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En el marco de la II Reunión Extraordinaria del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas realizada en Montevideo, los estados integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) elaboraron un documento conjunto para presentar ante la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS 2016). En 23 puntos, Unasur delineó la posición del bloque en relación a esta problemática.
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, remarcó durante el evento su convencimiento de que “se debe descentrar el tema de las sustancias y colocar al ser humano dentro de su comunidad y como centro de las preocupaciones” y agregó que esta problemática debe ubicarse dentro de una perspectiva más amplia y comprensiva.
Romani explicó que el consumo de sustancias también genera implicancias “en aquellos hombres y mujeres que viven en vulnerabilidad social, con falta de trabajo, pocas oportunidades, marginación social y cultural, que torna mucho más difícil esta problemática”.
En este sentido, señaló que “en términos de seguridad ciudadana es evidente y elocuente que las organizaciones criminales son multinacionales que funcionan bajo la lógica empresarial que gira en varios rubros, no solo en el de las drogas”.
“Debemos ser muy fuertes con el crimen organizado que tiene conexión con las drogas y también con el lavado de dinero dentro y fuera de la región, si no, no vamos a estar entendiendo ni pudiendo abordar con amplitud y profundidad este tema”. "Por lo tanto, cuando hablo de descentramiento, no estoy hablando de que nos desentendamos, sino de que tengamos una visión más comprensiva que nos permita ser más eficaces y eficientes", advirtió.
"Insisto en este tema porque el mandato para este Consejo surgió de la III Cumbre de Jefes de Estado de la Unasur, celebrada en Bariloche en el año 2009”, manifestó Romani, y explicó que en esa instancia se definió a nuestra región como "zona de paz" y que, en un análisis crítico, se decidió asumir el compromiso de no poseer misiones, tropas ni equipos militares que actúen bajo pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
"Este documento —añadió el jerarca— es la posición regional común para llevar ante la Asamblea General de Naciones Unidas en abril de 2016 en Nueva York", y recordó que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki- Moon, solicitó a los miembros que consideren todas las opciones posibles acerca del tema de las drogas con el fin de que puedan debatir y propiciar un diálogo inclusivo.
En este sentido, explicó: “El proceso que transita y ha transitado el grupo ad hoc reafirma este principio de unidad en la diversidad, porque si no se toman en cuenta las singularidades de cada estado y de sus institucionalidades culturales para enfrentar el problema de las drogas, vamos a estar aplicando una regla común para todos que no dará resultados y sólo servirá para copiar modelos perimidos que han demostrado sus carencias”.
Algunos ejes del documento
Según valoró el funcionario, el documento suscripto esta semana en Montevideo considera al ser humano en el centro de las políticas de drogas; los estados miembros de Unasur manifiestan su compromiso para abordar el problema mundial de las drogas, de conformidad con los derechos humanos, en el marco de las tres convenciones internacionales sobre drogas, el derecho internacional público, la carta de Naciones Unidas, entre otros.
Agregó que estos estados reconocen la necesidad de fortalecer las estrategias para prevenir, detectar y sancionar la corrupción como una herramienta complementaria para combatir el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, así como garantizar el acceso a sustancias controladas para usos médicos y científicos de conformidad con las legislaciones nacionales y las tres convenciones internacionales en materia de control de estupefacientes.
En el mismo sentido, puntualizó que en atención a un enfoque territorial de las políticas de drogas, afirman que deben considerar los factores económicos y sociales que fomentan y mantienen el problema mundial de las drogas, lo que requiere considerar un enfoque territorial vinculado estrechamente con las políticas de desarrollo.
En el capítulo dedicado a la reducción de daños, se señala que el consumo de drogas es un problema social cuyas consecuencias más perjudiciales se manifiestan principalmente en los sectores juveniles más vulnerables. Y agrega que resulta necesario reforzar los programas de prevención universal, selectiva e indicada en los ámbitos escolar, familiar y laboral.
En relación al control de la oferta, se sostiene que se deben adoptar medidas para fortalecer la coordinación y cooperación entre organismos policiales, de investigación y judiciales en la persecución efectiva del crimen organizado, a fin de optimizar los recursos que invierten los Estados.
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