Apuntan a Nopitsch por acuerdo con Vidaplan S.A.

El ex director de Casinos del Estado, Fernando Nopitsch, aparece seriamente comprometido en el negocio que permitió a la empresa Vidaplan S.A. ser favorecida con el pago de un millonario arrendamiento por parte del Estado y la explotación mixta del Casino Nogaró, en Punta del Este. Así lo indica este viernes un vasto informe del semanario Brecha, que además lo acusa de respaldar un certificado notarial falso que se usó para cerrar el acuerdo con la empresa privada.

La publicación afirma que Nopitsch ocultó ante el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Economía documentos técnicos y jurídicos que se oponían a la adjudicación directa a Vidaplan S.A. para la explotación de la sala de juego del hotel Mantra.

En su informe, el periodista Walter Pernas también afirma que Nopitsch echó al contador Diego Rosa, gerente del Área de Administración Financiera de la DGC, porque se negó a pagar un arrendamiento de $ 11.254.728 a los hermanos Jorge y Armando Sagasti -propietarios de la sala- desde el 1º de enero de 2008 al 26 de marzo de 2009. El funcionario alegó que ya Vidaplan S.A había pagado el arrendamiento, según constaba en el contrato firmado entre ellos en 2008, pero Nopitsch lo echó “sin más vueltas”.

También hizo a un lado al abogado Fernando Magnífico, de la división Jurídica de la DGC, quien en diferentes documentos reprobaba el negocio y advertía, por ejemplo, sobre “la falsedad” de una certificación que Vidaplan S.A había presentado al Ministerio de Economía. En consecuencia, Magnífico fue enviado por Nopitsch a “atender el teléfono” en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Finalmente el abogado recurrió la decisión ante el TCA, que finalmente le dio la razón y lo restituyó en su cargo hace dos meses, indica el informe.

Añade que el Estado comenzó a pagar a Vidaplan unos 80 millones de pesos por año, lo que representa un canon ocho veces superior al pago a los Sagasti, y “autoridades como Javier Chá no muestran reparos con el funcionamiento del acuerdo.

“La Justicia detectó la falta de control del Estado sobre si efectivamente la sociedad anónima beneficiada invirtió los 18 millones de dólares que prometió desembolsar, y halló una diferencia de 40% a favor del inversor en el canon que Casinos debió pagar”, concluye.

Con el asesoramiento del abogado Augusto Durán Martínez y la firma del empresario Jorge de León Meneses –representante de Vidaplan S.A- la empresa presentó el certificado notarial que luego cuestionaría Magnífico. Ambos han declarado en la causa judicial que estuvo a cargo de la jueza Graciela Gatti. La investigación está ahora en manos del fiscal del crimen organizado, Juan Bautista Gómez, y el juez Néstor Valletti, nombrado en lugar de Gatti.

FM Gente