Poder Ejecutivo envió al Parlamento proyecto de ley sobre gas natural

El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió esta semana al Parlamento contiene 6 capítulos que tratan sobre la importación, el almacenamiento, la licuefacción, la regasificación, el transporte, la distribución, la comercialización y la exportación de gas natural. El proyecto crea la Comisión del Gas Natural como órgano desconcentrado del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que será integrada por MIEM, ANCAP y UTE.

En la exposición de motivos se menciona que el desarrollo del gas natural en la matriz energética nacional permitirá ampliar la soberanía e independencia energética en un marco de integración regional.

También se expresa que el gas natural es un combustible limpio debido a que su combustión produce menor cantidad de emisiones gaseosas que la quema de otros combustibles fósiles. 

En tal sentido se valora el uso doméstico del gas natural en los hogares diciendo que es de utilidad para la cocción de los alimentos, calefacción y calentamiento de agua, con aplicación también en la industria y en el sector comercial para generación de vapor y calor directo, así como en la generación de energía eléctrica y en el sector transporte.

Asimismo se expresa que otro de los motivos de este proyecto es que el gas natural para la generación de energía eléctrica implica un ahorro respecto a la generación a partir de combustibles derivados del petróleo.

El proyecto da cuenta de la necesidad de una revisión y actualización de la normativa aplicable en cuanto al gas natural en Uruguay, “que actualmente se encuentra dispersa en múltiples normas, de diferente rango jerárquico cuya falta de sistematización hace difícil su análisis, encontrando artículos o disposiciones en diversas normas que se encuentran derogados tácitamente, que representan inconsistencias, etc ”.

La iniciativa pretende la definición de roles de cada uno de los involucrados en el mercado del gas natural y en consecuencia propone un régimen de exclusividad a favor del Estado para algunas actividades (importación, comercialización y exportación), servicio público (transporte y distribución) para otra parte; e interés público para otra (suministro de Gas Natural Comprimido a usuario final).

Asimismo se entiende que en aplicación de una política energética de largo plazo aprobada en agosto de 2008 por el Poder Ejecutivo y en 2010 por la Comisión Multipartidaria de Energía, con el aval de los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria, es que se aplica una política energética que tiene la necesidad de un marco normativo adecuado al futuro desarrollo nacional, como es usual en materia regulatoria a nivel mundial.