La noticia que por tres semanas se había mantenido bajo siete llaves generó gran conmoción en el Poder Judicial. Una jueza muy querida por sus colegas, con fama de intachable y cara visible de la magistratura por estar dos períodos al frente de la gremial de jueces, estaba detenida y sería procesada en horas por haberse apropiado de US$ 55 mil incautados en distintos procedimientos judiciales vinculados a narcotráfico, proxenetismo y aborto.
“No tengo el dinero. No gasté ni un peso de ese dinero en beneficio propio”, declaró la magistrada, según pudo saber El Observador. De hecho, durante la indagatoria se pidió su declaración jurada y cuentas bancarias y se comprobó que no tiene bienes, y que por el contrario tiene deudas de $ 500 mil. Damasco es representada por la defensora de oficio Verónica Acuña.
La indagatoria llevada adelante por el juez Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero dejó la sospecha de la implicancia de más personas en la maniobra, lo que abre nuevas líneas para la investigación, que está en fase inicial.
Damasco declaró en el juzgado que si decía por qué había cometido el delito “involucraba a otras personas”.
En los tres expedientes en los que se detectaron irregularidades, la fiscal que intervino fue Olga Carballo. Otra magistrada de prestigio, cuyo nombre sonó para ocupar la Fiscalía de Corte y que en julio de 2008, renunció repentinamente a la Fiscalía y se radicó en Nueva Zelanda.
El juez Díaz dijo este miércoles que por el momento no se pudo probar la participación de otras personas. Apuntó a las actuarias del juzgado que firmaron las órdenes por las cuales Damasco retiró el dinero del banco. La jueza las dejó afuera, ya que declaró que no tenían nada que ver, sino que ella “abusó de su confianza” porque sin doble firma no era posible hacer retiros.
En los oficios que la jueza redactaba para sacar el dinero señalaba que “iba a ser entregado en la sede a los damnificados”.
Además, según dijeron fuentes del caso, los investigadores policiales confirmaron que Damasco era de los pocos jueces que pedían que siempre le entregaran en mano el dinero incautado en los procedimientos.
Al verse descubierta, presentó el lunes por correo electrónico su renuncia a la Asociación de Magistrados. Este miércoles, antes de ser procesada por el juez Jorge Díaz por siete delitos de peculado, renunció a la magistratura. De esta manera eludió la responsabilidad administrativa que terminaría seguramente en la destitución por parte de la Suprema Corte. Pero no elude la responsabilidad penal. De ser condenada, al final del proceso, también será inhabilitada para ejercer la profesión.
El artículo 153 del Código Penal castiga al funcionario público que se apropia de dinero o cosas muebles, de las que estuviera en posesión por razón de su cargo, y tiene una pena que va del año de prisión a los seis años de penitenciaría. También prevé inhabilitación de dos a seis años.
La fiscal Ferrero también pidió procesarla por estafa porque el último retiro bancario lo realizó cuando ya era ministra del tribunal. No obstante, el juez no hizo lugar de momento a esa solicitud e incluyó ese pago dentro del peculado.
Dado el cargo que hasta este miércoles ostentaba, el juez dispuso que fuera recluida en la Guardia Republicana, en Minas y Gaboto. Allí fue acondicionado un lugar especial para que la magistada no fuera a una cárcel común por razones de seguridad, señaló Díaz.
Autosaneado
Luego de resolver el procesamiento de su colega, Díaz atendió en su despacho a los periodistas y explicó los detalles del caso. Visiblemente acongojado, el juez destacó que era un día “difícil” para el Poder Judicial, pero que con esta investigación el organismo “se autosanea”.
La indagatoria surgió del juzgado donde antes estuvo Damasco y en el que la jueza Adriana De los Santos dispuso una investigación administrativa.
“Acá no hubo una denuncia de un particular, no hubo una investigación policial, no hubo una solicitud de investigación del ministerio público, sino que lo que existió fue una magistrada judicial que detecta irregularidades en un expediente”, expresó Díaz.
El juez enfatizó que para el Poder Judicial “no importa el nombre, no importa el cargo, no importa la fama, no importa el dinero y no importa el poder para la Justicia de este país”, señaló.
El ilícito fue descubierto porque uno de los procesados en un expediente por una clínica abortiva reclamó el dinero que le habían incautado. A partir de ese reclamo De los Santos descubrió que faltaba el dinero. Según surge de la indagatoria, uno de los abogados que declaró en el expediente dijo que había denunciado ante la Suprema Corte de Justicia el faltante del dinero pero que la corporación archivó el caso.
