Manifestaciones en Chile: No hay avances significativos para salvaguardar los derechos humanos

Aunque algunas medidas, como la colocación de cámaras que registran la actuación policial, van en la dirección correcta, ONU Derechos Humanos continúa recibiendo denuncias sobre palizas, atropellos, uso indebido de las herramientas de represión y otras abusos y violaciones.

El representante para América del Sur de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos indicó que continúa recibiendo alegaciones sobre vulneración de las garantías fundamentales “en el marco de las de manifestaciones sociales” en el país sudamericano.

Jan Jarab destacó que esta situación sucede tras cumplirse tres meses de la publicación del informe de la misión de la Oficina de la Alta Comisionada sobre Chile en el que se daba 21 recomendaciones para el Estado.

Jarab destacó que algunas medidas implementadas por el ejecutivo “van en la dirección correcta, como el aumento de cámaras corporales que registran el actuar policial, entre otras”, pero indicó que su Oficina no verificó “avances significativos” en la puesta en marcha de gran parte de las recomendaciones.

Entre las sugerencias del informe, se apunta la posibilidad de crear un mecanismo conjunto, que incluiría a la Oficina de la Alta comisionada en América del Sur y a la sociedad civil, y que daría seguimiento a la puesta en funcionamiento de dichas medidas junto a las de otros expertos internacionales en materia de derechos humanos.

La Oficina de la Alta Comisionada llamó a todas las autoridades, en especial a las que ostentan responsabilidades directas en materia de derechos humanos, “a redoblar sus esfuerzos” para llevar a cabo las recomendaciones del informe “de forma efectiva”, o de cualquier otra medida que sirva para afianzar “la plena vigencia” de las garantías fundamentales en el país sudamericano.

El problema de la violencia y el uso debido de la fuerza

Entre las varias recomendaciones del informe se encuentran las ligadas al uso apropiado de la fuerza, que incluye a las armas de baja capacidad letal, donde se indica que “los cartuchos de gas lacrimógeno nunca deben dispararse directamente a las personas, pues ello los hace potencialmente letales”, explicó el representante de la Oficina.

Pese a ello, Jarab señaló que continúa recibiendo información “sobre el uso indebido de estas armas por personal de Carabineros, en varios casos con consecuencias graves como trauma craneano o pérdida de la visión”. Añadió que durante la semana pasada una persona falleció “presuntamente a raíz de una actuación policial como esta, lo que debe ser esclarecido por la autoridad”.

Asimismo, destacó haber recibido informaciones y testimonios audiovisuales “sobre atropellos producidos por carros policiales y golpizas por parte de Carabineros, y en particular información de agresiones contra brigadas voluntarias de salud, periodistas, observadores de la sociedad civil e incluso del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

Recordó que, ante estas situaciones, es el Estado quien debe garantizar la protección de las personas que defienden los derechos humanos ya que contribuyen “a un ambiente propicio” para ejercer otros derechos.

“Con estos antecedentes, ONU Derechos Humanos insta a que se realicen investigaciones prontas y completas para establecer la participación o responsabilidad de agentes del Estado y sus líneas jerárquicas, así como determinar si se trata de patrones o conductas reiteradas en el actuar policial”, dijo.

Jarab añadió que el uso legal, proporcional y necesario de la fuerza solo puede estar justificado ante agresiones a policías o actos de vandalismo, pero no contra los individuos que ejercen su derecho a la protesta pacíficamente.

Centrar la situación a través de los derechos humanos

Entre las medidas urgentes de protección y prevención la Oficina contactó con múltiples interlocutores, entre ellos altas autoridades de todos los poderes del Estado,  y puso a su disposición la asesoría técnica y experiencia internacional de la Oficina para abordar la situación “desde un enfoque de derechos humanos”.

ONU Derechos Humanos recordó que la sociedad civil, las víctimas y sus familiares deben ocupar un rol central en la respuesta del Estado a las tensiones sociales.

“Como Oficina del Alto Comisionado tenemos el mandato de promover y proteger los derechos humanos, en Chile como en el resto de la región y en el mundo. Reiteramos nuestro compromiso de seguir cooperando con el Gobierno y con todos los actores relevantes para apoyar el desarrollo de legislación, políticas y planes armónicos con las normas de derechos humanos ratificadas por el Estado de Chile”, concluyó el representante.

El informe de 30 páginas fue elaborado por un equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dedicó tres semanas de noviembre a conocer la situación en Chile.

El documento detalla alegaciones de tortura, malos tratos, violencia sexual por parte de Carabineros y presuntas detenciones arbitrarias.

También presenta 21 recomendaciones como una hoja de ruta sostenible guiada por las normas de derechos humanos sobre cuestiones como el uso de la fuerza y la gestión adecuada de asambleas; investigación, acceso a la justicia y rendición de cuentas; fortalecimiento de capacidades, así como la participación y las causas profundas de las protestas.

*La Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH tiene sede en Santiago y trabaja con ocho países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

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