Ejecutivo de Río Negro elevó a Junta Dptal paquete de medidas que coadyuven a la reactivación económica del departamento

El Sec. Gral. de la Intendencia de Río Negro (IRN), Dr. Álvaro Debali, se refirió al proyecto de Decreto que el Ejecutivo de este organismo elaboró  atendiendo a las dificultades económicas que afectan al departamento a raíz de la actual coyuntura de emergencia sanitaria  por la que atraviesa el país  en virtud de la propagación del COVID 19.  El paquete de medidas contenidas en el mismo, el que fue elevado a la Junta Dptal para su consideración y posterior aprobación,  fue detallado por el jerarca que brindó las razones que llevaron a su determinación y explicó los objetivos que con el proyecto se procuran alcanzar.

Debali reflexionó acerca de que desde un principio nadie dudó de la necesidad del involucramiento del Estado para asistir a  quienes, a consecuencia de las medidas adoptadas para contener la propagación de la pandemia, vieron mermados sus ingresos o debieron suspender las actividades que generan su sustento diario: cuentapropistas, desocupados, trabajadores enviados al seguro de desempleo, etc.  En Río Negro el CECOED (Centro Coordinador de Emergencias Departamentales), afrontó la emergencia a través del PROA (Programa de Respuesta Organizada de Asistencia) que entre otras medidas creó la Canasta de Emergencia, la que fue entregada a más de 1000 personas y más de 2000 fueron asistidas a través de la Canasta MIDES.

Sin dejar de prestar la asistencia mencionada, la realidad dicta que se debe ingresar a la etapa de reactivación económica. Para el jerarca esto requiere la adopción de “señales y medidas” que contribuyan al desarrollo de dicho proceso: “Entendemos que el Estado Dptal, a través de su sistema político y de su principal actor, que es el gobierno departamental, tiene que estar a la altura de las circunstancias y por ello es que se envía este paquete de medidas”, consignó.

Beneficios tributarios, exoneraciones de tributos y artículos vinculados a la extensión  de contratos de consignatarios o adjudicatarios de ciertas licitaciones relacionadas principalmente con servicios turísticos integran el paquete de medidas propuesto.  Con respecto al último punto mencionado el jerarca reflexionó que resulta difícil que los concesionarios de servicios turísticos puedan planificar su temporada  hasta fines de noviembre, fecha en la que se produciría el cambio de mando del Ejecutivo Dptal. En virtud de ello resultaría razonable que se les permitiera “exceder el actual período de gobierno departamental y terminar toda la temporada y la post temporada estival en el año 2021”. La medida procura alcanzar dos objetivos: conservar esas fuentes laborales y asegurar los servicios a los usuarios.

En lo concerniente a beneficios tributarios se pretende exonerar del impuesto de contribución inmobiliaria urbana y del impuesto general respectivo a la atención de salubridad a aquellos contribuyentes que hayan sido enviados al seguro de paro o que hayan sido despedidos en el período que comienza a principios del mes de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria. También se incluye a quienes puedan demostrar que perciben menos de tres bases de prestaciones contributivas a la fecha de la solicitud. Además se prevé convocar a la Comisión de Quitas y Esperas (que es integrada también por la JDRN)  para que estudie la posible reducción o exoneración de cualquier impuesto, tasa o contribución departamental (que se originara en el período  comprendido desde enero a setiembre del presente año) de aquellos sujetos pasivos que sin encuadrar en las situaciones antes mencionadas puedan demostrar una sensible afectación económica producida por la situación pandémica o  que la eventual reducción o exoneración de tributos le permitan la contratación de personal u otras medidas que contribuyan a la reactivación económica departamental. Se prevé también el aumento de la exoneración de la contribución urbana para las micro y pequeñas empresas, prorrogar el plan de regularización de adeudos hasta el 26 de noviembre próximo e incluir en el mismo las deudas generadas en el transcurso del presente año.

El Dr. Debali consignó, además, que “entendimos que era un buen gesto prorrogar los beneficios del buen pagador para aquellos que lo tuvieran al 31 de diciembre del año pasado y que paguen su impuesto durante cualquier momento del 2020.

El proyecto también incluye otras disposiciones  esencialmente tendientes a colaborar desde el Gobierno del departamento con la dinamización de la economía mediante la obtención de fondos y, posteriormente, mediante la implementación de programas de reactivación económica que implican poder enajenar terrenos que la IRN posee y que no resultan aptos para ser destinados a reservas para espacios libres, equipamientos y carteras de tierras, como por ejemplo algunos predios ubicados en Las Cañas y en Los Arrayanes. Al respecto el jerarca reflexionó que “enajenar activos que pueden significar el ingreso de dineros que se volcarían a la ejecución de planes de reactivación económica es una señal que el Estado Departamental debe dar”.

El proyecto propuesto contiene algunas medidas que pueden ser aprobadas por mayoría simple y otras que requieren un mínimo de 21 voluntades de los miembros de la Junta Dptal, órgano que en virtud de las urgencias emanadas de las acuciantes circunstancias socioeconómicas actuales, deberá expedirse a la brevedad.