Mortalidad materna bajó de 11 casos en 2015 a ocho en 2016 y un solo deceso por aborto en condiciones de riesgo.

Según la Organización Mundial de la Salud, Uruguay registra los indicadores más bajos de mortalidad materna de América Latina. Los casos se redujeron de 11 en 2015 a ocho en 2016, cinco de los cuales no se debieron a complicaciones vinculadas al embarazo, parto o puerperio, sino a patologías ya existentes. El año pasado hubo un solo fallecimiento por interrupción voluntaria del embarazo, pero realizada en clandestinidad.

De las ocho muertes del año pasado, según informó la subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, cinco casos se consideraron muertes indirectas (un 62 %), es decir, patologías sin relación con el embarazo, el parto o el puerperio (período de hasta 42 días luego del nacimiento del bebé). Se trataba de problemas preexistentes al embarazo: cardiopatías, virus de inmunodeficiencia humana (VIH), bocio u otros males que complicaron el embarazo, como neumonías.

“Después de Canadá y Estados Unidos, Uruguay es el primer país de América en este indicador”, indicó la jerarca en alusión a lo que indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lustemberg recordó que el país trabaja para reducir aún la tasa y las razones que desencadenan mortalidad materna. “La tendencia de descenso es clara y se consolida” insistió.

Asimismo, aseguró que la mortalidad materna por aborto en condiciones de riesgo (en forma clandestina) bajó sensiblemente en 2016, cuando se registró un solo caso por fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

En el país está vigente la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Tanto en el ámbito público como privado, funcionan servicios dedicados a salud sexual y reproductiva que garantizan la atención de las mujeres cuando deciden interrumpir su embarazo y están dadas las condiciones. “Esa muerte en 2016 por condiciones de clandestinidad nos llevó a reforzar la comunicación con la ciudadanía”, aclaró.

La jerarca ratificó el compromiso de las autoridades por el tema, destacó que la secretaría de Estado asigna presupuesto y define acciones, pero consideró imprescindible la labor mancomunada y la búsqueda de consensos.

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