarrolla entre las lagunas Garzón y de Roca el barrio privado Las Garzas (ver recuadro). El puente es complejo, caro de mantener y no permite el paso de embarcaciones por debajo, afirmó Constantini, quien en 2008 estaba dispuesto a poner dinero de su bolsillo, hasta tres millones de dólares, para financiarlo.

Jorge Rucks, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, defiende el proyecto Vignoly: "Es un concepto, una idea" que se integra bien con el entorno y obliga a un tránsito vehicular más lento. El proyecto está a estudio del Ministerio de Transporte, que resolverá. Otras personas, sin embargo, dicen en voz baja que el proyecto de puente flotante y cimbreante es complejo y costoso, una excentricidad más digna de un reino del Golfo Pérsico que de Uruguay.

Sustituto de la balsa
El 6 de junio el arquitecto Rafael Vignoly presentó un esbozo de puente "amigable" con el entorno: dos vías de madera, aluminio y fibras que flotan sobre 22 balsas y adoptan formas diversas. El puente-balsa sustituiría a la balsa, pero parece caro.

NORMAS ESTRICTAS PARA LA FRANJA
Balnearios de baja densidad
Punta Ballena, Punta del Este, Cabo Polonio, Punta del Diablo: no hay forma de desarrollo que no sea cuestionable, aunque al fin el turismo, componente básico de la cultura contemporánea, siempre se abre paso y altera el ambiente original.

El debate en torno al puente sobre la laguna Garzón "es más amplio que el puente en sí mismo", dice el arquitecto Jorge Rucks, director nacional de Medio Ambiente: "también importa el impacto territorial y ambiental".

En mayo de 2009 la Dinama dio categoría C al puente proyectado por el Ministerio de Transporte, lo obligó a presentar un estudio de impacto ambiental más completo y a someter el proyecto a consideración de la población en audiencias públicas.

Después de mucho debate las autoridades se comprometieron a convertir la zona de la laguna Garzón, un espejo de agua de 18 kilómetros cuadrados, en un área protegida, como ya lo es la laguna de Rocha (76 kilómetros cuadrados, más amplios humedales), que permanece aislada del cercano balneario La Paloma. Su categoría de "área protegida" impide realizar fraccionamientos destructivos en los alrededores.

Los 33 kilómetros que median entre las lagunas Garzón y de Rocha se unen por la ruta nacional Nº 10, una vía de balasto que corre paralela a la costa y que, a medida que se acerca a la laguna de Rocha, se convierte en una senda de difícil tránsito vehicular. El gobierno se comprometió a desafectar la 10 como ruta nacional, lo que permitirá mantener su rusticidad y disminuir la velocidad del tránsito. A cambio se privilegiará el acceso a la costa oceánica desde la ruta 9 mediante caminos perpendiculares. Uno de ellos ya está en óptimas condiciones.

La ruta 10 corre a cierta distancia del océano Atlántico. Jorge Rucks, de Dinama, sostiene que las "ramblas cercanas a la costa son destructivas e inducen a una forma de turismo. Se tratará de no repetir en Rocha la barrera visual hacia el océano que se hizo entre La Barra del arroyo Maldonado y José Ignacio", con desarrollos hacinados sobre la costa y enclaves desmañados como el Complejo Terminal del Este (Boya Petrolera) de Ancap.

La franja costera entre las dos lagunas hoy es habitada por escasas personas: algunos núcleos de pescadores, unos pocos productores rurales, obreros que trabajan en nuevos fraccionamientos y "gente de plata que tiene casa por acá", dice un lugareño.

En ese territorio, a partir de la década de 1930 se realizaron fraccionamientos con calles apretadas, en damero, y terrenos pequeños. No prosperaron. La Intendencia de Rocha fomentó la recompra de esos terrenos y fijó nuevas normas de loteo: más amplitud, más lejanía del océano, menor densidad. Procura atraer un turismo más parecido al de José Ignacio que al de La Paloma. El resultado recién se verá en unas décadas.

26%
caerían las transacciones inmobiliarias este año en Maldonado según estimaciones de la Intendencia.

23,5%
en términos reales cayó en abril la recaudación del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales.

4.200
dólares se pide por metro cuadrado en la zona de la playa Brava, cuando en 2007 se vendía a 2.187.

MIGUEL ARREGUI - Suplemento Que Pasa - El Pais