Proyecto de ley integral para personas trans es centro de debate de Transforma 2017.

“Esta edición de Transforma se centra en el proyecto de ley integral para personas trans y en los desafíos de cara a la próxima discusión parlamentaria, que apunta a un cambio significativo para esa población que sufre discriminación y estigmatización”, dijo Federico Graña, del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El censo realizado por esa cartera indicó que menos de mil personas se identifican como trans.

En Uruguay se avanzó en el reconocimiento del derecho a la identidad y en el acceso a la salud, sobre todo gracias al Ministerio de Salud Pública y a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, que han generado el acompañamiento en procesos de reasignación de sexo y las terapias, dijo Graña, director nacional de Promoción Sociocultural del Mides, a los periodistas reunidos este miércoles 20 en la sala Acuña de Figueroa del edificio anexo del Palacio Legislativo.

Graña informó que 937 personas se identificaron como población trans en el censo realizado el año pasado por el ministerio. Por eso, se debe seguir avanzando, pues hay datos que demuestran claramente el nivel de exclusión en el que viven estas personas, abundó. Entre ellos, citó que la edad promedio de abandono del hogar es entre los 14 y los 16 años y que el ingreso medio de hogares de las personas trans es de 7.300 pesos, monto que baja a 3.700 pesos cuando son mayores de 51 años.

El nivel de desocupación es del 30 % de los trans económicamente activos, mientras que el 65 % de los que trabajan ejercen el comercio sexual. El nivel educativo máximo alcanzado es de primaria y el 36 % solo cursó ciclo básico, mientras que otros no lo culminaron. “Los datos hablan de una historia de vida que está pautada por la discriminación que se basa solamente en el hecho de tener una identidad de género distinta a la del sexo biológico”, puntualizó.

Añadió que en el interior del país los números se repiten, con una única salida laboral que es el comercio sexual, razón por la cual esa población reside básicamente en el área metropolitana de Montevideo, en otras ciudades y cerca de las rutas nacionales.

El funcionario enfatizó que las políticas públicas que ofrece el Estado son de reconocimiento, como la ley de identidad de género, el apoyo a ingresar a las políticas públicas existentes para toda la población, donde se generan situaciones de exclusión que no están reglamentadas por la práctica concreta, además del uso de la Tarjeta Uruguay Social, ingreso de 900 pesos mensuales para todas las personas trans.

También el Estado trabaja hoy, y es el motivo de Transforma 2017, en la propuesta del proyecto de ley integral para personas trans, que analiza la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Senadores. Graña detalló que los elementos más importantes de ese proyecto apuestan a cambiar la ley de identidad de género, para que no sea judicial y sí un trámite administrativo, lo cual calificó como una demanda de la sociedad y de las asociaciones trans.

Además, el proyecto está centrado en la existencia de cupos en los llamados laborales y en las capacitaciones del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), lo cual sería un 1 % en la totalidad de los llamados de las instituciones públicas, apuesta a que haya más cupos en becas, con un 2 %, para así dar oportunidad de trabajar con las familias para tratar de abatir el abandono del hogar en edades adolescentes, y la reparación para aquellas personas trans mayores de 41 años que puedan constatar que han sido discriminadas por el Estado.

Graña enumeró también que hay cuotas de labor autoprotegida, como en los programas Uruguay Trabaja, del Mides, o Uruguay Estudia y Trabaja, así como a través de la ley de empleo juvenil, con el programa de primera experiencia laboral, los cuales apuestan a mejorar las situaciones existentes, en las cuales se visualiza una marcada exclusión, tales como el no uso de los espacios públicos de día por parte de los trans por miedo a recibir comentarios, actos de violencia o discriminación.

“El discurso que trata de ubicar a las personas trans en un lugar de comercio sexual o los malos hábitos es falso”, afirmó. En tal sentido, dijo que hay ejemplos que indican que cuando a la gente se le da la oportunidad y no se la excluye, realmente se desarrolla y puede estudiar o trabajar, y que las políticas de Estado se deben constituir en garantías de ese proceso.