Gobierno solicita que se apruebe acuerdo de asistencia jurídica con El Salvador

El Poder Ejecutivo envío a consideración del Parlamento el proyecto que aprueba el acuerdo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre Uruguay y El Salvador. La asistencia consiste en notificación de actos procesales; recepción y producción de pruebas, bienes o lugares; localización o identificación de personas y objetos; medidas cautelares sobre bienes, incautación, transferencia de bienes decomisados, entre otras.

“El presente acuerdo tiene por finalidad únicamente la asistencia jurídica por lo tanto las disposiciones no generarán derecho alguno a favor de los particulares en cuanto a la obtención, eliminación o exclusión de pruebas o a la obstaculización en el cumplimiento de una solicitud”, subraya el primer artículo de los veintinueve que completan dicho acuerdo que consta de cuatro capítulos.

Subraya que se prestará asistencia para la investigación de delitos previstos en la legislación nacional de las partes, así como para la cooperación en procedimientos judiciales relacionados con asuntos penales.

La asistencia podrá consistir en notificación de actos procesales; recepción y producción de pruebas tales como testimonio o declaraciones, pericias y examen de personas, bienes o lugares; localización o identificación de personas y objetos; medidas cautelares sobre bienes, incautación, transferencia de bienes decomisados, entre otras.

El texto manifiesta que el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador son los órganos centrales del acuerdo.

El articulado específica las limitaciones al alcance de asistencia, forma y control de la solicitud, ley aplicable, debido proceso y garantías, diligenciamiento, aplazamiento o condiciones para el cumplimiento, carácter confidencial, información sobre cumplimiento, limitaciones al empleo de la información o prueba obtenida, costos, notificación, entrega de documentos oficiales, devolución, testimonio de la parte requerida y requirente, traslado de personas, medidas cautelares, entre otras.

El proyecto fue enviado el 17 de junio con las firmas del Presidente de la República, Tabaré Vázquez y los ministros de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa; y Educación y Cultura, María Julia Muñoz.