Ahora la Corte tendrá que evaluar la actuación administrativa de las actuarias del juzgado y resolver si les cabe algún tipo de responsabilidad funcional.
Dos modalidades
Según consta en el auto de procesamiento al que accedió El Observador, la jueza cometió el delito de dos modalidades: en algunos casos se quedó con dinero incautado en procedimientos que le entregó la Policía, y en otros libró una orden de pago para que el BROU le entregara parte del dinero depositado. Tres veces recibió dinero “y no lo depositó en el BROU” y cuatro veces libró oficios al BROU para que le entregara dinero allí depositado. En total la jueza se apoderó de 4.000 euros, US$ 9.000, 10 mil euros y US$ 25 mil. Estas últimas dos sumas eran dinero incautado en la denominada Operación Chimed, uno de los casos más grandes de narcotráfico cuya investigación inicial estuvo a su cargo. Los otros dos expedientes estaban vinculados a un caso de proxenetismo y aborto.
“No tengo el dinero. No gasté ni un peso de ese dinero en beneficio propio”, declaró la magistrada, según pudo saber El Observador. De hecho, durante la indagatoria se pidió su declaración jurada y cuentas bancarias y se comprobó que no tiene bienes, y que por el contrario tiene deudas de $ 500 mil. Damasco es representada por la defensora de oficio Verónica Acuña.
La indagatoria llevada adelante por el juez Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero dejó la sospecha de la implicancia de más personas en la maniobra, lo que abre nuevas líneas para la investigación, que está en fase inicial.
Damasco declaró en el juzgado que si decía por qué había cometido el delito “involucraba a otras personas”.
En los tres expedientes en los que se detectaron irregularidades, la fiscal que intervino fue Olga Carballo. Otra magistrada de prestigio, cuyo nombre sonó para ocupar la Fiscalía de Corte y que en julio de 2008, renunció repentinamente a la Fiscalía y se radicó en Nueva Zelanda.
El juez Díaz dijo este miércoles que por el momento no se pudo probar la participación de otras personas. Apuntó a las actuarias del juzgado que firmaron las órdenes por las cuales Damasco retiró el dinero del banco. La jueza las dejó afuera, ya que declaró que no tenían nada que ver, sino que ella “abusó de su confianza” porque sin doble firma no era posible hacer retiros.
En los oficios que la jueza redactaba para sacar el dinero señalaba que “iba a ser entregado en la sede a los damnificados”.
Además, según dijeron fuentes del caso, los investigadores policiales confirmaron que Damasco era de los pocos jueces que pedían que siempre le entregaran en mano el dinero incautado en los procedimientos.
Al verse descubierta, presentó el lunes por correo electrónico su renuncia a la Asociación de Magistrados. Este miércoles, antes de ser procesada por el juez Jorge Díaz por siete delitos de peculado, renunció a la magistratura. De esta manera eludió la responsabilidad administrativa que terminaría seguramente en la destitución por parte de la Suprema Corte. Pero no elude la responsabilidad penal. De ser condenada, al final del proceso, también será inhabilitada para ejercer la profesión.
El artículo 153 del Código Penal castiga al funcionario público que se apropia de dinero o cosas muebles, de las que estuviera en posesión por razón de su cargo, y tiene una pena que va del año de prisión a los seis años de penitenciaría. También prevé inhabilitación de dos a seis años.
La fiscal Ferrero también pidió procesarla por estafa porque el último retiro bancario lo realizó cuando ya era ministra del tribunal. No obstante, el juez no hizo lugar de momento a esa solicitud e incluyó ese pago dentro del peculado.
Dado el cargo que hasta este miércoles ostentaba, el juez dispuso que fuera recluida en la Guardia Republicana, en Minas y Gaboto. Allí fue acondicionado un lugar especial para que la magistada no fuera a una cárcel común por razones de seguridad, señaló Díaz.
Autosaneado
Luego de resolver el procesamiento de su colega, Díaz atendió en su despacho a los periodistas y explicó los detalles del caso. Visiblemente acongojado, el juez destacó que era un día “difícil” para el Poder Judicial, pero que con esta investigación el organismo “se autosanea”.
La indagatoria surgió del juzgado donde antes estuvo Damasco y en el que la jueza Adriana De los Santos dispuso una investigación administrativa.
“Acá no hubo una denuncia de un particular, no hubo una investigación policial, no hubo una solicitud de investigación del ministerio público, sino que lo que existió fue una magistrada judicial que detecta irregularidades en un expediente”, expresó Díaz.
El juez enfatizó que para el Poder Judicial “no importa el nombre, no importa el cargo, no importa la fama, no importa el dinero y no importa el poder para la Justicia de este país”, señaló.
