Soriano: disuelven GEO por incidentes

El Ministerio del Interior es objeto de una demanda judicial por abuso policial contra un recluso capturado tras una fuga, quien continúa internado en el CTI de un sanatorio local, en grave estado. El caso ha dividido las aguas en Mercedes.



El abogado Diego Durand, defensor de la familia de Alfredo Arroyo Machín, procesado por un delito de rapiña y adicto a la pasta base, presentó dos demandas penales y una civil.

En tanto, el Jefe de Policía de Soriano, Inspector General Washington Curbelo, disolvió al Grupo GEO.

La drástica medida se adoptó como consecuencia de los excesos constatados por la Justicia, que culminaron con el procesamiento con prisión de un policía, y debido a la crisis interna que se desató posteriormente con incidentes callejeros entre funcionarios del GEO (Grupo Especial de Operaciones) y policías de la Dirección de Investigaciones.

Al panorama de inestabilidad, se sumó la marcha organizada por sindicatos de funcionarios policiales, quienes formularon duras críticas y responsabilizaron de los hechos a los integrantes del comando policial mercedario.

En el comunicado oficial, Jefatura informó públicamente que las funciones del grupo disuelto, fueron asignadas al equipo de Patrullaje y Operaciones. "Eventualmente, si se requiriera el concurso de Grupos Tácticos ante circunstancias de emergencia, se solicitará apoyo a unidades ajenas a esta Jefatura. (Guardia Nacional Republicana y Jefaturas de Policía Departamentales de la Región)", expresaba el comunicado oficial.

Curbelo ordenó que se reintegrara a depósito todo el equipamiento especial de los GEO y que sus funcionarios sean reasignados rápidamente a otras dependencias.

Asimismo, encomendó al Estado Mayor que en un plazo de diez días, elabore un proyecto para la conformación de un nuevo agrupamiento táctico.

DEMANDAS. Mientras en Jefatura se adoptaba este conjunto de medidas, en el juzgado letrado de 1ª Instancia a cargo de María del Carmen Roybal, el abogado Diego Durand, presentaba cargos contra el Ministerio del Interior, exigiendo mayores responsabilidades.

"La denuncia está vinculada a hechos irregulares en el procedimiento de detención y previo al ingreso en el hospital, lo que podría derivar también en hechos de responsabilidad civil", informó el abogado patrocinante de la familia Arroyo.

Durand explicó a El País que existen dos situaciones esenciales. "Lo primero es el actuar irregular donde hay vecinos como testigos y porque además se hace un allanamiento en horas de la noche, por lo que entendemos que no están dadas las garantías. Lo que nos causa indignación es cómo se hace la detención y en las condiciones en las que Arroyo llegó al hospital, defecado y envuelto en una frazada ensangrentada".

El profesional también discrepó con la calificación judicial. "Si bien el auto de procesamiento es modificable de oficio tanto en la acusación como en la sentencia, entendemos que Arroyo presenta lesiones gravísimas y prácticamente tiene el páncreas en un hilo. Su salud se deteriora cada día", agregó.

Dijo que tiene elementos como para suponer que la manipulación de la escopeta "podría tratarse de un disparo intencional".

Puntualizó que pasaron 48 horas de la detención "y recién ahí le extirparon coágulos de sangre con perdigones y hasta restos de cartucho de la munición, lo que ha generado el grado de las lesiones que hoy tiene". Sostuvo que las balas de goma se utilizan para disuadir. "Si le dejan restos de cartucho dentro del cuerpo, evidentemente estamos hablando de una corta distancia en el disparo efectuado".

Durand hizo énfasis en su indignación por el trato que calificó como de "tipo animal" al que fue sometido el recluso de 28 años y anunció que también denunció al médico que lo atendió en primera instancia y no se percató de la herida de bala que presentaba.

"Eso también está denunciado para que lo investigue la Justicia, porque dicho por los médicos que ahora lo atienden, si se hubiera afrontado a tiempo, hoy probablemente estaría mejor. La operación se hizo 48 horas después de ingresado al hospital", señaló Durand.

El abogado dijo sentir "indignación e impotencia, porque ser adicto a la pasta base no justifica que se hable vulgarmente de un "pichi" y que por esa situación se abuse con derecho a lesionarlo de gravedad. Hubiera correspondido tratarlo, lo mejor hubiera sido una rehabilitación" y recordó que fue procesado con prisión "por una rapiña impropia de un celular, producto de la adicción".

MERCEDES | DANIEL ROJAS - El País Digital