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lunes, 28 de agosto de 2017

100 familias policiales obtendrán su vivienda.

Las 100 familias policiales es el objetivo fijado para este 2017 por las autoridades como meta para cambiar la situación habitacional del personal más comprometido en el tema de vivienda.


Las condiciones sociales de vida de los funcionarios policiales ha sido un tema recurrente en la agenda nacional. Incluso, el argumento de que muchos viven en lugares signados por problemas de convivencia y criminalidad no solamente ha sido expuesto por diversos actores, sino que además fue demandado por los propios funcionarios a través de las organizaciones sindicales que los agrupan.

Con la finalidad de detectar en forma precisa las características socio económicas de los policías y abordar profesionalmente los casos de mayor vulnerabilidad, en 2015 el Ministerio del Interior llevó adelante un relevamiento nacional de todo su personal con características censales. Entre diferentes aspectos consultados, la situación, respecto a la vivienda, ocupó un lugar preponderante lo que permitió detectar – en base a las declaraciones de los policías – diferentes escenarios y problemáticas.

Un techo digno

Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con la ubicación de la vivienda y la precariedad de la misma. El procesamiento de los datos relevados mostró que de 26.362 formularios censados, 1.107 son de policías que habían manifestado estar viviendo en un asentamiento. Ese elemento confirmaba una problemática sin solución a pesar de las importantes mejoras salariales de los últimos años; se mantenían valores levemente inferiores al año 2007 (fecha del 1er. censo policial).

Para atender ese sector, que concentra diversas vulnerabilidades y resulta imposible contemplar íntegra y simultáneamente, el Ministerio del Interior acordó junto a los sindicatos policiales, ciertos criterios de selección, respetando -ante todo- el interés de los policías en modificar su situación habitacional.

En ocasión de presentarse al Parlamento el proyecto de Presupuesto Nacional aprobado por la Ley Nº 19.355 para el actual período de gobierno, se amplió el fondo oportunamente creado con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda digna y decorosa del personal policial. Con la vigencia de dicha ley, el monto acumulable en forma mensual por el aporte del 1% del sueldo de cada policía (0,85% para vivienda y 0,15% para tutela  policial), es posible la elaboración de una política de vivienda posible. 

Fideicomiso de administración

Desde la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior se promovió la creación de una Comisión de Vivienda integrada por autoridades de esta Secretaría de Estado, personal profesional, técnicos y representantes sindicales, explorando diferentes alternativas y coordinación de acciones.

En tal sentido, se creó un fideicomiso que será administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo, acuerdo mediante con el Ministerio del Interior, garantizando que los fondos recaudados se destinen exclusivamente a viviendas de acuerdo a lo establecido por ley.

Simultáneamente, la suscripción de un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, habilitó la asignación de cupos para los funcionarios policiales en las soluciones habitacionales elaboradas por esa cartera. Como contrapartida, con el apoyo del Fondo de Vivienda, se garantiza y facilita a los funcionarios policiales el ahorro previo necesario para ser beneficiario de los planes para la adquisición de vivienda nueva.

La Comisión de Vivienda acordó priorizar acciones para atender aproximadamente 100 soluciones habitacionales en esta primera etapa, haciendo foco en los policías que residían en asentamientos de la zona metropolitana (Montevideo, Canelones y San José), o que hubieren sido objeto de amenaza por su condición de Policías. Asimismo, dentro del personal seleccionado se priorizaron los hogares con algún integrante del núcleo familiar discapacitado, menores y/o jefas de hogar con personas a cargo.

La Dirección Nacional de Asuntos Sociales de la cartera, con el apoyo del MVOTMA, conformó un equipo de licenciados en trabajo social para la realización de entrevistas en los hogares seleccionados con el fin de verificar los criterios establecidos por la Comisión. Como resultado de ello, se verificó en la mayoría de los casos que mantenían las condiciones declaradas en 2015, siendo personas sin posibilidades de acceso al crédito para los planes de vivienda ofrecidos por el mercado, particularmente por endeudamientos previos contraídos y retenciones de diversa índole.

Ante esta situación, el Ministerio del Interior atenderá soluciones específicas a fin de mejorar las condiciones habitacionales de los involucrados. Los beneficiarios accederán al crédito para la compra de vivienda nueva dentro de los planes del MVOTMA o a la vivienda usada ofertada en el mercado inmobiliario.

El monto facilitado por el Fondo de Vivienda será reintegrado por el funcionario policial en cuotas mensuales y consecutivas en un plazo máximo de 30 años a valores constantes y sin intereses.

Las primeras 30 de 100

En pocas semanas se hará entrega a los beneficiarios de las primeras 31 viviendas asignadas (15 viviendas usadas y 16 a estrenar), esperando alcanzar el centenar de viviendas asignadas a fines de este 2017, dando cumplimiento a la meta prevista.

Fuente: Dirección Nacional de Asuntos Sociales.

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