Acciones de un grupo argentino en YPF podrían ser expropiadas


El próximo paso del gobierno argentino en la transformación de YPF es retener para el Estado el 25% de las acciones que el Grupo argentino Petersen (Eskenazi) tiene aún en la petrolera y por el cual deben todavía unos 2.900 millones de dólares.
En los planes de la Casa Rosada figura la idea de ofrecer después ese paquete accionario a una o varias empresas extranjeras para asegurar inversiones y producción de hidrocarburos.
"Todo avanza para que el Estado se quede con las acciones de los Eskenazi sin poner un peso", dijo un funcionario de alta jerarquía.
Para asegurarse el control completo de la compañía, la presidenta Cristina Fernández buscará dirigir el reparto de las acciones entre las diez provincias petroleras agrupadas en la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). En conjunto, éstas tendrán casi el 25% del paquete de YPF cuando se apruebe en la Cámara de Diputados la ley que dispone la expropiación el miércoles.
"La negociación entre ellas será secundaria. El gobierno pondrá las reglas de juego", confió una alta fuente oficial de la Casa Rosada. También en Olivos se decidirá sobre el reparto de regalías y de directores provinciales en el nuevo directorio de YPF.
Así, Fernández controlaría todo el negocio y la estrategia de la empresa, pese a que el Estado sólo se reservó el 26% de las acciones para completar el 51% que tendrá el sector público (Nación más provincias), según la ley.
MECANISMO. "Todo se encamina a que el Estado le ofrecerá al Grupo Petersen un acuerdo para forzarla a transferirle sus acciones; luego ellos negociarían con Repsol y los bancos acreedores su deuda por la compra de 2008, dijo un ministro. Es posible que termine resolviéndose con el ingreso de un tercer actor: una o más empresas petroleras que compren esa parte y acuerden con los acreedores".
Las fuentes oficiales no descartan que el 25% de las acciones del Grupo Petersen terminen en forma indefinida en manos del Estado nacional. Todo esto lo decidirán la presidenta y los interventores en YPF: el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof.
El gobierno descuenta que no deberá pagar un solo peso por indemnizar a Repsol por la toma compulsiva del 51% de su paquete accionario. Pero Repsol estima un resarcimiento de 10.500 millones de dólares. Seguramente todo terminará en un largo juicio ante el tribunal arbitral del Banco Mundial.
También por supuestas irregularidades, la Casa Rosada estima que podrá absorber las acciones de sin aportar recursos. "No están todos los papeles en orden", sugieren fuentes del gobierno. "Todavía no está definido el mecanismo de esta transferencia. Es lo que se está analizando", agregan.
DEUDA. La deuda de Petersen es de 2.900 millones de dólares y los acreedores son los bancos Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas, Citi, Itaú y Santander. El mes próximo tiene un vencimiento de 400 millones. "Hasta ahora no hay negociaciones", confiaron fuentes cercanas a los Eskenazi.
La empresa esperará a que se complete el proceso de ingreso del Estado en YPF, cuando se apruebe la ley de expropiación. Sólo entonces se definirá con los bancos los pasos a seguir. "El grupo está al día con sus acreedores", dijeron allí.
En Petersen se respira una clara resignación: el 25% de las acciones es un paquete tentador para que el gobierno kirchnerista lo tome con la idea de ofrecerlo a otros empresarios y así constituir la petrolera público-privada.
Visto del lado empresario, cualquier grupo del mundo que quisiera hacerse de ese capital accionario deberá hacerlo sólo si cuenta con un previo acuerdo con el gobierno.
En tanto, en un gesto de rebeldía a la decisión partidaria, un puñado de diputados radicales anunció que se retirará del recinto para no aprobar el proyecto que dispone la expropiación de las acciones.

LA CIFRA

2.900

Son los millones de dólares que el grupo Eskenazi debe a sus acreedores. En mayo tiene un vencimiento de US$ 400 millones.
BUENOS AIRES | LA NACIÓN/GDA

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