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Gobierno instauró comisión interinstitucional para unir criterios hacia el nuevo Código del Proceso Penal.

El Ministerio del Interior firmó un convenio con la Fiscalía General de la Nación y los poderes Legislativo y Judicial. El compromiso oficializa la instauración de una comisión interinstitucional en la órbita de la Presidencia de la República, que instrumentará acciones de cooperación y consensuará criterios para la puesta en funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal a partir del 16 de julio de 2017.


La comisión creada por este convenio funciona en la órbita de la Secretaría de la Presidencia de la República y está integrada por un representante y su respectivo suplente de las instituciones firmantes: Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación y los poderes Judicial y Poder Legislativo. También podrán ser invitados a integrarse a otros organismos e instituciones vinculadas a la materia.

En el acto, realizado el lunes 28 en la Torre Ejecutiva, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, indicó que “hace tiempo” que se discute sobre el nuevo código a nivel del Ejecutivo y Parlamento.

“Requiere ajustes y diálogo entre las partes porque las modificaciones estipuladas demandan seguir analizando. Por eso, es oportuno la creación de esta comisión que funcionará por un año con opción a una prórroga por el mismo tiempo”, expresó.  

El fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz, manifestó “que la comisión dará forma” a un trabajo conjunto de las diferentes instituciones públicas para llevar adelante la reforma, puesto que es un proceso que “no se da de un día para otro” y engloba aspectos procesales, jurídicos, culturales, análisis, corrección de normas legales, ajustes tecnológicos y reformas paralelas en cada parte integrante.

“De todas las instituciones presentes estamos comprometidos con la reforma, lo que posibilitará llegar a rápidos consensos a pesar que la tarea no es fácil”, afirmó.  

Por su parte, la senadora Lucía Topolansky reafirmó el compromiso de llevar adelante el análisis parlamentario porque es algo que la ciudadanía uruguaya “se lo debe hace mucho tiempo”.

Finalmente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, expresó que la conformación de la comisión refleja que todo el Estado está alineado con el propósito de que el 16 de julio comience a regir el nuevo código.  

Además advirtió en la necesidad de informar públicamente cuáles son las consecuencias de la reforma a la población, “porque necesariamente implica un cambio cultural y de roles en los ministerios públicos”. 

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