Salud Pública advirtió que ofrecer dinero a un usuario para que cambie de mutualista es un delito.

El ministro Basso confirmó que febrero es el mes habilitado para cambiar de prestador. El procedimiento, denominado “movilidad regulada”, solo se habilita por ese período ya que hacerlo todo el año dificultaría el control de la “intermediación lucrativa”. El jerarca dijo que ofrecer dinero a un usuario para que cambie de institución es un delito. De confirmarse responsabilidad del prestador, este recibe una sanción económica.

El próximo febrero comienza el período conocido popularmente como "apertura del corralito mutual”, en que los usuarios del Sistema de Salud pueden cambiar de prestador. El último movimiento, en febrero de 2016, implicó modificaciones en el 3,9 % del total de usuarios.

En este contexto, las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) advirtieron que ofrecer dinero a cambio de la afiliación es un delito de “intermediación lucrativa”, lo que puede implicar procesamientos de personas y sanciones económicas a instituciones.

“Estamos avisando con tiempo. La Junta Nacional de Salud (Junasa) envió una nota a todos los prestadores, en la cual indica que hay normas legales que establecen que el pago para capturar socios no es una conducta que se pueda realizar”, indicó el ministro Jorge Basso, en conferencia de prensa junto al presidente de la Junasa, Arturo Echevarría. 

Asimismo, las instituciones de salud que decidan contratar los servicios de empresas para la captación de usuarios deben presentar testimonio o copia fiel del contrato ante la Junasa, así como el listado del personal que se desempeñe en la tarea, con detalle de nombre y documento de identidad de cada uno. Para ello, tienen un período de 20 días corridos a partir de recibida la notificación. 

Basso recordó que en 2016 el ministerio realizó varias denuncias penales y se concretaron tres procesamientos. “Las acciones judiciales continúan”, dijo. Explicó que en esa oportunidad se constató que comenzaron campañas de preafiliación o de precaptura de afiliados desde meses previos a febrero . 

“Vamos a usar todos los medios legales existentes. En este caso, estamos trabajando con el Ministerio del Interior, con Delitos Complejos, a los efectos de no tolerar que los dineros que todos aportamos al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y que están orientados a mejorar la calidad de la atención de los usuarios se destinen a estos fines, que están claramente establecidos como delitos”, puntualizó. 

El ministro recordó que las personas procesadas hasta ahora son aquellas cuya actuación quedó registrada en grabaciones que llegaron al ministerio. En este sentido, agregó que aquellas personas que deseen presentar denuncias pueden recurrir a la Junasa, a la Oficina de Atención al Usuario del MSP o a las Direcciones Departamentales de Salud.   . 

Basso aclaró que la decisión de definir un mes específico para la apertura del "corralito" se debe a que si se habilita todo el año, es más complejo el control de la "intermediación lucrativa". Sin perjuicio de eso, en determinadas condiciones es posible cambiar de prestador durante el resto del año. Esto se da, por ejemplo, en caso de cambios de domicilio, cuando el usuario desee asistirse mediante la Administración de Servicios de Salud del Estado o cuando se constate una relación inadecuada con un prestador.

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