El ilícito fue descubierto porque uno de los procesados en un expediente por una clínica abortiva reclamó el dinero que le habían incautado. A partir de ese reclamo De los Santos descubrió que faltaba el dinero. Según surge de la indagatoria, uno de los abogados que declaró en el expediente dijo que había denunciado ante la Suprema Corte de Justicia el faltante del dinero pero que la corporación archivó el caso.
Ahora la Corte tendrá que evaluar la actuación administrativa de las actuarias del juzgado y resolver si les cabe algún tipo de responsabilidad funcional.
Dos modalidades
Según consta en el auto de procesamiento al que accedió El Observador, la jueza cometió el delito de dos modalidades: en algunos casos se quedó con dinero incautado en procedimientos que le entregó la Policía, y en otros libró una orden de pago para que el BROU le entregara parte del dinero depositado. Tres veces recibió dinero “y no lo depositó en el BROU” y cuatro veces libró oficios al BROU para que le entregara dinero allí depositado. En total la jueza se apoderó de 4.000 euros, US$ 9.000, 10 mil euros y US$ 25 mil. Estas últimas dos sumas eran dinero incautado en la denominada Operación Chimed, uno de los casos más grandes de narcotráfico cuya investigación inicial estuvo a su cargo. Los otros dos expedientes estaban vinculados a un caso de proxenetismo y aborto.
Díaz concluyó que Damasco “tuvo la intención y obtuvo el resultado de apropiarse en su provecho de dinero depositado”.
Primera ministra pero no primer juez procesado
Damasco es la primera ministra de un tribunal de apelaciones en ser procesada, pero hubo otros magistrados que fueron a prisión por cometer delitos. En la década de 1990 fue procesado con prisión el juez Pérez Delgado, quien en juicios de desalojo llamó a una de las partes para pedirle plata. Fue grabado en su maniobra y procesado por la jueza Ofelia Grezzi. En abril del 2003 el fiscal Carlos García Altolaguirre fue condenado por corrupcion y por recibir coimas de narcotraficantes y sospechosos del lavado de dinero a cambio de darles la libertad. El 14 de abril del 2009 el juez Mijail Rottas fue procesado con prisión en Rivera. Se le imputó el delito de “conjunción del interés personal y público”, al constatar irregularidades al entregar una moto como depositario a un hombre que, a su vez, es familiar de su esposa. Fue separado de su cargo en Mercedes, se le retuvo su sueldo y le inició un sumario administrativo.
Perfil
La jueza Anabella Damasco fue durante los últimos seis años la cara visible de la judicatura. El sábado pasado compartió una mesa con el presidente de la Corte, Leslie Van Rompaey, en una conferencia sobre derechos humanos y nadie en el auditorio sospechaba que era indagada. Era jueza desde 1989. Ejerció principalmente en materia penal, y se especializó en Crimen Organizado, por lo cual se perfilaba para desempeñarse en las sedes especializadas, pero fue ascendida a ministra del Tribunal de Apelaciones Penal. Estaba en su segundo período al frente de la Asociación de Magistrados.
Primera ministra pero no primer juez procesado
Damasco es la primera ministra de un tribunal de apelaciones en ser procesada, pero hubo otros magistrados que fueron a prisión por cometer delitos. En la década de 1990 fue procesado con prisión el juez Pérez Delgado, quien en juicios de desalojo llamó a una de las partes para pedirle plata. Fue grabado en su maniobra y procesado por la jueza Ofelia Grezzi. En abril del 2003 el fiscal Carlos García Altolaguirre fue condenado por corrupcion y por recibir coimas de narcotraficantes y sospechosos del lavado de dinero a cambio de darles la libertad. El 14 de abril del 2009 el juez Mijail Rottas fue procesado con prisión en Rivera. Se le imputó el delito de “conjunción del interés personal y público”, al constatar irregularidades al entregar una moto como depositario a un hombre que, a su vez, es familiar de su esposa. Fue separado de su cargo en Mercedes, se le retuvo su sueldo y le inició un sumario administrativo.
Perfil
La jueza Anabella Damasco fue durante los últimos seis años la cara visible de la judicatura. El sábado pasado compartió una mesa con el presidente de la Corte, Leslie Van Rompaey, en una conferencia sobre derechos humanos y nadie en el auditorio sospechaba que era indagada. Era jueza desde 1989. Ejerció principalmente en materia penal, y se especializó en Crimen Organizado, por lo cual se perfilaba para desempeñarse en las sedes especializadas, pero fue ascendida a ministra del Tribunal de Apelaciones Penal. Estaba en su segundo período al frente de la Asociación de Magistrados.