Gobierno e intendencias gestionarán una base de datos común para instrumentar políticas sociales

El Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes acordaron unificar las bases de datos de personas comprendidas por las políticas sociales nacionales, a fin de mejorar la gestión de recursos, el alcance de las prestaciones y sus resultados. Aunque la medida surgió ante la situación de emergencia sanitaria por el avance de la COVID-19, el objetivo es desarrollar una fortaleza institucional a futuro, señalaron las autoridades.


El acuerdo permitirá disponer de una base de datos común de las personas asistidas en todo el país por las políticas sociales diseñadas por Gobierno nacional o las intendencias, contemplando la protección y confidencialidad de los datos personales, informó el subsecretario de Desarrollo Social, Armando Castaingdebat, tras la reunión desarrollada este martes 31 en la Torre Ejecutiva. 

En la instancia participaron, además, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol; la presidenta del Congreso de Intendentes e intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, y el delegado del Congreso e intendente de Rivera, César García.

Castaingdebat indicó que se trata de una medida sencilla y de sentido común, “pero que no existía” y “marcará un antes y un después en el aterrizaje de las políticas sociales en el país”. Antes de la declaración de la emergencia sanitaria por parte del Gobierno, ya se pensaba trabajar en conjunto a este nivel, pero la COVID-19 lo aceleró, precisó.

El jerarca dijo que era imprescindible contar cuanto antes con esta base de datos, porque hay unos 390.000 uruguayos que no están comprendidos en planes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ni del Banco de Previsión Social (BPS). “Pretendemos, en esta primera etapa, obtener cuántos están comprendidos en los planes de los Gobiernos departamentales”, agregó.

En varios departamentos, ya se  trabaja en la unificación e identificación de la población que “no está en el radar” del ministerio, las intendencias y el BPS.  “La idea es dejar instalado, más allá de la actual situación de emergencia sanitaria, una fortaleza institucional”, para llevar a cabo de la mejor forma esta gestión de llevar las políticas sociales al territorio, con menos gasto de recursos y mejores resultados, puntualizó.

Para Peña, este acuerdo representa un avance sustancial para colaborar con las personas que “están por fuera de los procesos de ayuda del Estado”.

La jefa comunal consideró indispensable la asistencia brindada por las intendencias departamentales, a través de materiales y comedores locales, así como el trabajo de los comedores del Instituto Nacional de Alimentación (INDA). Para canalizar de manera efectiva esa ayuda, es importante el conocimiento del territorio que tienen las autoridades locales, como los intendentes, alcaldes y concejales, indicó.

Asimismo, informó que el Congreso de Intendentes trabaja para que los comercios privados no abran sus puertas al público durante Semana de Turismo. “Estamos en semanas que son clave en cuanto al cuidado de la salud y la expansión de la COVID-19”, remarcó.

Peña reconoció que, si bien el sector turístico incide de manera muy importante en la economía de muchos departamentos, “priorizamos la salud y la vida”.
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