Intendentes negocian con gobierno nacional el monto de las transferencias presupuestarias

Preocupados por algunas señales que está dando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en torno a las políticas que podrían determinar los montos que el gobierno central transferiría a las intendencias (Ejemplo: Decreto 90/2020 del Poder Ejecutivo, que solicita a los ministerios un recorte del 15 % de los gastos), el Congreso Nacional de Intendentes (CI)- actualmente integrado por jerarcas que cesarán tras los próximos comicios de setiembre) se declaró en sesión permanente a partir del encuentro extraordinario del organismo, celebrado el pasado 8 de julio.

El Intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, informó que el cónclave acordó confeccionar una plataforma cuyo plazo máximo de elaboración es el 31 de julio, cuando se inicien las negociaciones relativas a las transferencias que influirán determinantemente en la gestación del presupuesto de los gobiernos departamentales durante el próximo quinquenio.

Desde el CI se entiende que, aun reconociendo las dificultades económicas que aquejan al país, a la región y al mundo, el organismo debe abocarse a la búsqueda de alternativas posibles; teniendo en cuenta, sobre todo, la relevancia que los gobiernos departamentales tienen en el desarrollo de las políticas nacionales a nivel territorial.

Históricamente el CI, conformado por intendentes de diferentes partidos, siempre ha definido sus posicionamientos más allá del signo político del gobierno nacional de turno, en virtud de que las necesidades de todas las intendencias son similares en relación a las realidades que pautan la aplicación de las políticas departamentales.

Si el 3.33% de la recaudación nacional, que constitucionalmente le corresponde a las intendencias, fuera reducido, afectaría sensiblemente el desarrollo de las políticas de los gobiernos departamentales. En función de ello, la hoja de ruta del CI “establece, como prioridad, que se mantenga el porcentaje constitucionalmente estipulado, o en su defecto se establezca un piso mínimo equivalente al monto que las intendencias recibieron durante el presente año, actualizado por IPC”.

Levratto afirmó que, en ningún caso el CI podría aceptar que las intendencias reciban montos menores a los expuestos, porque ello “afectaría nuestros objetivos, nuestra propia operativa, nuestros gastos corrientes, nuestras obligaciones y nuestros compromisos como gobiernos departamentales”, aseveró.

Por otro lado, el hecho de que se prevea que el número de municipios del país (que actualmente se encuentra en 112) pase a 125 en el marco de la profundización de la Ley de descentralización y participación ciudadana, implica una mayor transferencia de fondos para que puedan desarrollar sus proyectos. En este sentido, el CI quiere re direccionar algunos recursos pertenecientes al FDI (Fondos de Desarrollo del Interior) y “coordinar con las políticas nacionales el resto de esos recursos para que, desde lo departamental y lo municipal, integremos las acciones concretas destinadas al verdadero desarrollo del interior”, consignó el jerarca.

Usualmente, lo que resuelve el CI en materia presupuestal se acuerda directamente con el Poder Ejecutivo. Para el caso de que no se arribe a un acuerdo, la Ley prevé que el tema pase al Poder Legislativo para que este dirima la situación.

El Intendente rionegrense concluyó consignando que el CI entiende que ese no debería ser el camino del gobierno central, sobre todo teniendo en cuenta la postura del sub director de OPP, José Luis Falero, quien por ser un ex intendente conoce la realidad de los gobiernos departamentales y “va a tener, seguramente, la sensibilidad para entender claramente cuál es nuestra preocupación, como CI, y lograr, por lo tanto, el mejor presupuesto posible para los próximos cinco años”.