Funcionarios corruptos son procesados rigurosamente en Uruguay.

El Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann indica que los poderes en Uruguay están bien divididas.

En Uruguay existe una clara división de funciones entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que desarrollan controles recíprocos de tal modo que los conflictos entre poderes son inusuales y se resuelven de acuerdo a la Constitución de la República. Así lo revela el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann (BTI) que abarca el período comprendido entre febrero de 2013 y enero de 2015. 

El mencionado organismo analiza y evalúa la calidad de la democracia, la economía de mercado y la gestión política en 129 países en desarrollo y en transición. Mide éxitos y retrocesos en el camino hacia una democracia basada en el Estado de Derecho y la economía de mercado socialmente responsable.

Con referencia a nuestro país, el informe establece que "no existen instituciones informales significativas que puedan perjudicar a la separación de poderes o el estado de derecho como tal, y también hay una tradición de democracia delegativa en Uruguay".

Y se añade que "el Poder Judicial es totalmente independiente del Poder Ejecutivo y capaz de llevar a cabo su función".

"El sistema de justicia es más bien profesionalizado y diferenciado", lo que se refuerza recordando que "el Barómetro de las Américas 2012 informa que el 58% de los ciudadanos confía en la Suprema Corte de Justicia y el 53% confía en el sistema de justicia. Por otra parte el 49% de los ciudadanos cree que los tribunales garantizan un juicio justo".

"Funcionarios que violan la ley y se dedican a la corrupción son procesados rigurosamente bajo las leyes establecidas" puntualiza el informe.

"En términos generales, Uruguay tiene bajos niveles de corrupción, a pesar de que algunos escándalos ocurren", y se mencionan a continuación, a vía de ejemplo, las derivaciones del caso Pluna.