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Con el cierre de varios juzgados de paz de localidades pequeñas del interior del país se está afectando el acceso a la Justicia especialmente de la gente de bajos recursos, de los que menos tienen. La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) considera “grave” que por decisiones presupuestales se cercenen derechos.
En diálogo con el Portal del PIT-CNT, el dirigente de la AFJU, Carlos Fessler, reconoció que el anuncio de la Suprema Corte de Justicia, se enmarca en una realidad que vive el Poder Judicial “en todo el país” y que afecta a servicios, "distintos problemas de funcionamiento, insumos, servicios contratados” entre otros, a los que calificó como “problemas serios”. En este sentido, en la presente jornada se reunirán representantes de la Asociación con la división arquitectura del PJ por el funcionamiento de los ascensores. Fessler recordó que ya hubo un funcionario fallecido porque cayó en el pozo de un ascensor. “A nosotros esas cosas nos preocupan” aseguró.
El dirigente de la AFJU sostuvo que con el cierre de estos juzgados se afectan localidades con escasos servicios y donde el Estado “se va retirando”, lo que definió como un “retroceso”. Para la población afectada “la única posibilidad que le queda es subirse a un ómnibus y trasladarse a muchos kilómetros para acceder a un servicio del Poder Judicial”. Para Fessler, el que no tenga recursos va a ser el mayor perjudicado y las controversias las tendrán que solucionar “como en el lejano oeste, porque ya no habrá una instancia de mediación en esos conflictos”.
Los trabajadores mantuvieron una comunicación previa con la SCJ antes de salir a manifestarse ante la opinión pública para señalar la postura discrepante con el cierre de estos juzgados y entienden que la decisión responde a una señal política en respuesta a la situación presupuestal que afecta el normal funcionamiento del PJ.
“Nosotros sabíamos que estos problemas iban a aparecer, lo denunciamos durante nuestra lucha presupuestal durante el año 2015” enfatizó. “Son los problemas más visibles que empiezan a afectar a ciudadanos, aunque tal vez no sea tan visible para quien vive en Montevideo o en las grandes ciudades del interior, pero para esta gente, es un servicio más que se pierde”.
En este sentido, la AFJU entiende que hay que “poner un freno” y “hablarle al Gobierno”. Fessler aseguró que los trabajadores no están realizando una defensa “corporativa” sino realizando una alerta por el funcionamiento de los servicios de justicia. “Si no se entiende que hay que darle recursos al Poder Judicial la mano viene complicada y el año que viene va a estar muy complicado en el marco de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, con los recursos que el Poder Ejecutivo le otorgó al PJ”.
En este marco, los trabajadores plantean la necesidad de recursos para el PJ “porque sino no hay manera” del normal funcionamiento de los servicios. Incluso a pesar de haber mantenido discrepancias con la SCJ por la forma de administrar los recursos, ante este panorama actual, desde la AFJU se coincide en el reclamo presupuestal con las autoridades del PJ. “Tenemos notorias discrepancias con algunas medidas que están implementando donde muchas veces los trabajadores somos desconocidos, pero es algo que manejamos en otro ámbito y lo hemos denunciado. En relación al nuevo CPP la información escasea y se están tomando decisiones en grupos de trabajo donde los trabajadores en general no estamos representados”. Empero consideró que son temas de controversia “a la interna” del PJ en el entendido que desde la AFJU “apostamos a la construcción de una Justicia con todos los actores vinculados, en la discrepancia o en el acuerdo”. En cuanto a esta realidad, Fessler sostuvo en diálogo con el Portal que los trabajadores entienden que hay dos formas de abordar las acciones, “por convencimiento, por acuerdo y la otra forma es por imposición que es el camino que en principio ha tomado la Corte”. El dirigente reconoció que “no es el camino que deseamos sino que por el contrario queremos participar activamente y no solo escuchando”. Asimismo, insistió en la mirada coincidente con la SCJ en que con los recursos que se le asignaron al PJ se afecta el normal funcionamiento “pero tenemos discrepancias en la gestión de la Corte y eso lo vamos a señalar” concluyó.
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