Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente aplica nuevo programa nacional de seguridad

Un grupo de seguridad para centros de menores debe adherir a los principios de la Constitución, al Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Convención de los Derechos del Niño, señaló la directora del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Gabriela Fulco, en referencia al nuevo Programa Nacional de Seguridad del área, conformado por 40 funcionarios que realizaron de mayo a diciembre una intensa capacitación. 

Fulco dijo que la creación de este cuerpo de seguridad para los centros de privación de libertad de niños y adolescentes constituye un paso importante en Uruguay desde el punto de vista cualitativo para la mejora continua de la gestión. Destacó que la preparación de los 40 funcionarios que lo integran hasta ahora demandó varios meses.

Para la aplicación de un nuevo sistema de seguridad se tomaron en cuenta modelos de buenas prácticas de centros de privación de libertad, ubicados fuera de Uruguay, para menores en el marco de la protección integral de los derechos de los adolescentes, indicó.

También se utilizaron técnicas y tácticas de control para la reducción o intervención en eventos de crisis, que tienden a proteger tanto a los internos como a los adolescentes.

A partir de 2016 se podrán integrar al Sirpa un promedio de 200 funcionarios, parte de los cuales trabajarán en áreas de seguridad, técnicas, administrativas y demás necesidades funcionales que tiene el sistema.

Los funcionarios seleccionados para esta tarea por procedimientos adecuados deberán poseer aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y, además, recibirán capacitación profesional continua y completa.

La directora del Sirpa explicó que los funcionarios que ya estaban en el área seguridad también recibieron capacitación y un reciclaje que es necesario a lo largo de la actual gestión de acuerdo a un modelo de buenas prácticas que está en desarrollo.

Agregó que un grupo de seguridad en un centro de privación de libertad de menores debe adherir a los principios de la Constitución de la República, a los contemplados en el Código de la Niñez y la Adolescencia, a la Convención de los Derechos del Niño y a la extensa lista de compromisos asumidos internacionalmente por Uruguay en materia de protección de los derechos humanos en cuanto a los adolescentes privados de libertad.

Las medidas de seguridad son inherentes a las disposiciones emanadas por la justicia, indicó la funcionaria. Añadió que de acuerdo al Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el desempeño de sus tareas se deben respetar y proteger la dignidad humana y mantener y defender los derechos humanos de todas las personas.

Enfatizó que ningún funcionario podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales como justificación.

Fulco destacó que los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el uso de la fuerza se aplicará en sintonía con los principios de las reglas mínimas de la Organización de las Naciones Unidas.

"El empleo de la fuerza por los funcionarios debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos; y deberán usar equipo protector, escudos, cascos, chalecos, y antes de la aplicar medidas de fuerza, utilizarán en la medida de lo posible el diálogo, la negociación, y la mediación", dijo.

La directora del Sirpa entiende que la seguridad es un insumo más para el desarrollo de los programas de tratamiento de carácter integral. De esta forma se trata de trabajar en forma coordinada para lograr y mantener un equilibrio en función de la rehabilitación o prevención terciaria del delito.

Solicitó a ese nuevo cuerpo de seguridad que tenga en cuenta que la franja poblacional del Sirpa está compuesta por niños y adolescentes de entre 13 y 18 años, en pleno proceso de formación y desarrollo.

“Tengamos en cuenta que, si la etapa de la adolescencia es en general compleja y esta complejidad imbuida de tantos cambios se acepta como normal, aquí se agrega el plus de inconductas penalmente tipificadas como delitos y su consecuencia que es la privación de libertad”.

También puntualizó que “cada uno de nosotros puede ser un modelo alternativo de identificación positiva para quienes les ha faltado”.

“Tengamos una actitud empática, seamos rigurosos y consecuentes con el estudio y la formación, apoyemos el trabajo en equipo, revisemos nuestras prácticas y brindemos un servicio de calidad”, apuntó.