Municipios canarios firmaron acuerdo con Oficina de Supervisión de Libertad Asistida

Los Municipios de Canelones, Ciudad de la Costa y Parque del Plata, firmaron convenios con la Unidad especializada Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), acerca de la Ley de faltas y el seguimiento de la aplicación de medidas alternativas a la prisión. Próximamente se sumarán a este convenio los Municipios de Barros Blancos y Las Piedras.


A través de estos convenios los municipios trabajarán en forma conjunta con el INR, a través de OSLA y con los oficiales de enlace (dependientes de las jefaturas de cada Municipio) para el control del cumplimiento de las medidas alternativas a la prisión (trabajo comunitario).

De la firma participaron el Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Insp. ® Luis Mendoza; la Dra. Sandra Alonso, Directora Interina de la Unidad especializada Oficina de supervisión de Libertad Asistida (OSLA); la Alcaldesa de Canelones, Mtra. Mabel Curbelo; el Alcalde de Ciudad de la Costa, Omar Rodríguez, y el Alcalde de Parque del Plata, Julio

López. En próximos días se sumarán a este convenio los Municipios de Barros Blancos y Las Piedras.

Además estuvieron presentes el Crio. Jorge Campos, de Seccional 7ma Pando; Crio.

Roberto Elizalde, de Seccional 24ta Parque del Plata; Crio. Héctor González, de Seccional 27ma de El Pinar (Ciudad de la Costa); Crio. Marcos Aranda, de Seccional 4ta de Las Piedras y Crio. Hebel Ferreira, Seccional 1ª de Canelones.

La Dra. Sandra Alonso, Directora (i) de la Unidad especializada Oficina de supervisión de Libertad Asistida (OSLA), explicó que esta Unidad, que está trabajando desde 2010, firma convenios con instituciones públicas y privadas para dar cumplimiento efectivo a las sentencias dadas por los jueces en todo el país.

“En el día de hoy estamos firmando un convenio con los Alcaldes del departamento de Canelones con quienes venimos trabajando en forma muy fuerte. Ya tenemos treinta personas que han pasado por nuestro sistema en distintas localidades, algunos ya han cumplido su medida, otros están por terminarla, hoy formalmente firmamos el convenio que hemos probado ha sido muy fructífero para ambas partes”, señaló.

Alonso comentó que por razones de distancia se ha visto que “es muy favorable” que los ciudadanos cumplan el trabajo comunitario cerca de su domicilio. “Canelones es un departamento muy grande, donde las distancias son muy importantes, por lo tanto estamos trabajando con distintos oficiales de enlace y con los Alcaldes para poder efectivamente trabajar en esos lugares”, dijo.

Alonso explicó que OSLA a través del oficial de enlace hará las coordinaciones necesarias para que este oficial se comunique con un referente que designe el alcalde de cada lugar quien controlará las tareas comunitarias e informará si efectivamente se cumplieron y en qué condiciones y OSLA informará a los jueces.

Por su parte, el Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Insp. ® Luis Mendoza, manifestó que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva son de gran importancia a la hora de combatir el hacinamiento carcelario. “Esto es importante como forma de descongestionar la población carcelaria. La Justicia dispone que ciertos delitos en vez de tener prisión preventiva, se les ponga un trabajo comunitario o prisión domiciliaria y eso favorece al sistema carcelario para que no haya superpoblación”, expresó.

Omar Rodríguez, Alcalde de Ciudad de la Costa, señaló que se trata de un convenio “muy importante” ya que reconoce la descentralización y permite rehabilitar a aquellas personas que cometen un error y que tienen que pagar una pena.

“Creemos que la persona que comete una falta, un error, debe pagar y una forma de pagar es brindar un servicio a la sociedad. Me gustó mucho lo que se habló de que son beneficiarios porque se les da la oportunidad de saldar el error o el delito cometido”, expuso.

Mabel Curbelo, Alcaldesa de Canelones, expresó que este convenio es una “etapa muy importante”, un hecho “muy positivo” que les brinda herramientas para ordenar el territorio.

“Nos permite articular algunas acciones y empezar a dar muestras dentro de la comunidad de que realmente hay una intención de educación en algunos hechos que no son de la gravedad de prisión pero que si necesitan una rehabilitación”, dijo.

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