Plan de Primera Infancia y Adolescencia busca reducir embarazos no intencionales y garantizar derechos.

El Consejo Nacional de Políticas Sociales visualiza como hoja de ruta para garantizar derechos con abordaje integral al Plan Nacional de Primera Infancia y Adolescencia, que incluye aspectos de salud reproductiva, como el alto índice de embarazo adolescente, de educación, vivienda, discapacidad y justicia, y el combate a la desigualdad y maltrato. “Es el compromiso de un Estado presente”, dijo la ministra Marina Arismendi.

A través de la Comisión de Primera Infancia y Adolescencia, el Consejo Nacional de Políticas Sociales presentó el Plan Nacional de Primera Infancia y Adolescencia 2016-2020, una síntesis del proceso de diálogo interinstitucional que congrega las planificaciones quinquenales de distintos organismos.

Salud, educación, vivienda, discapacidad, desigualdad, maltrato, privación de libertad, participación y aspectos judiciales son algunos de los puntos abordados en ese material, hecho público en un acto realizado este miércoles 23 en Torre Ejecutiva, encabezado por la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y la subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

También participaron la presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Marisa Lindner; su par de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz; y el titular del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto.

“No se trata de una publicación más”, advirtió Arismendi. “Es el compromiso de todas las instituciones que hacen al Estado presente, comprometido, cumpliendo su obligación y generando herramientas para que niños y adolescentes tengan la garantía de poder ejercer sus derechos”, dijo la ministra, tras destacar la búsqueda de la inclusión de la sociedad civil organizada después de “muchos años de Estado ausente” en el pasado.

Arismendi valoró que este plan como un compromiso del Estado con niños y adolescentes del país, y recordó que ellos no pueden esperar. Insistió en que la política “de cercanía” que desarrolla en este mandato de Tabaré Vázquez es una concepción del Gobierno y no una estrategia de comunicación.

Salud

En concordancia con Arismendi, Lustemberg sostuvo que el plan consolida una trayectoria de trabajo. Indicó que entre los desafíos que hay por delante y que el plan contempla en línea con los Objetivos Sanitarios Nacionales se encuentran mejorar los indicadores de mortalidad infantil y materna donde. Según la subsecretaria, hay avances “indiscutibles”.

En la misma línea, Muñiz aludió a los compromisos que el prestador público asume, como mejorar la calidad del embarazo y del trabajo de parto, eliminar la transmisión vertical del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y sífilis, reducir la prematurez, mejorar la atención con el Plan CAIF, así como avanzar en el control integral de la infancia con promoción en salud bucal y pesquisa de salud ocular. Enfatizó en la situación vinculada con el embarazo adolescentes. Al respecto, recordó que 45 % de chicas de 15 a 19 años son usuarias de ASSE y que 28 % de los partos que tienen lugar en ese prestador estatal son protagonizados por adolescentes.

Educación

Wilson Netto remarcó que el plan es resultado de un trabajo interinstitucional y lo definió como “un documento equilibrado, nutrido con un trabajo concreto”. “No hay suma de partes sino abordaje integral”, donde se debe poner a los niños y adolescentes por delante de las instituciones, puntualizó.

En el aspecto netamente educativo, Netto explicó que los diagnósticos son conocidos y las herramientas variadas. Habló del marco curricular, del paraguas de protección, de la universalización de cuatro y cinco años y de la ampliación de cobertura en tres, así como también de la universalización en primaria donde se logró que entre 450 y 500 niños que estaban fuera del sistema retomen sus estudios.

También se refirió al desafío instalado en educación media e hizo énfasis en la adecuación curricular que permite dejar de lado la educación uniforme para atender la individualidad.

Estado presente

“Es el Gobierno mirando a todos a los ojos”, sostuvo Arismendi, para luego asegurar que son las instituciones las que deben adecuarse a las personas y no al revés.

En tanto, Lindner consideró que el plan nace de la necesidad de priorizar el tema dentro de la política pública del país y se sustenta en los avances alcanzados en el período. Dijo que es necesario seguir consagrando esfuerzos y aunando el trabajo porque aún resta mucho para colocar el tema como prioridad.

“Hoy se posiciona en la agenda pública desde ‘el desvío’, por temas de seguridad y con visiones estereotipadas”, aseguró. Consideró necesario dar voz a niños y adolescentes.

En acuerdo con lo dicho por Arismendi, Lindner insistió en la necesaria readecuar la estructura de las instituciones en función de la realidad de niños y adolescentes. "Debe haber coherencia con el marco normativo y colocar a los niños como sujetos de derecho, lo que implica reposicionarse", sostuvo.

“Este tema trasciende lo instrumental de las políticas y requieren debate social y revisión de los marcos legislativos y normativos”, agregó.

“Debemos colocar la política de infancia en los procesos de desarrollo económico y social y hay que hacerse en este quinquenio, sin perder el horizonte de tender a políticas universales en primera infancia”, indicó.

“Tenemos indicadores que nos interpelan como sociedad”, dijo la presidenta del INAU, quien considera que no hay democracia plena si no se coloca a niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho, y con padres y familias que acompañen, cuiden y velen por su autonomía.