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martes, 5 de mayo de 2020

Las políticas de austeridad en Brasil ponen en riesgo millones de vidas, afirman expertos de la ONU

Dos especialistas en derechos humanos afirman que el sistema sanitario del país sudamericano está sobrecargado y no consigue proteger el derecho a la salud y la vida de millones de brasileños. Destacan que ha llegado el momento de derogar una Enmienda Constitucional del año 2016 junto a "otras medidas de austeridad contrarias al derecho internacional de los derechos humanos".


Brasil ha de finalizar de inmediato las políticas de austeridad "equivocadas" que ponen en peligro las vidas de los brasileños y aumentar el gasto para combatir la desigualdad y la pobreza, advirtieron este miércoles dos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.

El experto independiente en derechos humanos y deuda externa, Juan Pablo Bohoslavsky, y el relator especial sobre la extrema pobreza, Philip Alston, consideran que "el brote de COVID-19 ha magnificado los impactos adversos de la enmienda constitucional de 2016 que limitó el gasto público en Brasil durante 20 años".

A modo de ejemplo, destacaron que sólo el 10% de los municipios brasileños tienen camas de cuidados intensivos y el Sistema Único de Salud no tiene ni siquiera la mitad del número de camas de hospital recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

"Los Estados de todo el mundo deberían construir un futuro mejor para sus poblaciones, no fosas comunes", indican los expertos de la ONU

Ambos expertos indicaron que "los recortes del Gobierno al financiamiento han violado las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo la educación, la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento y la igualdad de género".

Añadieron que el "debilitado" sistema sanitario brasileño está "sobrecargado" y que no consigue proteger el derecho a la salud y la vida de millones de personas que se encuentran en "grave riesgo", por lo que ha llegado el momento "de derogar la Enmienda Constitucional 95", junto a "otras medidas de austeridad contrarias al derecho internacional de los derechos humanos".

Brasil ya estaba advertido
Bohoslavsky y Alston instaron hace dos años a reconsiderar los programas de austeridad económica y expresaron su preocupación sobre las capas de población más afectadas por esas medidas como "las mujeres y los niños que viven en la pobreza, los brasileños afrodescendientes, las poblaciones rurales y las personas que viven en asentamientos informales".

"Los expertos condenaron la política de anteponer la ‘economía a la vida’, a pesar de los derechos humanos y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. "¿Economía para quién?", preguntaron."

"No es admisible poner en peligro la salud y la vida de las personas, incluidos los trabajadores de la salud, por el interés financiero de unos pocos", subrayaron. "¿Quién será responsable cuando las personas mueran debido a decisiones políticas que vayan en contra de la ciencia y el consejo médico experto?"  

Avances positivos, pero no suficientes
Pese a encomiar varias iniciativas como el ingreso básico de emergencia y las normas de distanciamiento social a nivel subnacional, destacaron que "es necesario hacer más".

Bohoslavsky recordó que recientemente formuló recomendaciones económicas, fiscales y tributarias concretas en una reciente declaración y carta a los gobiernos e instituciones financieras internacionales

La pandemia del coronavirus ha de servir a los países para replantear sus prioridades a través de mejoras de los sistemas universales de salud y protección social y efectuando reformas fiscales progresivas, añadieron.

"Los Estados de todo el mundo deberían construir un futuro mejor para sus poblaciones, no fosas comunes", concluyeron los expertos, que tuvieron el respaldo de varios de sus colegas**

**Los siguientes expertos respaldan la declaración de Juan Pablo Bohoslavsky y Philip Alston: Léo Heller, relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Hilal Elver, relatora especial sobre el derecho a la alimentación, Leilani Farha, relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Dainius Pūras, relator especial sobre el derecho a la salud física y mental; Koumbou Boly Barry, relatora especial sobre el derecho a la educación, y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas: Meskerem Geset Techane (Presidenta), Elizabeth Broderick (Vicepresidenta), Alda Facio, Ivana Radačić y Melissa Upreti.
©ONU

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